Políticos a sueldo de Marina D’Or
A finales de 2003 se detectó
que el entonces alcalde
de Castellón, José
Luis Gimeno (PP), compartía
a su jefe de gabinete,
Juan Enrique Mas, con
la empresa constructora
Marina D’Or. Este cargo
de confianza que actuaba
como funcionario de empleo
en el Ayuntamiento,
cobraba alrededor de
45.800 euros brutos al
año, sueldo al que hay
que sumar complementos
de productividad y horas
extras. Según la Ley de
Incompatibilidades el personal
contratado por administraciones
públicas
“no podrá ejercer, por sí o
mediante sustitución, actividades
privadas (...) sean
por cuenta propia o
bajo la dependencia o al
servicio de entidades o
particulares que se relacionen
directamente con
las que desarrolle el departamento
(...) donde
estuviera destinado”. En
febrero de 2004, el diputado
del PP en el Congreso,
Juan José Ortiz, no
informó al Ayuntamiento
de Oropesa sobre la inclusión
en el presupuesto de
2003 de la regeneración
de las playas de Oropesa,
mejora de la que sí dio
cuenta a Jesús Ger. El diputado
popular usó información
del ministerio de
Medio Ambiente para
redactar una carta dirigida
a Ger en donde le informaba
sobre el estado del
proyecto. Este escrito, con
membrete del Congreso
de Diputados, fue utilizado
por el empresario para
“convencer” a sus clientes
de la ejecución de próximas
obras en la playa.
Intereses inmobiliarios 3, vecinos 0
Jesús Ger manifestaba
su agradecimiento a los
“concejales del PP, PSOE
y GIO (agrupación independiente
de Oropesa)
por apostar por una
opción de futuro que nos
permitirá construir la
mayor ciudad de vacaciones
y ocio de Europa”.
Las irregularidades en la
adjudicación fueron
muchas: sus competidores
habían presentado
ofertas hasta un 50%
más económicas y al presentar
su candidatura
Marina D’Or ni siquiera
tenía como objeto social
el desarrollo urbanístico
ni la presentación o gestión
de propuestas de
urbanización, según
datos que constan en el
Registro Mercantil. Las
asociaciones de vecinos
de los pueblos afectados,
ignoradas en el proceso,
solicitaron que se
descartase cualquier
propuesta que “por sus
dimensiones, implicase
un excesivo riesgo y no
fomentase la participación
de los pequeños y
medianos promotores”,
que no contemplase la
preservación del patrimonio
natural y que no
respetase las viviendas
consolidadas en la zona.
Nada de esto se ha
cumplido.
Apropiación indebida de terrenos públicos
El pasado mes de agosto,
el Ayuntamiento de Oropesa
aprobó en la comisión
de Urbanismo iniciar
los trámites para legitimar
la concesión de suelo
público (casi 10.000
metros cuadrados) donde
se ubican unas pistas de
tenis y pádel que el grupo
Marina D’Or explota
desde hace cinco años.
La comisión desarrolló
con posterioridad un
estudio de viabilidad del
contrato de concesión de
obra pública para la
construcción y explotación
de pistas deportivas
con elementos terciarios.
Marina D’Or cobra por el
alquiler para el uso de las
pistas pero, hasta ahora,
no ha pagado ningún
canon al Ayuntamiento
por la ocupación de este
espacio. Resulta paradójico
de que el estudio de
viabilidad considere “idóneo”
unas parcela sobre
la que ya se desarrolla el
uso que ahora se pretende
legalizar.
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