DE LA BOLSA DE MADRID A LAS ISLAS MAURICIO // EXPERTOS E INSPECTORES DE HACIENDA CRITICAN LA FALTA DE MEDIDAS
Más de la mitad de las empresas españolas del Ibex 35 operan en paraísos fiscales

Según un informe del Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa (ORSC), 18 de las 35 empresas del IBEX
poseen empresas participadas en paraísos fiscales. La falta
de transparencia y de control facilita dichas actividades.

13/11/08 · 0:13
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Empresas del sector energético como
Iberdrola o Gas Natural, de la
construcción como ACS y Ferrovial,
bancos como BBVA, Banco Popular,
Santander o Banesto, y otras como
Repsol YPF, PRISA, Inditex o Telefónica,
son solo algunos ejemplos de
las 18 empresas del IBEX 35 que, según
un informe del ORSC, por algún
motivo tienen presencia en países
considerados paraísos fiscales. “Nos
limitamos a revisar los anexos de
cuentas de 2006 y comprobamos que
estas empresas tenían algún tipo de
actividad en centros off-shore”, afirma
Orencio Vázquez, miembro del
ORSC. No obstante, el estudio se limita
a constatar la existencia de estas
actividades: “es imposible profundizar
más, ya que sólo contamos
con las cuentas que están obligados
a presentar a sus accionistas, por imposición
de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)”, concluye
Vázquez, al referirse a las reticencias
de las empresas a afrontar
estos temas.

“Cuanto más grande es la empresa,
más posibilidades tiene de invertir
en paraísos fiscales”, confirma
Nuria Almirón, miembro de ATTAC
y de la Red por la Justicia Social. Si
bien el informe destaca que son los
bancos los más proclives a servirse
de estas actividades, ya que cuatro
de las cinco entidades bancarias del
IBEX tienen alguna actividad en paraísos
fiscales. Según estas mismas
cuentas, que tan sólo muestran la
punta del iceberg, en el año 2004 estaban
radicadas en paraísos fiscales
el 11% de las sociedades del grupo
BBVA, la misma proporción de La
Caixa y Santander, el 10% de las del
grupo Banco Popular y más del 15%
del grupo Sabadell Atlántico. De hecho,
casi el 80% del dinero que opera
en paraísos fiscales son inversiones
bancarias y servicios financieros.

La banca en retroceso

En el año 2001, saltó a la luz pública
uno de los mayores escándalos por
cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Ese año quedó al descubierto que
el BBVA había destinado 55,8 millones
de euros en fondos de pensiones
para ex consejeros ejecutivos, ocultos
en paraísos fiscales durante 13
años, algo que solo reveló ante la
CNMV ese mismo año.

Sin consecuencias jurídicas, situaciones
como ésta han hecho levantar
el pie de la inversión bancaria en paraísos
fiscales. Los dos grandes bancos
del Estado, BBVA y Santander,
redujeron sus beneficios por actividades
en centros off-shore, en 2006,
un 49,8 y 83%, respectivamente. Las
denominadas consecuencias ‘reputacionales’,
el hecho de que estas
cuentas no tengan fondos de garantía
de depósitos, cuestión especialmente
sensible tras la crisis de las
subprime, y, sobre todo, que los países
de origen de los capitales comienzan
a ofrecer mayores ventajas fiscales
son causa del descenso de las inversiones
bancarias en paraísos fiscales.
“La banca es intermediaria de
todas las empresas que quieran invertir
en Bolsa, por eso le va bien ese
escenario de opacidad y mantiene
un cierto nivel de inversiones”, afirma
Nuria Almirón, para dejar claro
que la banca no terminará sus actividades
en estos centros.

Falta de transparencia

Precisamente, uno de los grandes
atractivos de estos centros off-shore
es la oscuridad que los rodea. “La
transparencia es poca o nula, de tal
manera que una empresa o un fondo
de inversión de un particular no tiene
que dar explicaciones de cuánto
ha ganado ese año o de transacciones
o adquisiciones de empresas que
a lo mejor no son legales, porque en
sus países de origen hay reglamentaciones
que prohíben la acumulación
de propiedad”, afirma Nuria
Almirón, para quien las grandes
compañías buscan algo más que la
mera evasión fiscal. Esa misma opacidad
ha impedido delimitar el número
de paraísos fiscales existentes
en el mundo. Aunque la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) reconoce
35 centros off-shore, la cifra
data del año 2000. “Esa lista es minúscula,
porque la original, mucho
mayor, se redujo cuando se exigió a
los Estados que reformaran su legislación
para hacerla más transparente,
y sacó de la lista a quienes prometieron
hacerlo. Como en realidad
ningún Estado ha hecho nada, ya ni
publican lista alguna”, precisa
Almirón. Según la Red por la Justicia
Fiscal, la cifra llegaría a 70. Los datos
conjuntos de la OCDE y el FMI
sitúan a 18 de ellos en Europa.

La situación en el Estado español
no ha mejorado demasiado en los
últimos años, pues no existe una política
centralizada de lucha contra la
fuga de capitales a estos centros offshore.
Según las organizaciones de
inspectores de Hacienda, la Agencia
Tributaria es muy reacia a coordinarse
y compartir datos con las administraciones
autonómicas y locales,
lo que sería muy útil para combatirlos.

“Una solución sería que las
autoridades públicas no acepten hacer
ningún tipo de negocio y que no
concedan licencias o hagan tratos
con empresas con una sola actividad
en paraísos fiscales”, concluye
Nuria Almirón.

Para los inspectores de Hacienda,
las soluciones pasarían por medidas
tales como no reconocer la personalidad
jurídica de las sociedades erradicadas
en estos territorios, instaurar
una tributación del 24% en el Impuesto
de Sociedades para las actividades
que se tengan en estos territorios
e incluso prohibir a las entidades
bancarias que tengan filiales o sucursales
en dichos territorios. En la
UE las medidas que se han tomado
hasta el momento han perseguido
exclusivamente la aplicación de las
denominadas ‘reformas positivas’, es
decir, acercar el régimen fiscal de estos
países al de los centros off-shore.
Estas medidas están basadas en el
informe de 2001 Políticas fiscales en
la UE, el cual indicaba que la competencia
fiscal puede ser positiva para
el crecimiento de la economía.

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