CONTRA LA PRECARIEDAD. Alrededor de un millón de personas se manifestaron el pasado 20 de octubre en las calles de Roma/Daniela / flickr.com

“Italia es una república fundada
sobre el trabajo”. Así comienza el
primer artículo de la Constitución
italiana. “Precario”, habría que
añadir a la frase, ya que el 60% de
los nuevos empleos que se crean
en el país son a tiempo parcial. Y
justo sobre los derechos laborales
de los precarios ha empezado una
batalla interna en el mismo Ejecutivo,
formado por una coalición
amplia que va desde los católicos
hasta los comunistas.

En este enfrentamiento, el millón
de personas que ha participado
en la manifestación del 20 de
octubre bajo el lema “Contra toda
precariedad” marca un paso decisivo
en la redefinición de los equilibrios
de la izquierda italiana. Por
un lado, ha nacido el Partido Demócrata,
nueva formación que
agrupa a Demócratas de Izquierda,
partido de orientación socialdemócrata,
y a católicos moderados.
En unas elecciones primarias,
donde han participado más de tres
millones de personas, el alcalde
de Roma, Walter Veltroni, ha sido
nombrado secretario del nuevo
partido, que constituirá el eje del
Gobierno de Romano Prodi. Concluye
así la lenta transición hacia
el centro y el liberalismo de lo que
en 1989 era todavía el Partido Comunista
Italiano (PCI). A través de
tres cambios de nombre y varias
escisiones, el núcleo duro del PCI
había entrado antes en la familia
de los socialistas europeos y ahora
se propone crear un modelo
para Europa: un partido liberal
inspirado en los demócratas estadounidenses.
La nueva formación
quiere buscar en su política
económica un consenso moderado,
que pasa sobre todo por la
aprobación de Confindustria, la
patronal italiana.

Por otro lado, las formaciones
de la izquierda comunista y ambientalista,
que también sostienen
al actual Ejecutivo, intentan
poner en la agenda política un
corte neto con la política laboral
del anterior Gobierno de Berlusconi
y poner un freno a la creciente
precariedad laboral.

La ‘ley 30’

Por eso, el sábado 20 octubre, con
una convocatoria publicada por
tres periódicos de izquierda (Il
Manifesto, Carta y Liberazione),
se concentraron en Roma un millón
de personas pidiendo un cambio
en la política económica.

El objetivo de las protestas es
sobre todo el recién aprobado protocolo
sobre el Estado de Bienestar.
La parte más moderada de la
coalición de Gobierno, de acuerdo
con los grandes sindicatos y con
la patronal, está intentando reformar
la seguridad social pensando
más en el crecimiento económico
que en los contratos precarios de
casi cuatro millones de italianos.
La disputa se produce por la ‘ley
30’, una medida sobre el mercado
laboral aprobada por el Gobierno
de Berlusconi que introdujo mucha
flexibilidad sin ningún tipo de
protección social.

En su programa electoral, la coalición
de centroizquierda proponía
cambiar esta ley, pero las reformas
impulsadas por los moderados
del Partido Demócrata se
adaptan más a los deseos de las
empresas. La única medida prevista
para poner un freno a los
contratos a tiempo parcial es que,
para renovar contratos de este tipo
después de 36 meses de prórroga,
el trabajador y la empresa tengan
que firmar en presencia de algún
representante de los sindicatos
mayoritarios.

Pero las críticas a la ‘ley 30’ no
vienen sólo desde el millón de personas
que llenaron las calles de
Roma. La Organización Internacional
del Trabajo (OIT), agencia
de Naciones Unidas, sostiene que
algunas normas de esta ley van en
contra de su Convención 122, que
obliga a los Estados miembros a
adoptar programas que garanticen:
“la elevación del nivel de vida,
a través de la lucha contra el
desempleo y la garantía de un salario
idóneo”.

Por esto, la OIT ha convocado
al ministro italiano de Trabajo,
subrayando que “con el pretexto
de la flexibilidad para modernizar
el mercado del trabajo, la ‘ley
30’ ha creado una situación de
precariedad preocupante”.

Cambio en la política social

Después de la manifestación y
frente a la retomada iniciativa de
los moderados, las formaciones
comunistas y ambientalistas ahora
buscan una manera de constituir
una federación para enfrentarse al
nuevo Partido Demócrata, que
promete controlar desde el centro
la coalición de Gobierno. No piden
la dimisión del Ejecutivo, sino que
exigen un cambio radical en su política
social e intentan parar la deriva
liberal. Un millón de personas
es sin duda un buen comienzo.