ECUADOR // EL TEXTO FUE APROBADO CON EL 64%
El movimiento indígena y la nueva Constitución

DIAGONAL conversa con algunos de sus dirigentes sobre el
texto sometido a referéndum el pasado 28 de septiembre.

15/10/08 · 19:05
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“Apostamos por una constitución,
por un proyecto comenzado por las
organizaciones sociales, no por un
personaje”. Estas palabras de Gilberto
Guamangate, que participó en la
ya disuelta Asamblea Constituyente
en representación del Movimiento
Pachakutik, resumen un parecer general
entre los miembros del movimiento
indígena que han apoyado el
nuevo texto constitucional. “Esta
Constitución no es el fin, es un mecanismo
que debe llevar hacia la verdadera
democratización y justicia social.

Después del 28 las luchas serán
más fuertes”, señala Humberto
Cholango, presidente de la Confederación
de Pueblos de la Nacionalidad
Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
Una coincidencia que, sin embargo,
en la valoración general del
proyecto por parte de los diferentes
sectores, está llena de matices e incluso
diferencias.

Sí crítico de la CONAIE

La Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) hizo
público a principios de septiembre
su apoyo al proyecto de nueva
Constitución criticando, a su vez, la
política llevada a cabo hasta ahora
por el Gobierno de Correa. Entre las
razones del “sí crítico”, Marlon Santi,
presidente de la organización, opina
que el texto “propone una economía
basada en la solidaridad, en la reciprocidad
y de carácter comunitario”.

Sin embargo, según Santi, Correa
“ha minimizado al movimiento indígena
y a todos los sectores progresistas
que lo han estado criticando constructivamente”.
Al mismo tiempo, señala
que el proyecto “reconoce las
nacionalidades a los pueblos, su estructura
política y administrativa, pero
no la aplicación de esto en el ámbito
territorial”. Para Domingo Ankuash,
presidente de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas de
la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE),
“el objetivo número uno” de
su organización “es la defensa territorial”,
por lo que “ni el ‘sí’ ni el ‘no’
nos va a salvar a las nacionalidades
indígenas”.

Pedro de la Cruz, histórico dirigente
de la Federación Nacional de
Organizaciones Campesinas Indígenas
y Negras (FENOCIN), y ex
asambleísta por la gubernamental
Alianza País, coincide con Santi en
que la nueva Constitución sustituye
la economía de mercado por una “social
y solidaria”. Por otro lado, señala
que “este presidente [Correa] ha liderado
las demandas que ha tenido la
ciudadanía ecuatoriana, incluyendo
a nosotros como organización”. Por
esta razón apoyan un texto que, entre
otras “muchas bondades” y a pesar
de algunas deficiencias, promueve
la soberanía alimentaria y el reconocimiento
de diferentes modos de
propiedad, declara a Ecuador como
un Estado plurinacional e incluye mecanismos
de participación ciudadana
que la convierten “en una de las más
democráticas de América Latina”.

Plurinacionalidad y autonomía

Para Gilberto Guamangate, “pensando
en un Ecuador justo, equitativo
y solidario hemos planteado la
construcción de un Estado plurinacional
y un modelo de desarrollo basado
en el ‘buen vivir’ y el bienestar
para todos los ecuatorianos, no sólo
para los indígenas”. Un Estado plurinacional
que para el movimiento indígena
debe ser algo más que una
declaración formal: debe formar
parte integral de todo el proyecto político
y económico planteado por la
Constitución. En este sentido, el reconocimiento
de las formas autónomas
de organización política y de
justicia indígenas es esencial.
La Constitución, según De la Cruz,
recoge que “las circunscripciones territoriales
indígenas pueden por
consulta popular decidir autoadministrarse
mediante sus propias autoridades
(...). Incluso nos garantiza el
derecho a la administración de justicia”.

Sin embargo, para Mónica Chuji,
presidenta de la Mesa de Recursos
Naturales y Biodiversidad de la
Asamblea Constituyente, y disidente
de Alianza País, “no se ha dado contenidos
ni desarrollo a la declaración
de Estado plurinacional”, ya que “tenía
como centro cambiar un sistema
y un modelo de desarrollo como consecución
del sumak kawsay (‘buen
vivir’) y, a partir de ello, incidir en la
reforma estructural, económica y
política. Pero eso en su totalidad
nunca fue acogido”.

“Consentimiento previo”

Una de las demandas básicas del movimiento
indígena ha sido la de la inclusión
en el texto constitucional del
derecho al consentimiento previo, libre
e informado con derecho a veto,
en el caso de la explotación de los recursos
naturales en territorios indígenas,
tal y como aparece en el convenio
169 de la OIT.

Según el presidente de la CONAIE,
“los recursos naturales siguen
siendo el eje principal de la
función económica. Y cuando se habla
de recursos naturales se está hablando
de la extracción de éstos en
territorios indígenas”. Desde la
Amazonía, región rica en petróleo y
recursos mineros, Domingo
Ankuash sostiene que “esta constitución
no da garantía total del derecho
territorial. ¿Por qué no aprobaron
el consentimiento? Porque hay
oro, hay petróleo y quieren robarse
todo”. El presidente de ECUARUNARI,
que ha estado haciendo campaña
por el sí, sostiene: “No vamos
a permitir el modelo extractivista.

Una cosa es no oponernos a la inversión
y al desarrollo y otra, que si
van a afectar al territorio, no oponernos”.
Desde la FENOCIN, Pedro
de la Cruz defiende que “en algún
artículo puede estar considerado
eso [la orientación extractivista] pero
en su mayoría está enfocado a la
relación con la madre naturaleza y
el sumak kawsay”.

Con el 90% del escrutinio realizado,
más del 64% de los ecuatorianos
llamados a las urnas había dado su
voto en favor del texto defendido por
el presidente Rafael Correa.


LA CONAIE

La consolidación de la CONAIE
comienza en 1990 con el levantamiento
contra el presidente Rodrigo
Borja. En 1996 se crea el que
será su brazo político, el Movimiento
Pachakutik, ese año tercera
fuerza política en el Congreso.
A partir de 1997 participará en
las movilizaciones que llevarán a
la caída de varios presidentes.
Ese mismo año interviene en las
marchas por una Asamblea Constituyente
que se instaura en
1998. En 1999 la CONAIE convoca
un levantamiento contra las
políticas neoliberales de Jamil
Mahuad. Su alianza con sectores
militares tanto en el golpe de
Estado de 2000 como con el
coronel Lucio Gutiérrez en las
elecciones de 2002 son respondidas
por éstos con sendas “traiciones”,
empezando así un proceso
de división interna.

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