CAMPAÑA. El 17 de abril se celebra el día global contra el gasto militar. / Foto: Olmo Calvo.

Mientras el Gobierno aprueba la reforma
laboral y recorta diversas partidas
del gasto social, mantiene la inmunidad
del grueso del gasto militar, generando
una importante deuda pública por la
contratación de programas militares
(fragatas F-100, avión de combate EF-
2000..) y el despliegue del escudo antimisiles
en la base militar de Rota
(Cádiz). Para 2011, frente a las reducciones
presupuestarias en educación
(8,1 %), servicios sociales (8,1 %),
sanidad (8,2%).... el gasto militar
soportó una disminución del 5,19%.

El Ministerio de Defensa no sólo mantiene
diversos proyectos de inversión
militar sino que además implementa
nuevos proyectos como la quinta fragata
F-100, con un importe aproximado
de 4.100 millones de euros. El conjunto
de la inversión militar para 2011, que
incluyó proyectos de armamento en
curso, I+D de estos proyectos, compra
de nuevas armas, realización de infraestructuras
e instalaciones, representa
un importe total de 2.006,52 millones
de euros. Para 2012, este ministerio
verá reducido su presupuesto un
8,8%, frente a otros como Educación,
que tendrán un 21% de recorte.

En tiempo de crisis, se ha optado por
dotar de menor asignación y aplazar
en el tiempo los programas contratados
por Defensa, con lo que se refinancian
los proyectos y se pagan más
intereses. Esto conlleva incrementar la deuda y el encarecimiento de los proyectos
militares.

El gasto militar real se viene incrementando
entre un 10 y un 15 % sobre lo
previsto cada año. Así, aunque la
reducción presupuestaria para 2010
del gasto militar fuera del 6,2 %, la
liquidación provisional ya daba un incremento
de 849 millones de euros, un
9,3 %. Dando un paso más en el desenmascaramiento
de este negocio de la
guerra, debemos tener también presente
que el Ministerio de Industria ayuda
a maquillar los presupuestos de
Defensa; así, la factura global de los llamados
programas especiales de armamento
(19 sistemas que en su mayoría
incorporan nuevas tecnologías) suman
30.000 millones de euros.

La industria militar se benefició de créditos
encubiertos de los Ministerios de
Ciencia y Tecnología y de Industria a
interés cero, para desarrollar armamento
que ni siquiera se ajustará a
las demandas de defensa.
La banca se ha articulado con el complejo
militar industrial y altos cargos de
defensa.

Así, el actual ministro de
Defensa, Pedro Morenés, es uno de los
ejemplos de puertas giratorias en el
sector armamentístico y fue el gestor de
esta ingeniería financiera para poder
externalizar la burbuja financiera militar.
Para el movimiento antimilitarista,
hablar de gasto militar es también
incluir las partidas consignadas a las
políticas del control social (gasto policial,
carcelario...).

Todo este conjunto
configura una estructura represiva que
tiene el objetivo de controlar los sectores
sociales a los que el sistema capitalista
excluye sistemáticamente, agravando
la situación de empobrecimiento, de
violencia estructural, y poniendo en evidencia
que todos los derechos están
en crisis, gracias a que la democracia
se supedita a los intereses militares y a
sus mecanismos de dominación.