PANORAMA // LOS ORGANIZACIONES SOCIALES DEMANDAN REFORMAS URGENTES
Movimientos sociales en Paraguay: entre la duda y la esperanza

La campaña electoral y el triunfo de Lugo han dado un
nuevo impulso a los movimientos, que ven más cerca la
realización de sus demandas. Sin embargo, la composición
del Gobierno y del Congreso no invita al entusiasmo.

30/10/08 · 0:00
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CAMPAÑA ELECTORAL. Fernando Lugo abandonó los hábitos eclesiásticos para poder presentarse a las elecciones presidenciales.

JON SANZ LANDALUZE

La llegada al poder de Fernando
Lugo ha despertado las esperanzas
de cambio en un país (ver DIAGONAL
nº 75) en el que la pobreza alcanza
a la mitad de la población, en
el que el acceso a la sanidad y a la
educación, lejos de ser un derecho,
es un privilegio de una minoría; con
un porcentaje de desempleo cercano
al 11% y donde la concentración
de la propiedad de la tierra (el 80%
está en manos del 2,5% de la población)
provoca el traslado de 90.000
personas por año del campo a la
ciudad. Éxodo que se suma a la migración
al exterior, estimada en
440.251 personas en el año 2007, el
10% con destino al Estado español.
La candidatura de Lugo, la Alianza
Patriótica para el Cambio, al igual
que en el triunfo electoral del actual
presidente brasileño Lula en 2003,
ha sido consecuencia de una extraña
coalición electoral donde compartían
cartel partidos de la derecha más
clásica como el Partido Liberal Radical
(PLR), sectores de la izquierda
urbana del Partido del Movimiento
al Socialismo (P-MAS), representantes
de los campesinos del Tekojoja o
partidos de centro como País Solidario,
de Rafael Filizzola. El deseo
de expulsar del poder a un partido,
el Colorado, que se había mantenido
en el poder absoluto durante seis décadas
era el pegamento que unía esta
disparidad ideológica.

De tal candidatura, tal Gobierno
El Gobierno de Lugo está formado
por una amalgama que representa
a todo este espectro de partidos, con
un especial peso para el Partido Liberal:
en las elecciones al Senado y
al Congreso, que se realizaron simultáneamente
a las presidenciales,
este partido ha sido el segundo
en representación, por detrás del
omnipresente Partido Colorado.
Los liberales, el eterno partido de la
oposición, ocupan ministerios con
abultado presupuesto: Hacienda,
Industria y Comercio, Obras públicas
y Comunicaciones, y Agricultura
y Ganadería. Para los partidos
de izquierda han quedado los ministerios
más relacionados con lo
social: Ambiente, Mujer, Salud Pública
y Acción Social (ocupados por
Tekojoja), o el Ministerio de Emergencia
Nacional, ocupado por Camilo
Soares, del P-MAS. De todos
estos partidos de izquierda que estaban
dentro de la coalición por la
que se presentaba Lugo, solo Tekojoja
sacó representación al Senado
y Congreso con un solo senador,
frente a los 14 que sacó el Partido
Liberal Radical o los 15 que sacó el
Partido Colorado.

La composición del Gobierno hace
“muy complicado que se pueda
tener esperanza de un cambio radical
por el lado del Gobierno”, afirma
Ernesto Benítez, candidato de
Convergencia Popular Socialista.
Este sentir, compartido por gran
parte de la izquierda alternativa, le
da especial relevancia a la sociedad
civil paraguaya y a los movimientos
sociales, que pueden jugar un papel
protagonista en estos momentos. Y
así lo reconocen la mayoría de movimientos
sociales y en especial los
campesinos, que saben que “tienen
que seguir presionando al poder a
través de movilizaciones y ocupaciones
y que la ansiada reforma
agraria todavía está lejos”, continúa
Benítez. El asesinato de líder campesino
Bienvenido Melgarejo el 3
de octubre pasado a manos de la
Policía Nacional durante una ocupación
de tierras en el Estado de
Alto Paraná es una muestra más de
las dinámicas de represión en el
campo: más de cien campesinos
fueron asesinados entre 1985 y
2005.

