"""LAS VEGAS"" EN LOS MONEGROS // EL PROYECTO VULNERARÍA CUATRO DIRECTIVAS SOBRE AGUA, TERRITORIO Y DELITOS EC
Movimientos sociales denuncian la inviabilidad social, económica y ambiental de Gran Scala

Cada vez son más
las voces y documentos
que confirman la
insostenibilidad
medioambiental y
económica de la
macrociudad del juego
que se quiere construir
en los Monegros.

03/04/08 · 0:00
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DESIERTO DE LOS MONEGROS. De todos los grupos políticos del Parlamento aragonés sólo IU se ha opuesto al proyecto / Primo omero

El Gobierno de Aragón (DGA) y los
promotores de International Leisure
Development (ILD) presentaron el
macroproyecto de ocio Gran Scala
para el desierto de los Monegros el
12 de diciembre ante 300 empresarios
que, rodeados de canapés y vino,
iban abriendo boca. Desde mayo,
José Ángel Biel, vicepresidente
de la DGA, y el consejero de Industria,
Arturo Aliaga, habían mantenido
conversaciones a la sombra en la
ciudad estadounidense de Orlando
para avalar una inversión de 17.000
millones de euros. Se hablaba de 70
hoteles, 32 casinos, 197.000 máquinas
tragaperras, 20 millones de turistas
y tres parques temáticos en
una extensión de 2.025 hectáreas.

Las prisas por modificar la ley del
juego y por tramitar el proyecto de
medidas urbanísticas urgentes (que
agiliza la expropiación) cundió en
ciertos sectores del Gobierno (principalmente
en la ‘coalición’ PSOEPAR),
que también prometieron una
inversión pública en infraestructuras
y comunicaciones (autopistas,
parada del AVE, agua, electricidad)
en los Monegros. La promoción del
proyecto pasó por decir que en el
parque se sembrarían plantas autóctonas
para ahorrar agua y que crearía
numerosos puestos de trabajo.
Las alcaldías de los municipios de
Monegros, una comarca tradicionalmente
pro-pantanos, dieron su
apoyo. El precio de los terrenos creció
y, de hecho, dentro de las
Cortes, sólo Izquierda Unida se
opuso frontalmente al proyecto e
hizo público el protocolo firmado
por la DGA con ILD.

En los tres últimos meses varias
entidades, de modo independiente y
coordinadas por la Plataforma Stop
Gran Scala (ver recuadro) han organizado
reuniones y conferencias de
rechazo al modelo de gestión impulsado
por el Gobierno de Aragón. El
18 de marzo algunas de las entidades
que se oponen al proyecto por su
incoherencia con la imagen de sostenibilidad
de Aragón, convocaron
una rueda de prensa donde ofrecieron
nuevos datos sobre los atropellos
que se están cometiendo. En ella,
el eurodiputado de Los Verdes en el
Parlamento, David Hammerstein,
manifestó que el macroparque excede
las competencias aragonesas ya
que, por su naturaleza y extensión,
afecta a toda Europa, y que, en una
economía improductiva como la del
juego, los costos superan los beneficios.

Fue muy crítico con el aval que
las autoridades públicas aragonesas
han dado a ILD y dijo que, aunque
“las cosas de palacio van despacio”,
el Parlamento Europeo debatirá si el
proyecto Gran Scala contradice la
directiva marco del agua, la directiva
del hábitat (que Aragón ya infringe
al incumplir su parte en el proyecto
de regadíos), la directiva para la
prevención del blanqueo de dinero
y la directiva europea de contratación
pública, según la cual ha de
sacarse a subasta pública y libre
concurso cualquier obra: “Esto se
incumple en el caso de Gran Scala,
pues tanto las empresas del juego
(Aristocrat, ENAC) como los socios
inmobiliarios (Darlem, UFA) y
jurídicos (T. Velvist) implicados
fueron fruto de un acuerdo sin publicación
en el BOE”.

Delincuencia y ludopatía

Alejandra Gómez-Céspedes, investigadora
del Instituto Andaluz de Criminología,
expuso las dinámicas de
la delincuencia organizada en torno
a los casinos. Señaló que el peligro
es más grave en un país que es el primer
introductor de cocaína en Europa
y líder mundial en hachís, y en
donde la directiva para la prevención
del blanqueo de capitales ya se vulnera
de continuo en el sector inmobiliario:
“En los casinos existentes,
cuando las transacciones sospechosas
superan los 3.000 euros (muy a
menudo) deberían ser comunicadas
al servicio ejecutivo para la prevención
del blanqueo, pero en 2005 y
2006 sólo tres de los 39 casinos que
las realizaron dieron cuenta de ello”.
Alejandra Gómez ilustró su exposición
con datos de la revista Índice y
con la investigación Casinos, crime
and community costs, de Grinols, E.L
& Mustard. Según esta investigación
realizada en Nevada, estado donde
se encuentra Las Vegas, las tasas de
delincuencia en los municipios en los
que se construyeron casinos escalaron
con creces sobre la media nacional,
y los municipios con casinos sólo
pueden mantenerse a costa del incremento
de las fuerzas del orden y
cuerpos de seguridad privados.

