CRISIS: ESTOS TÉCNICOS SE DEDICARÁN EXCLUSIVAMENTE A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, PYMES, AUTÓNOMOS Y ASALARIADOS
Más de mil inspector inspectores de Hacienda dejan de controlar a las grandes fortunas

El Gobierno ha decidido que más de mil técnicos de Hacienda dedicados a investigar operaciones superiores a tres millones de euros se centren en el control de pequeños contribuyentes.

19/03/09 · 10:43
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SOLBES. El ministro de Economía y Hacienda sobrevive de momento a los rumores que lo sitúan fuera del Gobierno en la previsible renovación del gabinete.

En previsión de la próxima campaña
de la Renta, que comenzará en
mayo, la Agencia Tributaria ha
puesto en marcha la medida aprobada
por medio de una resolución
con fecha del 26 de noviembre de
2008. Ésta consiste en una reestructuración
sin precedentes del cuerpo
de funcionarios dedicados al control
del fraude fiscal. Hasta entonces,
1.058 de los 2.731 técnicos de
Hacienda se dedicaban al control
de las operaciones superiores a tres
millones de euros, lo que afectaba a
grandes empresas y contribuyentes
con patrimonios elevados. Tras esta
nueva medida, esos técnicos se
dedicarán exclusivamente a pequeños
contribuyentes, lo que afectará
a la mayor parte de pymes, autónomos
y asalariados, siempre que sus
ingresos no superen los cuatro millones
de euros. Según la propia
resolución, los técnicos de Hacienda
controlarán “las actividades de
quienes el volumen anual de ope-
raciones declarado no supere
4.000.000 euros, en caso de que se
trate de un control de carácter general
o de 5.700.000 euros, si supone
una actuación específica”.
Desde el sindicato de técnicos de
Hacienda Gestha se muestran críticos
con la medida, ya que “de esta
manera se reduce notablemente el
personal disponible para controlar
las grandes fortunas”. En ese sentido,
resulta paradójico que en el pasado
ejercicio fiscal la Agencia Tributaria
realizara cuatro millones de actuaciones
con pequeños contribuyentes,
lo que suponía cumplir a un
120% los objetivos fijados previamente,
mientras que tan sólo se hicieron
125.000 intervenciones en
grandes capitales.

Medidas excepcionales

No obstante, bajo el paraguas de la
crisis y la situación excepcional que
vive la economía, el Gobierno ha tomado
otras medidas fiscales polémicas.
Por medio de un Real Decreto
por el que se desarrolla la Ley de medidas
contra el fraude fiscal, y evitando
darle demasiada difusión, el
Consejo de Ministros aprobó el 3 de
noviembre un ‘aguinaldo fiscal’ para
grandes accionistas de bancos, ejecutivos
bancarios y sus familiares,
según el cual todos ellos podrán tributar
en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) a un
tipo del 18%, en vez de al 43% al que
debían hacerlo hasta ahora, cuando
reciban rentas de capital mobiliario
de sus propias entidades. De tal manera
que los intereses que generen
sus cuentas bancarias y depósitos, o
el beneficio de préstamos o bonos, se
verán afectados por la medida.

Gestha ha denunciado el real decreto
ante el Tribunal Supremo, al
considerar que “es ilegal y atenta gravemente
contra el Estado de derecho,
ya que sobrepasa lo dispuesto
por la Ley del IRPF de 2006, en la medida
en que un reglamento no puede
modificar una ley de rango superior,
que se había aprobado precisamente
para evitar el abuso fraudulento de
las operaciones financieras entre socios
y sociedades”, o lo que es lo mismo,
banqueros y bancos.

Otra medida polémica del Ejecutivo
fue la aprobación en enero de
2008 de una rebaja de 400 euros en
las retenciones por IRPF anuales para
asalariados y pensionistas. Dicho
concepto, que afectaba por igual tanto
a grandes capitales como a asalariados,
no incluía a siete millones de
trabajadores y pensionistas que al no
hacer declaración de la renta no se
beneficiaban de la medida, así como
a aquellos cuyas retenciones eran
menores a 400 euros.

Amnistía a los ‘paraísos’

En diciembre, el ex ministro de
Trabajo, Jesús Caldera, presentaba
el primer informe de la Fundación
Ideas, considerada “la fábrica
de ideas del PSOE”. Dicho
informe proponía, entre otras medidas,
acabar con los paraísos fiscales,
para lo cual abogaba por introducir
un proceso de regularización
fiscal progresiva y coordinada
en todo el mundo hasta 2015,
en el que los capitales que abandonen
estos paraísos no serán penalizados
y tributarán a un nivel inferior,
sin hacer distinción sobre la
procedencia de los mismos. Tras
esa suerte de ‘amnistía fiscal’ para
grandes fortunas y empresas, los
paraísos fiscales quedarían completamente
prohibidos y los
Estados que los mantuvieran serían
excluidos de todos los organismos
financieros internacionales.

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