Monocultivo de la pobreza

El campo vive, desde hace diez
años, un incremento de la implantación
de los monocultivos dedicados
a la exportación, con la compra de
miles de hectáreas por parte de extranjeros,
principalmente brasileños,
que encuentran la tierra paraguaya
más barata que la de su país.
El año pasado se plantaron 2,8 millones
de hectáreas (el 60% de las
tierras cultivadas) de soja, la mayoría
transgénica, convirtiéndose en
el cuarto exportador mundial detrás
de Estados Unidos, Brasil y
Argentina. Los terratenientes, asociados
a las grandes multinacionales
(Monsanto, Cargill…) han
encontrado en este país, con sus laxas
leyes medioambientales, la corrupción
y la mano de obra barata,
el lugar perfecto para una producción
para la exportación que les reporta
ingentes cantidades de dinero.

Para los campesinos en cambio
sólo significa la perdida de sus tierras
y la contaminación del medio
ambiente con pesticidas que fueron
prohibidos hace décadas en otros
países (paraquat, diquat, glifosato)
y que han provocado la muerte directa
de varios habitantes del campo
y la enfermedad de muchos
otros. Un niño de 11 años que vivía
en las inmediaciones de un campo
de soja fue rociado directamente
con glifosato el 7 de enero de 2003,
cuando atravesaba un campo para
comprar carne para la familia.
Murió pocas horas después.


Campesinas e indígenas piden la reforma agraria

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CONAMURI. El colectivo de campesinas
e indígenas reclama la redistribución
de las tierras.

S.TALAVERA

Desde la Coordinadora Nacional
de Mujeres Rurales e Indígenas
(CONAMURI), uno de los pocos
espacios en los que se organizan
conjuntamente sectores campesinos
e indígenas y una de las organizaciones
de mujeres con más peso
en el país, Magui Balbuena señala
que son “conscientes de que
el cambio se va a dar de manera
gradual, que no es fácil hacerse
cargo de un país” al que describe
“en la ruina como consecuencia de
la corrupción instalada en todas
las esferas del Estado durante los
largos años de dominio colorado”.

Sin embargo, destaca que las demandas
son inmensas, que “los pobres
han depositado la esperanza
en un obispo al que votaron con
devoción” y del que esperan que
cumpla lo prometido en la campaña
electoral: combatir la pobreza,
el desempleo, la corrupción e impulsar
la reforma agraria.

Desde hace décadas, las organizaciones
campesinas reclaman
una reforma agraria integral que
introduzca nuevos modelos de producción
sostenible, que contemple
la concesión de créditos blandos a
mediano y largo plazo para las y
los pequeños campesinos y campesinas,
que reorganice el sistema
de comercialización y transporte y
que priorice las micro empresas de
mujeres y jóvenes en la ciudad y
en las áreas rurales como modelo
para incrementar los ingresos económicos
de las familias y paliar el
éxodo masivo provocado por la falta
de empleo.

Entre las principales inquietudes
acerca de la nueva situación
política, Balbuena cuestiona si habrá
verdadera voluntad política para
combatir la corrupción frontalmente
y señala como escollos principales
la corrupción imperante en
el sistema de justicia y la propia
conformación actual de las dos cámaras
legislativas en las que siguen
siendo mayoritarios los partidos
tradicionales, el Colorado y el
Liberal, junto a las agrupaciones
de creación más reciente como
UNACE (escisión del Partido
Colorado fundado por el golpista
Lino Oviedo) o Patria Querida (encabezado
también por disidentes
colorados y que cuenta con el apoyo
de los sectores más conservadores
de la Iglesia católica). Todos
comparten estar integrados por los
dueños de los grandes latifundios,
de la mafia organizada, por empresarios
que no respetan las leyes,
que no pagan impuestos ni seguros
sociales.

Balbuena deja en claro que las
dudas no son menores pero deposita
la “esperanza en que
Fernando Lugo considere a las
fuerzas sociales organizadas como
un sector importante dentro
de su gobierno para poder respaldar
la concreción de los anhelos
de la gran mayoría del pueblo”.


Pueblos indígenas: ¿fin del expolio?

