MINERÍA // COMUNIDADES INDÍGENAS LUCHAN PARA MANTENER EL ENTORNO
El modelo extractivista de Ecuador y el “Buen Vivir"

A pesar de la apuesta por los recursos naturales de Ecuador, Rafael Correa propone un proyecto que mantenga la riqueza del Parque Nacional de Yasuní.

18/10/12 · 0:00
YASUNÍ: derrame de petróleo en Ecuador en febrero de 2008. / FOTO: Patricio Realpe.

“Aquí está la oportunidad de salir de la miseria, ¿o quieren seguir viviendo en la pobreza? ‘Diosito’ nos va a castigar si no aprovechamos esta oportunidad, ¿cuántos países quisieran tener la riqueza en recursos que tiene el Ecuador?”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ante las cámaras de televisión mientras mostraba al público un lingote de oro. Estas palabras fueron pronunciadas frente a cientos de personas a finales de 2011 en una de sus intervenciones sabatinas (semanalmente ofrece un programa de televisión de varias horas donde explica lo que ha hecho el Gobierno durante la semana) en referencia a la concesión de contratos de minería a cielo abierto. Aquél era el primer lingote de oro de la Empresa Nacional Minera. Quedó así inaugurada, de manera más o menos oficial, la llamada “nueva era minera” en Ecuador.

Exportación de recursos

Los pasos del Gobierno de Alianza País –el partido de Correa– hacia un modelo económico basado en la exportación de recursos naturales no renovables vienen consolidándose desde su llegada al poder en 2006. La explotación petrolífera en el Parque Nacional del Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, designado por la Unesco en 1989 como reserva de la biosfera, junto a la minería a cielo abierto en la Cordillera del Cóndor (zona montañosa de alta biodiversidad situada en la frontera con el Perú) y la región del Intag, donde la Empresa Nacional Minera del Ecuador desarrolla acuerdos de colaboración para la futura extracción de minerales con la estatal chilena Codelco, son hasta ahora los principales bastiones extractivistas con los que el Gobierno pretende financiar lo que ha definido como Buen Vivir, un concepto presente en la Constitución ecuatoriana de 2008.

Paralelamente a estos proyectos se ha fortalecido la lucha de las comunidades y organizaciones afectadas directamente por los efectos del neoextractivismo, cuyos costes ambientales y humanos son inmensos. El modelo neoextractivista impulsado por varios gobiernos progresistas en Latinoamérica se diferencia de su etapa anterior por una mayor participación y regulación por parte del Estado, pero éstos siguen apuntando sus ingresos a corto plazo para financiar la promesa de programas sociales que los llevó al poder y que, en gran medida, están realizando.

Estas políticas económicas están convirtiéndose, por los impactos que producen en la población, en un contradictorio freno al Buen Vivir que quedó reflejado como mandato constitucional en 2008. El Buen Vivir (sumak kawsay en quichua ecuatoriano o suma qamaña en quechua boliviano) es una propuesta donde los saberes indígenas se encuentran con la sociedad occidental, con un fuerte enfoque en el bienestar de las personas que propone un nuevo tipo de relación con la naturaleza, más armoniosa y equilibrada. Esta transgresora propuesta, que se plantea como alternativa al concepto de “desarrollo” occidental, quedó plasmada en la Constitución de 2008, considerada por algunos como la más avanzada y transformadora del mundo, y materializada en el Plan Nacional de Buen Vivir.

La resistencia de los pueblos

Los pobladores de la zona del Intag, una región al norte de Quito muy rica en recursos naturales y fuentes hídricas, luchan desde hace 15 años contra la instalación en sus comunidades de proyectos mineros a gran escala, ahora en manos del Estado ecuatoriano a través de la Empresa Nacional Minera, que han causado graves daños ambientales y humanos. Mientras tanto diversas organizaciones indígenas y ambientalistas reivindican su derecho constitucional a preservar su territorio en la Amazonía ecuatoriana, una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, de la extracción masiva del petróleo que se encuentra en su subsuelo.

En esa línea, el candidato presidencial por la Coordinadora Plurinacional de Izquierdas, Alberto Acosta (antes aliado de Correa en el Gobierno), es el impulsor desde hace años de la iniciativa Yasuní ITT. Ésta pretende garantizar la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y proteger una de las zonas más biodiversas del mundo. A cambio se pide a la comunidad internacional que haga aportaciones económicas para que se mantenga el petróleo bajo suelo, ya que la propuesta parte de un principio de responsabilidades compartidas a nivel internacional. “En 1967 empezó la industria petrolera en Ecuador y creíamos sinceramente que los problemas se resolverían extrayendo crudo”, comentó Acosta tras una visita al Yasuní. “Salen más de 4.500 millones de barriles de petróleo y el Ecuador no se ha desarrollado. La Amazonía sigue siendo la región más pobre del país y las provincias más azotadas por la miseria y la contaminación siguen siendo las provincias petroleras”.

Mirar al futuro

La lucha contra la minería en Intag, la iniciativa Yasuní ITT, o las reivindicaciones de los pueblos indígenas por la protección del Parque Nacional Tipnis en Bolivia, demuestran que todavía hace falta mucho camino por recorrer para romper la brecha entre los discursos estatales de gobiernos progresistas latinoamericanos que promueven el Buen Vivir y las prácticas extractivistas del Gobierno ecuatoriano.

Organizaciones ecologistas y las comunidades que sufren los impactos proponen una gestión de los recursos naturales más respetuosa con los derechos de la Naturaleza, con su propio apartado en la Constitución de Ecuador, y tomar conciencia de su carácter finito, además de asegurar que los beneficios lleguen a las regiones proveedoras de estos recursos. Según el ambientalista ecuatoriano Luis Corral, el Gobierno de Rafael Correa tiene que ser consciente de que “el oro, el cobre y el petróleo están bajo las comunidades indígenas, conectadas con las principales fuentes de agua y en un entorno de una riqueza y biodiversad incalculable”.

PROYECTO YASUNÍ ITT Y LA CONSERVACIÓN DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA

“¡Repsol, fuera del Yasuní!”, gritaban numerosos activistas el 6 de octubre durante la visita de los príncipes de Asturias a Quito, donde mantuvieron una entrevista con el presidente del Gobierno ecuatoriano Rafael Correa.

La multinacional española Repsol opera en el Parque Nacional de Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, donde el Gobierno de este país propone un proyecto para no explotar una reserva de 855 millones de barriles de petróleo a cambio de una compensación internacional.

Éste es plan que consiste en mantener el crudo bajo tierra en el parque natural de mayor biodiversidad existente en el planeta por metro cuadrado. Se pide a la comunidad internacional que financie la mitad de la cuantía económica que se estima en el subsuelo del Yasuní (de un valor de más de 7.000 millones de dólares) y se solicitan aportaciones por 3.500 millones a cambio de dejar el crudo en el subsuelo. El cálculo corresponde a costes de emisión de gases efecto invernadero y al fomento de una economía sostenible.

Tags relacionados: Ecuador minería Número 183 Ecología
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comentarios

0

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    Toñi
    |
    09/02/2013 - 9:16am
    Estupendo articulo que da una visión de la otra cara de las noticias. Felicidades. Toñi
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