Primero, el Gobierno filtró el Documento
sobre Revisión del Pacto de
Toledo, después, anunció que se retiraban
las medidas más controvertidas
de la propuesta que se iba a enviar
a Bruselas y, más tarde, María
Teresa Fernández de la Vega aclaraba
que la propuesta pasará por los
cauces del Diálogo Social. Finalmente
el ministro de Trabajo, el encargado
de encender las alarmas sobre
el sistema de pensiones públicas,
dudó en el Congreso de que el
Gobierno vaya a poner “sobre el papel”
una medida que ha llevado a
CC OO y UGT a convocar una movilización
estatal el 23 de febrero.

Esto traslada el debate al Pacto
de Toledo, suscrito en 1995 y “constituido
por el acuerdo entre las fuerzas
políticas y los interlocutores sociales”,
como significa el Ministerio
de Trabajo en un informe sobre el
desarrollo de este pacto. La posibilidad
de aumentar la edad para la jubilación
de 65 a 67 años y el aumento
del periodo de tiempo con el que
se calculan las pensiones, son los
aspectos más destacados de una
propuesta que es “singularmente
antisocial”, en palabras de Isabel
Otxoa y Mikel de la Fuente, profesores
de derecho del trabajo de la
Universidad del País Vasco.

José Luis Carretero, miembro
del Instituto de Ciencias Económicas
y de la Autogestión (ICEA)
considera que la mediación de los
representantes del Pacto de Toledo
puede hacer, en efecto, que se limiten
algunas de estas medidas
“pues hay representantes que por
razones ideológicas (como algún
sindicato o partido) o por razones
oportunistas (PP) pueden impedir
o, al menos, obstaculizar la ampliación
de la edad de jubilación”.
Para Daniel Albarracín, del grupo
de estudios de Comisiones
Obreras, lo que evidencia esta propuesta,
que ha sido aplaudida por
organismos internacionales como
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) o la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), son “las presiones
del sistema financiero y de seguros
para aumentar en la previsión
social el peso de los planes de
pensiones privados; para conformar
un sistema mixto”. El hecho
de que el PSOE haya puesto en duda
el sistema obedece, para José
Luis Carretero a que la idea de que
“metiendo miedo a la población”
se está avanzando en la “línea de
fomentar los planes de pensiones
que venden bancos y organizaciones
financieras”.

Asalto neoliberal

Entre los organismos que patrocinan
eso que el abogado Raúl Maíllo
califica como un “asalto neoliberal a
las pensiones”, la OCDE juega un
papel protagonista. En 1990 esta organización
diagnosticó que los países
industrializados no podrán pagar
sus pensiones en el futuro como
consecuencia del envejecimiento de
sus poblaciones. Como recoge la
economista Miren Etxezarreta en el
libro Qué pensiones, qué futuro, el
impulso a la privatización aumentó
a partir de 1994 de la mano de un
informe del Banco Mundial, “que
constituyó la justificación y el pistoletazo
de salida para que muchos
países ricos desarrollaran los sistemas
de privados de pensiones”.

En el caso del Estado español,
el principal argumento que emplean
representantes del sistema
financiero como Rodrigo Rato, ex
director general del FMI, para fomentar
este sistema mixto y la
progresiva deriva del sistema de
pensiones de capitalización (en el
que el dinero para pensiones se
invierte en fondos financieros), es
el envejecimiento de la población.
A este discurso se oponen Otxoa
y de la Fuente: “El aumento de la
esperanza de vida no se debe tanto
a la duración de vida de las personas
mayores como a la erradicación
de la mortalidad infantil”.

PERFECTAMENTE VIABLE. Como ha
declarado recientemente la economista
Miren Etxezarreta no se ve “por ningún
lado la crisis de las pensiones”.

Foto: Olmo Calvo

Como recuerdan Otxoa y De la
Fuente, según el documento del
Gobierno, entre 2009 y 2040, la esperanza
de vida a los 65 años sólo
aumentará en 2,5 años. Según el
documento presentado por el
Gobierno, el incremento del gasto
en pensiones subirá por encima
del 15,1% del Producto Interior
Bruto en 2060, una subida que,
para estos profesores no pone en
riesgo el sistema público de pensiones,
“quienes insisten en el carácter
insostenible de ese aumento,
obvian que en el pasado los aumentos
han sido superiores a los
que hoy se prevén sin que se haya
producido ninguna catástrofe económica
por esa causa”. Además,
recuerdan, el Fondo de Reserva
del sistema de pensiones públicas
ha arrojado un importante superávit
en el periodo pre crisis y seguirá
produciéndolo hasta después
de 2020: “Sólo cuando los ingresos
por cotizaciones sean insuficientes
para hacer frente al aumento
de gasto en pensiones, lo
que no ocurrirá antes de 2023, será
el momento de aumentar progresivamente los tipos de cotización
para hacer frente a este
gasto”.

El recorte, tapado

Y mientras el debate sobre la viabilidad
de las pensiones ocupa
buena parte del debate público,
el recorte del gasto público que
la Ministra de Economía llevó a
la City de Londres no ha tenido
tanta repercusión. Un ajuste de
50.000 millones de euros para
los próximos cinco años, que
modifica el presupuesto previsto
y aprobado a finales de 2009.
Para el economista Julio Rodríguez
este recorte apunta hacia
el deseo del Gobierno de dar una
imagen de “rigor presupuestario”
ante los mercados de deuda.
Como indica Carretero, esto se
plasma ya en la subfinanciación
de las universidades públicas y
amenaza “la financiación de todo
el salario social, es decir, las
prestaciones y servicio social”.