LAS PROMESAS CHOCAN CON LAS ACTUACIONES POLÍTICAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Los movimientos de la vivienda desconfían de las medidas oficiales

La vuelta de las movilizaciones por el derecho a
techo, las nuevas medidas aprobadas por el
Gobierno y las promesas de diferentes administraciones
autonómicas dejan ver que el problema
de la vivienda ocupará un lugar prioritario
en las próximas elecciones. Pero la actuación de
los poderes públicos durante el boom mueve a la
desconfianza sobre las nuevas medidas.

04/10/07 · 0:00
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Tras la vuelta del verano, el próximo
6 de octubre tendrá lugar la primera
movilización por la vivienda digna.
Se espera conseguir un récord: que
miles de manifestantes griten de forma
simultánea “¡No vas a tener casa
en la puta vida!” ante el ayuntamiento
de su ciudad. Una página web hasta
cuenta las horas, minutos y segundos
que faltan para el grito.

No se trata de una manifestación
más. Lo saben los convocantes, que
han realizado un esfuerzo adicional
para esta ocasión. Y lo saben las administraciones,
que estos meses despliegan
una batería de iniciativas para
neutralizar las protestas cuando
se acercan las elecciones generales.

En este caso, además, el contexto
económico ha cambiado. En las bolsas
internacionales, la crisis de agosto
marcó el final de la etapa en que
enormes flujos de capital multiplicaban
su valor por arte de magia en los
mercados inmobiliarios. Y en el Estado
español las signos de agotamiento
se suceden. Según las últimas
estadísticas del Colegio de
Registradores, la compraventa de viviendas
disminuyó en un 10% durante
los primeros seis meses de 2007.
Los precios continúan subiendo (un
5,8% en el último trimestre), pero esta
vez el incremento se sitúa por debajo
de la media internacional. Como
ha escrito Ramón Fernández Durán,
“la inquietud de los promotores inmobiliarios
españoles empieza a ser
evidente. Las ventas empiezan a dilatarse
en el tiempo, las inversiones
foráneas a disminuir (...) parece que
se acaba la gallina de los huevos de
oro de la especulación legalizada”.
No obstante, los analistas recomiendan
ser cautos. Más aún al hablar
de una economía que encontró
en el ladrillo el motor para el crecimiento
del PIB durante 12 años.

La burbuja inmobiliaria se traduce
en datos concretos. Siguiendo las cifras
que ofrece el Instituto Nacional
de Estadística, el Estado español se
sitúa a la cabeza de Europa en varios
aspectos: mayor número de viviendas
vacías (tres millones), mayor número
de casas usadas como segunda
residencia (tres millones y medio) y
mayor porcentaje de construcción
de viviendas al año por cada mil habitantes
(18,1 casas). Se trata de datos
de 2001, un número que seguramente
aumentó desde entonces.

Paradojas de la especulación

Este número de viviendas fantasma,
sin nadie que las habite, compradas
para generar dinero, supone la base
de la situación actual. Para Luis Zarapuz,
economista y miembro de la
Asamblea contra la Precariedad y
por la Vivienda Digna de Madrid, el
problema es que “se perdió la noción
de realidad. Se ha mantenido la ficción
de que habrá compradores de
todas las viviendas, que se iban a
vender”. La paradoja, en este caso,
es que el aumento de la construcción
no supone una bajada de precios.

Como consecuencia, según recoge
el libro El Tsunami urbanizador
español y mundial, el endeudamiento
familiar se multiplicó en la
última década, “pasando del 34% de
la renta disponible en 1986 y el 52%
en 1997, al 105% en 2005, estando
una cuarta parte de la población endeudada
por más de 15 años. El endeudamiento
ha crecido en estos
años a un ritmo de tres o cuatro veces
superior al PIB y aumentó en
2005 un espectacular 27%. Es decir,
casi ocho veces por encima del crecimiento
económico”.

Por eso, a Zarapuz le sorprende
que algunas de las promesas políticas
para solucionar el problema de
la vivienda pasen por seguir construyendo.
Precisamente es lo que se ha
hecho todo este tiempo. Sólo en 2005
se iniciaron 800.000 viviendas, cantidad
que multiplicaba la medida
anual de 350.000 de los años ‘90, y
que supera también el número de viviendas
construidas ese mismo año
en Francia, Alemania y Reino Unido.

Costes ambientales

Ante esta vorágine constructora, los
costes ambientales quedan en un segundo
lugar. El año pasado, por
ejemplo, las investigaciones del Observatorio
de la Sostenibilidad de
España daban a conocer cómo las
edificaciones se tragaron el litoral
Mediterráneo, alcanzando, en el primer
kilómetro de costa, hasta un 34%
del territorio. La escasez de agua, los
problemas que conlleva un modelo
territorial que concentra la población
en un 20% de la geografía, o la emisión
de gases efecto invernadero (cifra
que se incrementó en más de un
50% desde 1990) no son vistos por la
administración como motivo de peso
para detener la euforia constructora.

“Cuando se habla de construir desde
las administraciones se piensa
más en ayudar al sector de la construcción
que a los inquilinos”, apunta
Zarapuz. No en vano, la construcción
se ha convertido en el sector
más pujante de los últimos años, hasta
tal punto que siete de las 11 mayores
constructoras del mundo (ACS,
FCC, Ferrovial, Acciona) son empresas
españolas, aupadas además por
grandes planes de infraestructuras.

Esta alianza entre gestores públicos
y beneficiados por el boom especulativo
lleva a los movimientos de la
vivienda a sospechar de los planes
que todos los partidos anuncian contra
la especulación a pocos meses de
las elecciones. “Todo este proceso de
saqueo no hubiera sido posible si las
instituciones no hubieran sido cómplices
o hubieran mirado para otro
lado; pero en vez de combatir la especulación,
el poder público se ha
sumado a la fiesta”.

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