Foto: Juan Carlos Rojas

Mientras se esperan los celebrados
brotes verdes de la economía mundial,
anunciados como el principio
del fin de la crisis económica, el
Gobierno ha concretado su propuesta
de reforma laboral a través de un
documento, presentado el 12 de abril
y enfocado en el “diálogo social sobre
actuaciones en el mercado de trabajo”.
Un lenguaje que envuelve en
terminología técnica una serie de recortes
de derechos bajo la excusa de
otorgar al mercado laboral una mayor
competitividad.

De nuevo las organizaciones ultraliberales,
principales causantes de la
crisis global, son las que toman las
riendas de la política económica para
insistir una vez más en la necesidad
de abaratar el despido como medida
estrella del nuevo panorama
laboral. En los últimos meses, instituciones
como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Central Europeo,
el Banco de España o la patronal
CEOE han insistido en el concepto
de “flexiseguridad” para exigir a
los gobiernos decisiones que faciliten
a las grandes empresas la salida
de la crisis.

El ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero insiste en la necesidad
de reformar el mercado de
trabajo. Una posibilidad que antes
negaba tajantemente por el miedo al
coste electoral de aprobar unas medidas
generalmente impopulares.
Entre éstas se encuentra una adaptación
del llamado “modelo austriaco”,
en el que las empresas retienen
hasta un 1,5% del sueldo de sus empleados
para guardarlo en un fondo
del que podría retirarse ese dinero
en caso de despido o cambio de empresa.

En la propuesta del ejecutivo
socialista lo que se postula es que el
Fondo de Garantía Salarial se haga
cargo del 40% de los costes por despido
en los nuevos contratos de fomento
del empleo indefinido que
pretenden crearse. Unos contratos
en los que la indemnización por despido
se reduce de los 45 días por año
trabajado actuales a tan sólo 33 días.

Asimismo, la reforma plantea una
mayor intermediación de las empresas
de trabajo temporal en el mercado
de trabajo, ampliando su capacidad
operativa y su capacidad de
acceso a sectores que hasta ahora tenían
vetados, como por ejemplo, la
construcción, las administraciones
públicas o el servicio público de empleo,
a través de las agencias privadas
de colocación, lo que podría traducirse
en una privatización encubierta
del actual INEM.

“Aberraciones laborales”

Atendiendo a la “flexiseguridad”,
Gobierno y CEOE dan cada vez más
importancia a la flexibilidad frente
a la seguridad, mientras que desde
las centrales sindicales y las diferentes
organizaciones sociales se
percibe un retroceso en los derechos
fundamentales a la par que se
da entrada a la iniciativa privada en
sectores hasta ahora de exclusivo
control público, como la contratación
en la Administración.
Para el sindicato CGT, en la propuesta
del Gobierno no hay “una sola
medida que piense en los derechos
de los trabajadores” y sí “una serie
de aberraciones laborales que sólo
contemplan el beneficio de las empresas
y el recorte de derechos”.

La patronal CEOE, que en los últimos
meses ha ido desgranando una
serie de propuestas duramente criticadas
en un intento de llevar las riendas
del diálogo social, en un principio
valoró positivamente la propuesta
del ejecutivo, pese a que posteriormente
se retractó, contrariamente
a la opinión de los sindicatos
de concertación, CC OO y UGT, que
hablan de un intento de precarizar el
mercado de trabajo, aunque prevén
que a principios de mayo se llegará a
un acuerdo “que para algunas cosas
ya llega tarde”, según declaró
Ignacio Fernández Toxo, secretario
general de Comisiones.

Como apunta José María Zufiaur,
perteneciente al Consejo Científico
de Attac España en un artículo publicado
en la web de la organización, la
nueva reforma supone “un nuevo paso
en la desregulación que se ha ido
acumulando tras las sucesivas reformas
que se han realizado desde
1980”, las cuales nos habrían llevado
ahora hasta una “regulación desregulada.
O, mejor, una regulación desactivada”.

Para “darle un impulso
a la contratación” se abarata el despido
y se crea un nuevo contrato de
formación para reducir el desempleo
juvenil, que se traduce en la
práctica en una institucionalización
de la figura del becario. Está previsto
que la edad máxima de este
tipo de contratos se amplíe hasta
los 24 años, con un sueldo equivalente
al mínimo interprofesional y
esquivando las cotizaciones a la
Seguridad Social.

Se evidencia que el Gobierno de
Zapatero sigue forzando a los representantes
sindicales a aceptar los
presupuestos que la CEOE, la UE y
otros organismos han puesto sobre
la mesa al calor de la debacle económica.
Por su parte, las declaraciones
de la patronal apelan al mito de la
creación de empleo sin importar las
condiciones de éste y ha aumentado
sus exigencias hasta límites que ponen
en peligro esa pax romana con
los sindicatos que hasta ahora parecía
inextinguible.