S. TALAVERA

17 son los pueblos indígenas que
habitan Paraguay, entre los que hay
cinco familias lingüísticas diferentes.
Constituyen apenas alrededor
del 2% de la población del país (cerca
de 90.000 personas). Muchas de
sus comunidades, que se encuentran
en una situación de pobreza o
extrema pobreza, han sido expulsadas
de sus territorios tradicionales,
ocupados, en un alto porcentaje, por
grandes terratenientes o colonias
menonitas que se dedican al monocultivo
de la soja, maíz o algodón
entre otros. Por eso tienen en la recuperación
de sus tierras una de las
reivindicaciones principales. La vulneración
del derecho a la salud, a la
educación, a unas condiciones de
vida dignas o la explotación laboral
que sufren en condiciones de semiesclavitud,
en numerosos casos
en las grandes haciendas que usurpan
sus territorios, son algunas de
las razones que han empujado a la
movilización de las comunidades.

Algunas de ellas ocuparon el año
pasado durante meses las plazas de
Asunción reclamando sus derechos.
Julia Cabello, de la organización
Tierraviva, dedicada a la defensa
de los derechos de los pueblos indígenas,
integrada a su vez en la Red
de Entidades Privadas al servicio
de los Pueblos Indígenas en
Paraguay, traslada a DIAGONAL
la posición adoptada por este sector
ante el nuevo Ejecutivo: “El
nombramiento de Margarita Mbywangi,
líder de una comunidad del
pueblo aché, como presidenta del
Instituto Paraguayo del Indígena, a
pesar de tratarse de una designación
no compartida por la totalidad
de los miembros indígenas, es analizada
como una medida acertada,
encaminada a encarar con valentía
las demandas de los sectores indígenas
de Paraguay”.

Las demandas al nuevo Gobierno
giran en torno al diseño y aplicación
de políticas públicas que
recojan los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas. “A
corto y medio plazo, requieren la
creación de un mecanismo institucional
que garantice la consulta
a los pueblos indígenas y el derecho
al protagonismo propio de los
mismos en la definición de las
prioridades de políticas, planes,
programas y proyectos”. Ven necesario
tanto un programa de restitución
de tierras, el reconocimientos
de los derechos de propiedad
colectiva y un plan para la
protección de la biodiversidad, en
especial del patrimonio forestal e
hídrico en tierras y territorios indígenas.
Igualmente, exigen la “realización
de una consulta previa a
los pueblos indígenas en la prospección
y explotación de hidrocarburos”.

En cuanto a los derechos
laborales, defienden “la creación
de organismos de fiscalización de
las condiciones laborales de los
trabajadores indígenas”.
La principal duda, señala
Cabello “constituye el futuro
accionar de las nuevas autoridades
electas como parlamentarios,
dado que fue reforzada la composición
ciertamente conservadora
respecto a la restitución territorial
indígena” y la reversión
decidida de la difícil situación actual
a través de la sanción y aplicación
de programas legislativos
que sean favorables para acabar
con el estado de emergencia permanente
en el que viven las
comunidades indígenas.


Derechos de las lesbianas

S. TALAVERA.

Aireana es la primera
y única organización
de defensa y reivindicación
de los derechos
de las mujeres
lesbianas en Paraguay.
Las dudas que se ciernen
sobre el Gobierno
de Fernando Lugo se
derivan sobre todo por
la mayoría que mantiene
el Partido Colorado
en el Parlamento
paraguayo, que dificultará
la ejecución de
las demandas que se
están proponiendo.

Pero además, desde
Aireana “temen que el
pasado secular del
actual presidente
pueda condicionar su
actuación” en temas
como el aborto o el
tratamiento de la
homosexualidad,a
pesar de que en campaña
electoral Lugo
afirmó estar de acuerdo
y a favor de la
unión entre personas
del mismo sexo.

El derecho al trabajo, a
la educación, el derecho
a la salud, a la
libertad de expresión,
a una vida libre de violencia
y el derecho a la
libertad, a la seguridad
y a la integridad personal,
reconocidos para
el colectivo de lesbianas
conforman los ejes
de acción política y
social de Aireana.
Rosa Posa, una de sus
integrantes, señala
que ante el nuevo
Gobierno “exigen que
se tengan en cuenta
los derechos concretos
de las lesbianas como
expresión de la diversidad
específica de este
grupo dentro del colectivo
de las mujeres”.


