Minería en Latinoamérica: conflicto de intereses

La extracción minera a
gran escala divide a
Latinoamérica con unos
gobiernos que invitan a
inversiones privadas con
incentivos legales y
económicos, y unas
poblaciones que van
aunando fuerza por
defender sus derechos.

11/12/08 · 0:00
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Durante 2008 ha habido dos encuentros
importantes en América Latina
con la minería de fondo. Por un lado,
la Convención Minera 2008, organizada
por la Asociación de Desarrolladores
Mineros de Canadá, uno de
los espacios de reunión más importantes
del mundo en la industria del
sector, con la participación de representantes
gubernamentales y empresas
de la región. Y por el otro, el
Encuentro Latinoamericano sobre
Minería y Derechos de los Pueblos
Indígenas, en el cual se reunieron, en
el marco del III Foro Social de las
Américas en Guatemala, diferentes
movimientos ciudadanos preocupados
por los impactos mineros en la
zona. En el primero se habló de inversiones,
capitales, de la Bolsa de
Valores de Toronto y del precio de
los minerales. Desde México se calculó
que para 2009, Peñasquito,
Zacatecas, se convertirá en la mayor
mina de oro del país. El ministro de
Energía y Minas de Colombia informó
sobre el descubrimiento de una
veta de oro que podría duplicar la
producción de ese metal para 2011.
Desde Argentina se presumía de su
“fantástica capacidad geológica” que
les ofrece un “horizonte venturoso”.
Chile, productor principal de cobre a
nivel mundial, preveía aumentar un
3% más su producción el 2008. El ministro
de Minería de Bolivia, informó
que “el sector privado invertirá este
año 356 millones de dólares en proyectos
mineros” y Perú fue presentado
por el cónsul de este país en
Toronto como “una gran oportunidad
de negocio para la industria de
exploración”. En Guatemala se hablaba
de poblaciones desplazadas,
contaminación, pérdida de biodiversidad,
prostitución, represión violenta,
pobreza, lucha comunitaria, consultas
populares y resistencias. La
realidad minera en Latinoamérica,
desde los tiempos de la colonización
hasta ahora, se caracteriza por
esta dualidad desigual: para gobiernos
y empresas, beneficios económicos;
y para las comunidades locales,
pérdidas sociales, ambientales
y económicas. Mientras los gobiernos
modifican las leyes para el
capital extranjero, las poblaciones
tratan de legitimar sus derechos
mediante consultas populares y
movilizaciones masivas.

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