El polémico proyecto de la refinería
de Tierra de Barros incluye un oleoducto
de más de 200 kilómetros desde
la costa de Huelva hacia el interior
de Extremadura que atravesaría
la comarca de Doñana y una decena
más de espacios protegidos.

Desde el momento en el que se conoció
el posible emplazamiento de
la refinería, hace cuatro años y medio,
las movilizaciones se vienen
multiplicando por parte de vecinos,
agricultores y grupos ecologistas,
tanto españoles como portugueses.
El 23 de enero, a las multitudinarias
movilizaciones que exigen el ‘no’ rotundo
a la construcción de la refinería,
se sumó un acto de los concejales
de grupos independientes, de
Izquierda Unida e incluso del Partido
Popular, que mediante un encierro
reclamaron un debate público con la
Junta de Extremadura, además de
exigir que se respeten las leyes de
protección al medio ambiente vigentes
en el territorio.

Mano dura del PSOE

Luis Leza, portavoz de la Plataforma
Ciudadana Refinería No, denuncia
la represión de las protestas por parte
del Gobierno autonómico: “Existe
una grave represión en lo que respecta
a este tema por parte del PSOE
regional, hasta el punto de que actualmente
hay 11 imputados por haber
asistido a una concentración a la
salida de un pleno municipal para
los que se pide seis años de cárcel.
La privación de libertades es tal, que
se han eliminado programas de radio
a nivel local donde la gente participaba
de forma espontánea”.

La Junta de Extremadura y el
Grupo Gallardo aprovechan la coyuntura
para vender el proyecto como
motor económico en tiempos
de crisis sin mencionar los gravísimos
daños colaterales, tanto a nivel
ambiental como económico para la
zona, que han denunciado al unísono
los principales grupos ecologistas
del Estado español.

Para la Plataforma Ciudadana
Refinería No, el emplazamiento elegido
se debe a una confluencia de intereses
particulares que poco tienen
que ver con el interés común: el grupo
empresarial Gallardo es el dueño
de una fábrica de cemento, de una
siderúrgica y una vía férrea propia
para el transporte de la producción
en la misma zona, lo que implica una
reducción en los costes para la refinería.
“Lo que nosotros llevamos denunciando
desde hace cuatro años y
medio es que se esté apoyando una
iniciativa particular del grupo de
Gobierno del PSOE regional de
Extremadura y Nacional que va en
dirección contraria a las directrices
mundiales en materia de medio ambiente
y salud”. El Gobierno socialista
regional está dispuesto a participar
con un 20% de dinero público, a
pesar de ser ésta una infraestructura
asociada a enormes impactos ambientales.

Para muchos, esto supone no solamente
un paso atrás en la conservación
de uno de los parques naturales
más emblemáticos de la península,
sino que también supone un paso
atrás en el desarrollo económico de
una zona representativa por sus vinos,
puesto que la refinería pretende
ser construida en Tierra de Barros,
una región de tradición olivarera y
vinícola de donde proviene la Denominación
de Origen Ribera del Guadiana.
Según publica la Asociación
de Empresas Vinícolas de Extremadura
en su página web, este sector,
que hasta el momento tiene una
facturación anual de más de 180 millones
de euros y la generación de
más de un millón y medio de jornaleros
directos al año podría verse
muy perjudicada, como también la
producción de vinos ecológicos quedaría
inhabilitada.

El Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino ya tiene sobre
la mesa las denuncias de las organizaciones
sociales españolas al
Estudio de Impacto Ambiental y está
a la espera de recibir las alegaciones
de Portugal (que se vería afectado
al estar a tan sólo 70 km de la
planta petroquímica) para dar luz
verde al comienzo de las obras. La
docena de alegaciones que se han
presentado al proyecto inciden en
las importantes consecuencias ambientales
derivadas del oleoducto
previsto, que aumentaría el tráfico
de petroleros que descargarían en
el puerto de Huelva, incrementando
el riesgos de mareas negras en la
costa de Doñana. En segundo lugar,
este oleoducto no está exento de
presentar un daño a lo largo de su
vida útil, lo que también aumentaría
el riesgo de filtraciones hacia los
acuíferos de gasoil a lo largo de su
trayecto. En lo que respecta a la refinería,
ésta emitiría miles de toneladas
de CO2 anuales y otros gases
de efecto invernadero, como también
un incremento en las partículas
en suspensión, lo que podría derivar
en la formación de lluvia ácida
que afectaría a la agricultura y causaría
una afección directa en la salud
de los habitantes de la zona.

Las plataformas ciudadanas esperan
por el momento que el Parlamento
europeo admita sus denuncias
y paralice cualquier intento por
destruir este patrimonio natural y
cultural de la península.