Pedro Arrojo, representante de la
Fundación por una Nueva Cultura
del Agua y participante activo en
Expoagua, señaló que “la gente vincula
Expo y Gran Scala” y que “el
proyecto rompe la fuerza moral y la
coherencia urbanística que se pueda
tener en el debate sobre el agua”
El representante de SEO-Bird Life,
Luis Tirado, desde una perspectiva
conservacionista, hizo hincapié en
que Monegros es un espacio natural
estepario único en el mundo cuya
biodiversidad sólo se repite en algunos
países de Europa del Este y en el
que habitan aves como el rocín, en
peligro de extinción, la avutarda o la
ganga y el sisón. Además comunicó
que todavía no existen las herramientas
de conservación del territorio
(que reivindicó su organización
hace diez años cuando se llegó a un
acuerdo entre regadíos y conservación
del espacio natural) y que, ante
esta carencia, aunque el complejo
no se construyese en un área estrictamente
de ZEPAS o LIC (Lugares
de Interés Comunitario), el daño
causado sería grande.
Por parte de la Asociación Aragonesa
de Jugadores de Azar en Rehabilitación,
José Vicente Marín denunció
el afán recaudatorio de unos
pocos a costa de incentivar conductas
patológicas en una comunidad
en la que el 15% de la población en
edad laboral tiene problemas con
los juegos de azar. Según Marín, el
proyecto Gran Scala incumple varias
leyes relacionadas con el juego:
el artículo 11 sobre “principios rectores
y circunstancias específicas
para la ordenación del Juego”, que
promueve la protección de los menores
de edad y de personas con
discapacidad intelectual y la ley del
juego en vigor sobre casinos permanentes,
que sólo permite un casino
por provincia. Añadió que los costos
sociales de los casinos son 1,9
veces los beneficios, según muestra
el libro de Grinos, El juego en
EE UU, costos y beneficios (2004),
por lo que el Gobierno no puede
legislar a la carta y funcionar como
un promotor con ánimo de lucro
más.

LA PLATAFORMA STOP GRAN SCALA NO CESA DE MOVILIZAR LAS RESISTENCIAS
_ Desde que se anunció el proyecto,
la Plataforma Stop Gran Scala
se creó aglutinando a las entidades
Aragón No se Vende, la Plataforma
de Defensa de las Montañas,
asociaciones vecinales,
Ecologistas en Acción, el grupo
de estudios económicos Zafra,
CGT, CNT y otras organizaciones
ecologistas más institucionales
como ANSAR, Ecología y Desarrollo,
SEO Bird Life o AZAJER,
así como la Asociación Aragonesa
de Jugadores de Azar en
Rehabilitación. Algunos de estos
grupos ven en Gran Scala un
modelo capitalista de vertebración
del territorio en consonancia
con la actuación de la empresa
Aramón, que acapara el negocio
de la nieve en los Pirineos, o del
Ayuntamiento de Zaragoza en
torno a la Expo. Para otros, Gran
Scala rompe la imagen de la sostenibilidad
promovida por Expoagua.
El Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza se opuso al
proyecto, y el 25 de enero hizo
públicas sus reflexiones al respecto.
Hizo hincapié en el costo,
el fraude y la falta de credibilidad
futura de la Comunidad si el
complejo se llevase a cabo.
Un informe de la Unión de Consumidores
de Aragón (UCA) evalúa
el impacto cuantitativo y cualitativo
del proyecto, critica la
falta de información y el enorme
costo social del complejo y cuestiona
su viabilidad económica, a
corto y largo plazo.
Otros estudios, como el de Ecologistas
en Acción, desmantelan
fácilmente la pretendida
sostenibilidad financiera y ecológica
del macroparque y sostienen
que, para que el proyecto
se llevase a cabo, los
Monegros tendrían que funcionar
como «cantón independiente»,
lo que ya de entrada es
inconstitucional.
El 13 de marzo, día laboral, la
Plataforma Stop Gran Scala
convocó una concentración, a
la que asistieron alrededor de
250 personas. Y para el 26 de
abril ha convocado una cadena
humana en torno al Pignatelli
para protestar no sólo por la
insostenibilidad de la megaciudad,
sino por la falta de democracia
con la que maniobran los
representantes del Gobierno.

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