EMPRESAS ESPAÑOLAS // EL DESEMBARCO DE MULTINACIONALES ESPAÑOLAS EN COLOMBIA Y SUS DAÑOS COLATERALES
Las multinacionales que apagan Colombia

Desde 1996, Colombia es un destino disputado por
las multinacionales. La mezcla de recursos naturales y
represión de las reclamaciones laborales y sociales la
convierten en un lugar ideal para la inversión española.

06/03/08 · 0:00
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RENTABILIDAD. Muchos de los colombianos pagan tanto de electricidad como en España, con sueldos cerca de cuatro veces inferiores.

Prácticamente todas las grandes
multinacionales españolas tienen
negocios en Colombia: Repsol
YPF, Cepsa y Gas Natural, en el terreno
de los hidrocarburos; Unión
Fenosa y Endesa, en el sector de la
electricidad; Ferrovial y ACS, en el
campo de la construcción; BBVA y
Santander entre los bancos más
poderosos del país; Telefónica, con
una posición de fuerza en el sector
de la telefonía fija y móvil; Prisa y
Planeta, a la cabeza de los medios
de comunicación más importantes;
además de otras empresas como
Aguas de Barcelona, Sanitas, Prosegur
y Mapfre. Las filiales de estas
compañías se encuentran entre
las mayores corporaciones transnacionales
que operan en el país:
tanto es así que Endesa es la cuarta
mayor corporación multinacional
de Colombia y Unión Fenosa
es la novena.

Esta masiva presencia de empresas
españolas apenas tiene una década
de existencia. Porque sólo empezaron
a tomarse en serio la posibilidad
de invertir en Colombia a partir
del año 1996, cuando el BBVA adquirió
el 40% del Banco Ganadero. Y
fue en los años sucesivos cuando se
produjo el desembarco del resto de
grandes compañías: en 1997, Endesa
compró la Empresa de Energía de
Bogotá. Ese mismo año, Gas Natural
se introdujo en el país al comprar la
empresa estatal del mismo nombre,
y el Banco Santander si hizo con más
de la mitad de las acciones del Banco
Comercial Antioqueño. Posteriormente,
en 2000, le llegó el turno a
Unión Fenosa, que entró en el sector
de la electricidad adquiriendo las
distribuidoras Electrocosta y Electricaribe
y la compañía EPSA. Aunque
las adquisiciones sufrieron un parón
con la crisis que tuvo lugar en toda
América Latina en 2001, en los últimos
años estas inversiones han vuelto
al país con fuerza: el BBVA compró
en 2005 el banco Granahorrar,
de propiedad estatal, mientras Telefónica
absorbió la empresa pública
Telecom en el año 2006. En resumidas
cuentas, se puede observar que
el Estado español, que ha sido el segundo
mayor inversor en Colombia
en la última década, ha concentrado
sus inversiones en dos sectores: la
energía (45% del total de la Inversión
Extranjera Directa –IED– española
entre 1992 y 2005) y los servicios financieros
(43%).

Liberalización y privatización

Hasta la década de los ‘90, eran el
petróleo y los recursos naturales los
que habían monopolizado el interés
de los capitales transnacionales que
llegaban a Colombia. Después, la
privatización y la liberalización del
sector eléctrico sirvieron para aumentar
hasta niveles récord las entradas
de inversión foránea a finales
de los años ‘90: entre 1996 y 2003,
los servicios concentraron el 70% de
los flujos de IED en el país. Y en la
actualidad se desarrolla la tercera
oleada de inversiones en el sector
energético, en la cual de nuevo son
el petróleo y, en menor medida, el
carbón y el gas los que atraen a las
multinacionales extranjeras.

