Una “marea” por 2.000 euros. Tres
semanas de faena continúa en un
bonitero barrido por las tempestades
del Atlántico norte. A cambio,
el doble de salario que en cualquier
otra oferta asequible para un joven
sin formación. Esta era la salida a
la que se aferraban cientos de parados
gallegos hace unos años. Hoy,
la válvula de escape del Gran Sol
ya no existe.

Ahora florecen las agencias de
contratación que proporcionan
marineros a los armadores gallegos.
Son unos 1.600, en su mayoría
indonesios que, según denuncian
sindicatos y profesores universitarios,
faenan explotados ante la pasividad
del Estado y la Xunta.

La primera en ponerle nombre a
los presuntos explotadores fue la
Confederación Intersindical Galega
(CIG). Xabier Aboi, su responsable
en pesca, firmó una denuncia ante la
Seguridad Social acompañada de las
ofertas de dos agencias: Total Spain
Quality ofrecía marineros indonesios
por 400 dólares, rusos por 900
euros. El precio era “orientativo”, es
decir, se podía negociar. Más baratos
aún salían en Shipping Oriental
Services (Shipopesca), 295 dólares
por cada marinero indonesio. Eso sí,
había que pagarles tres dólares por
cada tonelada de pescado.

La denuncia es de hace dos años,
pero la Administración no ha sancionado
a ninguna de las dos agencias
a pesar de ofertar trabajadores por
debajo del salario mínimo. “Todo el
mundo calló y miró para otro lado, la
Xunta, la Fiscalía, el Ministerio de
Trabajo, todo el mundo con competencias
se escondió”, declara indignado
Aboi a DIAGONAL. El sindicalista
insiste en que la “explotación
del hombre por el hombre” continúa
en los puertos gallegos: “Por el salario
de un marinero gallego, contratan
doce indonesios”.

De sueldos paupérrimos también
habla el profesor de la Universidad
de Santiago de Compostela (USC),
José Antonio Aldrey. Este geógrafo
indica que las agencias pagan “muy
poco, en torno a 500 euros al mes,
menos de una tercera parte de lo
que cobraría un marinero de aquí”
a pesar de que los indonesios “son
muy útiles para los armadores porque
son personas con cualificación
para faenar, hasta el punto que son
las propias empresas las que los
buscan en Indonesia”.

Contratos y control

La ausencia de investigaciones judiciales
está relacionada además
con el aislamiento de los marineros,
muy remisos a denunciar. El
profesor Aldrey los califica de “colectivo
dócil” tras explicar que los
armadores los tienen “bastante
controlados” en pisos pagados por
las agencias. Ademas, los propios
emigrantes limitan su vida social
al máximo para poder ahorrar.
Durante los tres o cuatro años que
permanecen en Galicia “a pesar de
ganar algunos muy poco, en torno
a 300 euros, consiguen mandar remesas
de hasta cien euros al mes a
sus familias, que aquí es poco dinero
pero que allá supone un incentivo
importante”. El experto explica
que en la gran mayoría de casos
“no se relacionan prácticamente
nada con la población local”, “no
tienen ningún tipo de identificación
con Galicia, ni idea del idioma” y
mientras piensan en retornar “viven
casi como extraterrestres”.

En opinión de la CIG los medios
de comunicación también contribuyen
a la explotación. Aboi denuncia
que “la prensa se esconde, a pesar
de que publicamos los contratos
que ofrecen las agencias, porque informar
de esto significa tocar a
grandes nombres de la pesca”. Muchos
indonesios faenan para ABSA,
sociedad de los armadores de
Burela y una de las de mayor facturación
de la provincia de Lugo.

Pago de indemnizaciones tras un
naufragio o repatriación de cadáveres.
Estos son los únicos temas que
protagonizan en los grandes medios
los marineros indonesios, carne
de cañón en el sector con mayor
mortalidad laboral de toda España.
Xabier Aboi apunta a la existencia
de verdaderas “mafias” que
pretenden construir un muro de
silencio. Así, el sindicalista apunta
al caso de un armador de
Ribeira (A Coruña) “presionado”
por otros armadores, molestos
porque este empresario, satisfecho
con sus tripulantes, les ofrecía
un sueldo digno.

Las empresas acusadas por la
CIG (las citadas Total Spain
Quality y Shipopesca junto a otras
como Crewnova, Nautae Burela y
Servixestion Burela) siempre han
negado cualquier irregularidad.
José Quelle, administrador de
Shipopesca, sociedad radicada en
Xove (Lugo), incluso amenazó a
la Confederación Intersindical
con una querella ante los tribunales
por acusarlo de “traficar con
carne humana”, demanda de la
que nunca más se supo.

Lo cierto es que la actividad de
estas empresas no es ilegal. En internet
docenas de agencias indonesias
ofertan tripulaciones a armadores
de todo el mundo. Por
ejemplo, Fosterindo presume de
proveer tripulaciones “a un coste
razonable” encargándose de todos
los trámites, incluidos los certificados
médicos para embarcar,
pasaporte, “asistencia a los marineros
desde el aeropuerto internacional
de Yakarta” y “el rápido pago
a las familias”.

“UNA SITUACIÓN LABORAL REGULADA NO EQUIVALE A SALARIOS DIGNOS”

M.V.

Con los también profesores de la
Universidad de Santiago de Compostela
(USC) Jesús González y
Xosé Manuel Santos, José Antonio
Aldrey es autor del estudio La
emigración extranjera en Galicia.
De él se desprende que todos los
indonesios son marineros con
experiencia, que salen de su país
con un contrato debajo del brazo
y a los que los empleadores les
facilitan comida y alojamiento.
En teoría, esto los convierte en
unos privilegiados frente a la
mayoría de los emigrantes que
entran en España. Nada más
lejos de la realidad. El estudio de
la USC apunta que la mayoría
cobra menos de 600 euros y que
“llaman la atención los bajos
salarios medios de los asiáticos
cuando son un colectivo con una
situación laboral mayoritariamente
regulada (...) unas buenas
condiciones de partida no redundan
en un salario adecuado. Es
más, esto probablemente les
afecte negativamente, es un precio
que deben pagar”. Es decir,
mientras que algunos emigrantes
tienen posibilidades de prosperar,
los marineros están atados a
unas condiciones pésimas durante
todo su permiso de trabajo.
Ante esta situación, el profesor
Aldrey demanda a las administraciones
asesoramiento a los
emigrantes y sobre todo “un
control más duro en el tema
laboral; las condiciones laborales
deben cumplir unos mínimos
al margen de dónde sea la
empresa o de si se trata de una
Empresa de Trabajo Temporal
que se queda con parte del salario”.
Por su parte el sindicalista
Aboy insiste en que ni Inspección
de Trabajo ni la Fiscalía
actúan en los buques con bandera
española o en los pesqueros
con bandera de conveniencia
que son, a su juicio, “la
verdadera selva, con salarios de
200 euros”. El representante de
la CIG denuncia que el resultado
es que en la mayoría de la flota
de altura ya no hay trabajadores
gallegos, salvo como capitanes
o patrones de pesca.