Ivan Albastro

Acoso al inquilino. La táctica más frecuente
para echar a las personas de renta antigua
consiste en no intervenir en la reparación de
las averías y mejora de los inmuebles, dejando
que se degraden progresivamente para, posteriormente,
declararlos en ruina, derribarlos y construir
nuevos pisos con precios muy elevados.

La urbanización a contrarreloj no
es ningún empeño por satisfacer
las necesidades de alojamiento,
muchos compradores las atesoran
como inversión y los ayuntamientos
se financian de las plusvalías
de la construcción y compraventa
del suelo. El resultado,
denunciado durante las Jornadas
Sobre Vivienda organizadas por
el Foro Social de Alcorcón (Madrid)
el 13 y 14 de enero: precios
de vivienda inasumibles a pesar
del parque de viviendas sobredimesionado
e infrautilizado y unas
consecuencias nefastas para el
medio ambiente.

La mayoría de los jóvenes no se
emancipa hasta poder hipotecarse
en la compra de un piso. Una opción
que según Rafael Corrales,
miembro de la Plataforma por una
Vivienda Digna y ponente en las
jornadas, hoy no es factible dado
que asumir una deuda con unos salarios
inestables y precarios y la
posible subida de tipos de interés
no es baladí. Su propuesta de hacer
‘una huelga de compra’ de vivienda
durante meses para conseguir
que bajen los precios podría
surtir efecto en un contexto donde
la vivienda, gracias a las sucesivas
leyes del suelo, ha devenido en pura
mercancía.

Viviendas sociales
Acceder a una vivienda de protección
oficial sería una opción si la
oportunidad de que te toque una
no fuera como jugar a la lotería.
Aunque en esta baza las sociedades
cooperativas no han sentado
un buen precedente debido a la
corrupción, hay algunas experiencias
de cooperativas de viviendas
nacidas de comunidades de
vecinos que han optado por vías
más autogestionarias y propuestas
de vivienda más integrales que
hoy son un referente.

La cooperativa de vivienda del
barrio de Abetxuko en Vitoria nacía
en 1991 para poner freno al
envejecimiento del barrio y el encarecimiento
de los pisos, exigiendo
la cesión de suelo público en el
barrio para construir ellos mismos
casas para sus hijos.

Aunque las instituciones suelen
aplaudir este tipo de iniciativas
vecinales, la retórica de su discurso
no se traduce en medidas concretas
para facilitar su ejecución,
y cuando median exigen una serie
de concesiones. “Cuando llegó la
hora de la financiación era muy
difícil, porque las nóminas (de los
que tenían) eran bajísimas y además
los bancos no apoyaron. Por
eso, cuando el Gobierno vasco se
ofreció a construirlas aceptamos,
pero terminó imponiendo su criterio:
que no podía ser sólo para
la gente de Abetxuko”, explica
Francisca Sanbartolomé, presidenta
de la Asociación de Vecinos
de Abetxuko.

Aun así, la asociación considera
que las 55 viviendas en régimen
de compra que salieron por
el orden de nueve millones a pagar
en 20 años y las 106 casas para
alquilar, recientemente adjudicadas,
han merecido la pena y
son un revulsivo para muchos
grupos de Euskadi que les piden
asesoramiento.

Más embrionaria e integral es la
propuesta de la cooperativa de vivienda
joven del barrio madrileño
Las Adelfas, COVIJO, que aún está
dando forma a la propuesta de un
edificio de viviendas de protección
oficial en régimen de alquiler.
Quieren optar por el alquiler porque
“asegura la continuidad de la
reivindicación y presenta una flexibilidad
acorde con las tendencias
del ámbito laboral”, y también suscribir
una convenio de cesión administrativa
de la explotación para
que sea la cooperativa quien gestione
el proyecto, explican Matías
y Almudena, dos de los 50 socios.

El número reducido es una apuesta
por facilitar un proyecto deconvivencia que va más allá de la
reivindicación individual, y donde
las relaciones de género y el trabajo
en el barrio son igual de importantes.
Así, la cooperativa se enmarca
dentro del Plan Urbanístico
Alternativo, planteado por la Red
Local como respuesta al Plan Especial
de Remodelación Interna
del Ayuntamiento de Madrid en el
barrio, un plan que también reivindica
el realojo de los vecinos del
barrio afectado por el PERI y el del
Centro Social Seco.