Pero, a pesar de la propaganda
oficial, la masiva llegada de capitales
transnacionales a Colombia,
a imagen y semejanza de lo que ha
sucedido en América Latina, no ha
traído de la mano el progreso y el
bienestar que se prometía con las
reformas neoliberales. De hecho,
al comparar el crecimiento de los
flujos de IED con la tasa de desempleo
y los niveles de pobreza y
desigualdad, se observa que los
supuestos beneficios sociales que
llevan asociadas las inversiones
extranjeras no aparecen por ningún
lado. Y lo mismo sucede con
la imagen de seguridad para las inversiones
que se está proyectando
internacionalmente. Un ejemplo
de ello son declaraciones como la
del presidente del BBVA en Colombia:
“además de poseer una
democracia sólida, el actual Gobierno
está firmemente comprometido
con la reinstauración de la
paz interna. Colombia es un país
muy atractivo, con una economía
importante y un potencial de crecimiento
enorme”. Esta imagen ha
valido para que la IED que llegó al
país entre 1995 y 2005 se multiplicara
por diez y para que, en 2005,
Colombia alcanzara el valor de inversión
extranjera más alta de su
historia, pero no para que mejorara
la situación del conflicto social
y armado más antiguo de todo el
continente. Colombia es el segundo
país del planeta con un mayor
número de desplazados internos
y, en las cuatro últimas décadas
del siglo pasado, ha sido escenario
de la comisión de más de 40.000
casos de crímenes de lesa humanidad,
cosa que no ha cambiado con
el Gobierno de Álvaro Uribe: entre
2002 y 2006, 11.282 personas fueron
asesinadas o desaparecieron
en Colombia por causas sociopolíticas
(una media de 7,8 personas
diarias) y las detenciones arbitrarias
se convirtieron en una práctica
generalizada.

En definitiva, se trata de un calco
de las mismas dinámicas que se
desarrollaron en otros países de
América Latina a la hora de poner
en marcha las políticas neoliberales.
Eso sí, con un detalle añadido:
la inclusión de Colombia en los procesos
de globalización económica
se ha llevado a cabo en un contexto
de violencia estatal y paraestatal,
del cual las empresas transnacionales
no sólo no se han desmarcado,
sino que se han aprovechado
para desarrollar sus actividades.

Los impactos de Repsol
_ En Colombia, las principales
operaciones de Repsol se
encuentran en el departamento
de Arauca, fronterizo con
Venezuela. Esta región representa
un caso paradigmático
de lo que significan las actividades
de las multinacionales:
tras más de 20 años de explotación
petrolera, Arauca ha
sido testigo de las consecuencias
sociales, ambientales y
culturales que han tenido las
operaciones de las compañía
Repsol y de su socia estadounidense
Occidental (Oxy). Los
principales impactos han sido:
1. Sobre los derechos humanos:
Repsol ha adquirido una
corresponsabilidad en crímenes
de lesa humanidad al prestar
apoyo al Ejército de EE UU y
financiar a unidades militares
que acumulan denuncias en
materia de derechos humanos.
En 2005, Repsol comenzó a
producir petróleo en Capachos,
justo después de que en
la zona aledaña al pozo hubiera
un auge del paramilitarismo
y se incrementaran enormemente
los crímenes contra la
población civil y los desplazamientos
forzados.
2. Sobre los pueblos indígenas:
Repsol está llevando a
cabo proyectos de exploración
y explotación petrolera
en áreas que coinciden con
territorios indígenas u'was y
guahibos.
3. Sobre el medio ambiente:
Las operaciones de Repsol y
Oxy en el campo Caño Limón
han supuesto la desaparición
de la Laguna de Lipa y la
modificación del ecosistema
hídrico de la región.

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Los impactos de Unión Fenosa
_ Unión Fenosa es responsable
de la distribución eléctrica en
siete departamentos de la
Costa del Caribe y en dos del
Suroccidente. Desde que se
hizo con las empresas Electrocosta,
Electricaribe y
EPSA, Unión Fenosa puso en
marcha una agresiva estrategia
para amortizar sus inversiones,
con las siguientes
consecuencias:
1. Sobre los derechos laborales
y sindicales: Reducción
salarial, debilitamiento de los
sindicatos y externalización
de tareas. Además, se da el
hecho de que, desde la privatización,
los grupos paramilitares
han asesinado a 27
líderes sociales en la Costa
del Caribe.
2. Sobre las tarifas eléctricas:
En el año 2002, una
familia empobrecida del
departamento de Atlántico
tenía que destinar la mitad de
sus ingresos, ya de por sí
bajos, al pago de la factura de
la luz. Hoy, una familia que
viva en Montería paga lo
mismo por la electricidad que
una que resida en Madrid,
cuando existe una diferencia
de cuatro veces en el salario
mínimo entre uno y otro lugar.
3. Sobre la calidad del servicio:
Se han dado reposiciones
irregulares de contadores,
sobrefacturación, cortes masivos
de luz como forma de
racionamiento y una carencia
de atención en las zonas rurales.
Además, ha creado una
empresa llamada Energía
Social, con los objetivos no
declarados de desmantelar
las movilizaciones sociales y
dejar la gestión del servicio
eléctrico en manos de la propia
población.

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