Martinelli, una de las empresas
punteras y de mayor prestigio de
calzado en Elche, declaró el 30 de
septiembre una suspensión de pagos
que afecta a 147 trabajadores,
todos ellos fijos y con una media de
25 años trabajando en la fábrica.
Todos van a la calle sin explicación:
“Estábamos dispuestos a negociar
cualquier cosa para levantar la empresa,
porque sabemos que la marca
no va a desaparecer y que se sigue
produciendo en Portugal y en
la India”, afirma Isabel Ros, trabajadora
de la compañía.

El grupo empresarial Martinelli,
que nació en Elche en 1965, contaba
con cinco filiales en la ciudad y
en poco más de un año ha ido cerrándolas
todas hasta quedarse con
dos, Trudo y Logística del Calzado.
“Las indemnizaciones y las deudas
se han ido acumulando para poder
demostrar ahora las pérdidas, pero
no hay quiebra, la empresa quiere
externalizar la totalidad de la producción
y utilizan esto como excusa”,
afirma Juan Antonio Maciá,
responsable sindical del sector del
calzado en UGT.
Martinelli cuenta con una consolidada
red nacional de clientes, de
los cuales el principal es El Corte
Inglés. Joaquín Martínez Sánchez,
su gerente, recibió en 2003 el premio
al mejor empresario de la
Comunidad Valenciana y alcanzó
una cifra de negocio cercana a los
28 millones de euros.

El siguiente paso que va a dar la
empresa es presentar un Concurso
de Suspensión de Pagos, o lo que
es lo mismo, un juez será el encargado
de estudiar la situación y decidir
si realmente es insolvente o no.
Lo único que podría cambiar esto,
señala Isabel Ros, es que “un juez
con conciencia fuera capaz de ver
lo que ocurre y no sólo lo que se
plantea en los papeles, pues hemos
ido avisando de todos los pasos que
ha dado la empresa pero no han
querido verlo”. Si finalmente se cierra,
sería el Estado quien, a través
del Fondo de Garantía Salarial, daría
una indemnización de 20 días
por un máximo de 18 mensualidades.
“Vamos a intentar negociar
hasta el último momento para que
pague a los trabajadores lo que les
pertenece”, señala Juan González,
secretario del Comité de Empresa
(formado por UGT).

Para evitar el desmantelamiento
de la fábrica, los trabajadores se están
turnando para hacer guardias
por las noches y aseguran que van
a continuar así hasta que salga la
sentencia definitiva del juez, pues
todavía está muy reciente el caso
de Martínez Valero de hace dos
años, donde los empleados se encontraron
las puertas cerradas de
un día para otro y quedaron en la
calle. Es una práctica bastante habitual:
“Si los empresarios tuvieran
que pasar algún tiempo en la cárcel
por hacer esto, se lo pensarían dos
veces”, comenta Mª Gracia Aguilera,
secretaria general de UGT en
la comarca del Baix Vinalopó.
Los trabajadores no descartan,
dependiendo de cómo evolucionen
los hechos, convocar manifestaciones
o cualquier otro tipo acto de
protesta en las próximas semanas.