"La violación de derechos humanos se volvió cotidiana bajo la coartada del combate contra el narcotráfico". Foto: Jesus Villaseca

La elección presidencial
en México se ha desarrollado bajo una atmósfera
de fatalidad, de ineluctable retorno del viejo y desacreditado Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el
que durante más de 70 años modeló el país a su antojo, dando vida a un régimen político despótico, antidemocrático y corporativo,
sostenido en relaciones clientelares y patrimoniales.

Un régimen articulado por un
presidente omnipotente, una república ficticia y una federación
de Estados sin funciones ni equilibrios efectivos y que en realidad
fueron avasallados, subsumidos
por el primero. Un régimen que se
volvió odioso, cuya decadencia fue
desvelada por la rebelión indígena
encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que
en la vuelta del siglo fue repudiado en la primera elección presidencial democrática en México, favoreciendo sin embargo al derechista Vicente Fox, candidato del
Partido Acción Nacional, una organización católico integrista.

El balance del Gobierno del PAN

Pero choca que la alternancia política tan tardía se cubra con un soplo de fatalidad que prepara el regreso glorioso del PRI-Gobierno, del hacedor del autoritarismo,
el patrimonialismo y la corrupción
envolvente. Muestra el fracaso de
los gobiernos panistas que, en lugar de democratizar, sólo reprodujeron la misma lógica, las prácticas despóticas degradantes, las
mismas estrategias neoliberales
devastadoras de lo social. Se judicializó incluso la política y se criminalizó lo social (luchas, resistencias, trabajos). Intolerancia, represión, explosión del feminicidio,
quiebra del Estado laico, patrocinio de grupos fundamentalistas,
patrimonialismo e incluso fraude
electoral caracterizaron a los gobiernos ‘del cambio’.

Doce años después, el balance
panista es todavía más desastroso.
El presidente Felipe Calderón
desarrolló su Gobierno bajo el signo de una guerra lanzada contra
el crimen organizado con la que
buscó prestigiarse pero que se le
fue de las manos, acarreando la
muerte de más de 60.000 personas
y la violación recurrente y amplia
de los derechos humanos.
La legalidad manipulada y la
justicia a modo, la presencia masiva de las fuerzas armadas, la
procuración de justicia y el orden
público militarizados debilitaron,
más que reforzar, a la presidencia y al Estado, regidos ahora por
una lógica militar contra un enemigo inasible –los cárteles del narcotráfico– que al parecer se fortalece mientras más dura es la ofensiva en su contra.

Buscando el orden y la seguridad, en realidad el Gobierno agravó el desorden y extendió la inseguridad, imponiendo una estrategia atemorizante que buscó paralizar a los diferentes sectores disconformes, sin que
éste haya dejado de disfrutar complicidades de un orden erosionado
por la corrupción. En plena campaña electoral brotan acusaciones
y citaciones contra altos mandos
del Ejército y exgobernadores.

Los medios de comunicación
potenciaron esa guerra al tiempo
que ocultaron las que el Gobierno
realiza contra las condiciones de
vida y el empleo, contra las comunidades despojadas de tierras y recursos naturales en favor del capital global; contra migrantes, jóvenes, mujeres; contra sindicatos supervivientes a la debacle del corporativismo; contra los pueblos
indios que no dejan de resistir recreando su autonomía y prácticas
colectivas y, en general, contra
quienes piensan diferente.

En esas condiciones, las campañas electorales se efectúan sin considerar el clima de desasosiego y hartazgo que parece impregnar la situación política. Candidatos sobredimensionados o purgados por
medios que ejercen un poder al parecer irrestricto y fabrican encuestas que buscan prefigurar el desenlace. Enrique Peña Nieto (PRI), favorito de los medios electrónicos
desde que era gobernador del
Estado de México; Josefina
Vázquez Mota (PAN), exministra
del Gobierno Calderón; y Andrés
Manuel López Obrador (Movimiento Progresista), no logran perfilar programas ni proyectos que motiven a una ciudadanía que pocas
oportunidades ha tenido de elegir
efectivamente, en un país que quiso inaugurar su democracia apenas en el año 2000.

Los partidos y sus candidatos
desarrollan sus campañas electorales en medio de una aguda crisis nacional, sin realmente percibirla, en una suerte de autismo
social sensible sólo a clientes seguros. Hasta que en mayo irrumpieron de forma inesperada los estudiantes en choque con Peña
Nieto, quien defendió su ilegal y
abusiva venganza represiva contra el pueblo de Atenco en 2006 y
pretendió condenarlos como provocadores.

Con el movimiento YoSoy132,
denunciaron los manejos interesados de los medios dirigidos a imponer al candidato del PRI, manifestando su hartazgo e indignación por las mentiras, la vacuidad
y el desprecio a la inteligencia de
la gente en el proceso electoral en
curso. La atmósfera nacional se airó, las encuestas manipuladas variaron, hasta los medios se abrieron a noticias y rígidos debates menospreciados. Comenzó un auténtico intercambio sobre la situación, la democracia ausente y las necesidades sociales. Se derrumbó la candidata del Gobierno panista, se desestabilizó el ‘puntero’. Peña Nieto y López Obrador se insufló como en 2006. Las expectativas se trastocaron.

A unos días del 1 de julio, apenas regresa la incertidumbre que debiera caracterizar a las elecciones presidenciales. La fatalidad se esfumó. México se ha polarizado entre los candidatos del PRI y del Movimiento Progresista. El voto útil que llevó a Vicente Fox a derrotar a la vieja oligarquía estatal que hoy quiere asegurar su regreso, es procurado en busca de un desenlace imprevisto. La apatía, empero, puede vincularse al fastidio de procesos monopolizados por una clase política ávida de poder, pero sin soluciones ni alternativas de fondo que cambien en verdad al país.