La salud, una mercancía

S. TALAVERA

En el último Informe de
la Coordinadora de
Derechos Humanos de
Paraguay (CODEHUPY)
de 2007, se afirma que
“la salud, antes que un
derecho, es una mercancía
en Paraguay.
Una mercancía de escasa
calidad. Quien cuenta
con medios suficientes
para pagar un
seguro privado puede
acceder a una salud
cada vez más mercantilizada”,
pero entre el
80% y el 90% debe
acudir al sistema de
salud público caracterizado
por una extrema
precariedad.

Son numerosas las
organizaciones sociales
que luchan hace tiempo
por el derecho a la
salud. El Movimiento
Nacional de Defensa de
la Salud Pública, por
boca de una sus portavoces,
Victoria Peralta,
plantea con contundencia
sus demandas: “El
cumplimiento de los
derechos humanos en el
país y en particular del
derecho a la salud. Que
se ejecuten las políticas
públicas en calidad de
vida y salud, tal como
se comprometiera el
actual presidente en sus
campañas y que no
resulte ser una linda
propuesta en los papeles.

Que la salud sea en
realidad universal, gratuita
y de calidad, sin
discriminación de ninguna
clase. Que se apruebe
la ley de salud sexual
y reproductiva. Que el
Gobierno demuestre su
verdadero interés de
garantizar políticas
sociales priorizando la
salud, destinando los
recursos necesarios”.

Peralta considera que
los principales peligros
pueden derivarse de elementos
como que el
reparto de cuotas políticas
“ponga en peligro la
credibilidad del nuevo
Gobierno. Que el Parlamento
no acompañe las
intenciones de inversión
social y deje al Ejecutivo
sin los recursos necesarios
para una gran política
social”.

Medios de comunicación empresarial: Comienza el acoso a Lugo

JOSE-DAVID CARRACEDO

_ No hubo cien días de cortesía. Al día
siguiente de asumir la presidencia,
comenzaron los ataques de los medios
empresariales. Dos meses y medio
después, el diario ABC Color se
ha constituido como referente para
TV y radios en la oposición al Gobierno.

La cuestión de la tierra ha sido
el desencadenante. Los medios
acusan a sectores del Gobierno de
fomentar las ocupaciones de tierra,
aunque éstas han mantenido un ritmo
similar al del período anterior.

Salim Buzarquis, del Partido Liberal
(en la coalición gubernamental) y
presidente de la Cámara de
Diputados, se desmarca garantizando
«el respeto irrestricto de la propiedad
privada. Los jueces deben ordenar
el cumplimiento inmediato de
las órdenes de desalojo».

Al día siguiente de la toma de posesión,
Lugo realizó una visita conjunta
con Hugo Chávez a San Pedro,
localidad donde Lugo ejerció su
obispado antes de colgar los hábitos.
Los discursos pronunciados incidieron
repetidamente en la cuestión
de la reforma agraria, y se firmaron
varios documentos de cooperación
con Venezuela. Muchos medios
tildaron estos acuerdos como
un giro al socialismo. Los acuerdos
se centran en energía, salud, alimentación,
educación, comunicación,
medio ambiente y colaboración social.

Destaca el convenio que permitirá
incrementar la cuota de 18.600
barriles diarios de crudo que recibe
Paraguay de Venezuela a 25.000.
Según la Constitución, el Congreso
tiene el derecho de vetar los
acuerdos internacionales. Desde los
medios se ha lanzado una campaña
para que el Congreso pueda modificar
los términos del acuerdo. Como
respuesta, el ministro de Exteriores
ha declarado: «La Constitución establece
expresamente que la negociación
y firma de tratados internacionales
es una atribución del presidente
de la República». A pesar de que
los acuerdos se encontraban colgados
en la web de la Presidencia, se
está usando la tardanza en remitirlos
al Congreso para acusar de secretismo
al Gobierno, y al tiempo denunciar
que este secretismo esconde
«la chavización de Paraguay».

Uno de los acuerdos más criticados
versa sobre la incorporación
progresiva de Paraguay a Telesur.
El anuncio de la próxima creación
de una agencia de noticias estatal ha
sido recibido por los medios de comunicación
con acusaciones de querer
suplantar su papel en el panorama
mediático paraguayo.

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