Realojos reivindicativos
Los barrios tradicionales ubicados
en el casco histórico y alrededores
de las ciudades donde primaba el
alquiler, como Lavapiés en Madrid,
El Raval en Barcelona, El
Cabanyal en Valencia o San Bernardo
en Sevilla, por citar sólo algunos
ejemplos, han seguido un
patrón similar de previo abandono
por administración y propietarios
y posterior revalorización gracias
a los planes de rehabilitación.

Este proceso implica la expulsión
de sus habitantes tradicionales,
mayoritariamente gente anciana
con alquileres de renta antigua,
y su sustitución por habitantes
de clase media-alta, lo que se
conoce como gentrificación (del
inglés) o elitización. “Nosotros lo
llamamos el ‘asusta-vieja’ porque
llega el gran especulador con sus
abogados y sus tecnicismos, y las
personas mayores (muchas analfabetas)
se asustan; juegan con
que la policía nos va a echar o te
mandan el famoso burofax para
decirte que tienes 24 horas para
irte, y al final echan a personas de
más de 80 años que han crecido
en ese lugar y, con una pensión
de 70 u 80.000 pesetas, tú me dices
qué piso se van a comprar”,
relata Carmen Portal, una de las
vecinas del barrio sevillano San
Bernardo desahuciadas junto a 11
familias. Ante la desidia de la
Administración y el acoso de los
propietarios estas 12 familias decidieron
okupar el 24 de mayo de
2005 un bloque de viviendas sociales
terminadas desde hacía dos
años y medio pero vacías.

En este realojo reivindicativo
jugó un papel fundamental el apoyo
de la Liga de Inquilinos La
Corriente de Sevilla, constituida
hace un par de años para dar una
respuesta conjunta a los desalojos
de varios barrios emblemáticos de
Sevilla. Los realojos reivindicativos
o el impago del alquiler como
forma de protesta civil por el deterioro
de los inmuebles son el último
recurso después de que el inquilino
acosado haya recibido
asesoramiento jurídico gratuito
de los letrados de la liga y se haya
intentado la negociación con la
administración y el propietario.
La Liga combina estas prácticas
con la presión a los políticos y la
visualización en los medios de comunicación,
“el escándalo del
desahucio de una anciana fue tan
escandaloso que el área de urbanismo
creó el año pasado una
Oficina de Atención a los Inquilinos
Acosados, con muy buena
voluntad pero con medios muy escasos”,
apunta Antonio Buenavida,
presidente de la Liga.

La okupación de inmuebles vacíos
es una opción ya conocida en
todo el Estado que se plantea como
una alternativa de vivienda y/o
de centro social y una forma de denunciar
el precio insoportable de
la vivienda y la especulación inmobiliaria
que lo produce. Para revitalizar
este movimiento, que ha
sufrido los embates de la criminalización,
en Barcelona se creó en
febrero de 2005 la Oficina de
Okupación, que desde entonces
ha recibido mas de 400 consultas
sobre cuestiones legales, técnicas,
prácticas y políticas.

El otro gran impacto de los planes
urbanísticos que han cambiado
la fisonomía del entorno español
en pocos años es el medioambiental,
especialmente desde la
Ley del Suelo de 1998, más conocida
como ‘ley todo urbanizable’, y
desde que algunas comunidades
como Madrid o Murcia unificaran
la Consejería de Medio Ambiente
y la de Urbanismo. El desarrollo
que se está imponiendo
demanda un consumo de recursos
y vertidos que se mantienen a través
de la sobreexplotación permanente
y la destrucción del patrimonio
natural, inundando valles para
embalses, construyendo autovías y
trenes de alta velocidad, centrales
térmicas, etc., que extienden la
‘huella ecológica’ hacia puntos cada
vez más alejados. Las plataformas
ciudadanas contra los
Planes Generales de Urbanismo
(ver recuadro), ligadas a asociaciones
de vecinos y movimientos
ecologistas, están en plena efervescencia,
y sus reivindicaciones
para frenar la especulación enlazan
la lucha ecologista contra
la degradación del entorno con
el derecho a una vivienda digna.