URBANISMO SIN LÍMITES: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA EL MAYOR COMPLEJO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Un ‘Marina D’Or’ en Extremadura

La Junta de Extremadura
ha declarado de interés
regional un mega
complejo turístico de lujo
que urbanizará espacios
naturales protegidos,
vulnerando la Ley del
Suelo estatal y regional.

01/11/07 · 0:00
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El nuevo complejo turístico y residencial Marina Isla de Valdecañas se está construyendo sobre un espacio natural protegido. / EeA

Las obras del mayor complejo turístico
y residencial de Extremadura,
en el noreste de la provincia de
Cáceres, ya han comenzado. Para este
resort de lujo, que estará ubicado
en un islote del pantano de Valdecañas,
se prevé una inversión de
200 millones de euros. Entre sus
atractivos tendrá una playa artificial,
pistas deportivas, un hotel de cuatro
estrellas, un balneario y una urbanización
de 300 viviendas, además de
un puerto náutico. El complejo turístico
de salud, paisajístico y de servicios
Marina Isla de Valdecañas, como
lo han denominado, cuenta con
el apoyo incondicional de la Junta de
Extremadura, para quien la iniciativa
privada influirá positivamente en
el desarrollo económico de la región.

Además, el complejo turístico es considerado
como proyecto de interés
social para la zona y se espera que
ayude a la revitalización de los municipios
colindantes. Con esta justificación,
el 10 de abril fue considerado
por el Consejo de la Junta de Extremadura
como Proyecto de Interés
Regional. De esta forma, también se
recalificaron como urbanizables los
terrenos de suelo no urbanizable y
de la Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), así como zonas
que están dentro de la Red Natura
2000 (espacios naturales protegidos
por la Unión Europea).

A pesar de que el ‘Marina D’Or de
Cáceres’ se ofrece como un referente
en cuanto al turismo de calidad,
las opiniones contrarias no son pocas.
Ecologistas en Acción de Campo
de Arañuelo tramitó un recurso contencioso
administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura impugnando la declaración
del proyecto como de Interés Regional. Según José María Trillo,
abogado de Ecologistas en Acción,
“por un lado hay una vulneración de
la Ley del suelo de Extremadura y de
la Estatal, porque en ningún caso se
debe recalificar un terreno para hacer
un complejo turístico. En todo
caso, se podría recalificar si fuera
una construcción para usos sociales
como un centro de salud”.

En segundo lugar, el letrado apunta
a que no ha habido una valoración
suficiente del daño ambiental que el
proyecto va a provocar. “Y en tercer
lugar”, prosigue, “todos los estudios
de impacto ambiental deben proponer
varias ubicaciones según la ley,
y éste no ha propuesto ninguna ubicación
alternativa. Creemos que se
debieron aplicar los principios urbanísticos
y que lo lógico hubiera sido
ubicar el proyecto en torno a los núcleos
urbanos consolidados”.

Sin embargo, incumpliendo la
Declaración de Impacto Ambiental,
y sin haberse resuelto todavía el recurso,
las obras comenzaron en septiembre.
Se prevé la finalización de
la primera etapa del proyecto para la
primavera de 2009. La población
prevista es de 2.105 habitantes, por
lo que se va a cuadruplicar la población en relación a los dos términos
municipales colindantes, el Gordo
y Berrocalejo. Mientras tanto, la
Junta de Extremadura se vanagloria
por el compromiso social que
asume el complejo, al resolver el
déficit de infraestructuras que tienen
los municipios de la zona (potabilizadora
de agua, depuradora
de vertidos y mejora en la red eléctrica).

“Creemos que la Junta se
está beneficiando de este proyecto
al declararlo como de Interés Regional,
pues se están delegando
responsabilidades que competen a
los ayuntamientos. Se está haciendo
un fraude de ley, pues los únicos
que tienen aquí intereses son
la promotora y la Junta. Al declararlo
como de Interés Regional,
por la inversión en infraestructuras,
la Administración se lava las
manos y no hace cosas que debería
de haber hecho mucho antes”,
denuncia el abogado.

La promotora del complejo es la
Sociedad Marina Isla de Valdecañas
SA, sociedad cuya accionista mayoritaria
es Marina de Islantilla. Esta
promotora viene desarrollando complejos
similares en la costa de Huelva
y ya ha sido denunciada por Ecologistas
en Acción por los daños
ambientales que ha ocasionado en
el litoral onubense. Cabe resaltar
que el que aparece como apoderado
de la empresa es José María Gea,
que según el registro mercantil es titular
de 20 sociedades.

El turismo corporativo promovido
por estas sociedades suele venir
acompañado de graves impactos en
el medio y en la población local, que
termina siendo, en último término, la
más afectada, sobre todo en las épocas
de alta temporada. Es usual que
se dé una competencia por los recursos
primarios entre los habitantes de
los pueblos y los turistas, como ocurre
con el agua potable o la electricidad.

Por otro lado, la supuesta reactivación
económica que se da en estos
periodos no siempre es la más deseada
por la población. Francisca
Blanco, coordinadora de Ecologistas
en Acción de Campo Arañuelo, no
puede ser más clara: “Lo que ocurre
es que ya se han cargado el litoral y
ahora van a cargarse el interior, haciendo
grandes negocios inmobiliarios
mientras juegan con nuestra salud
en nombre del progreso. Y tal vez
se generen más empleos, pero será
porque al final la empresa constructora
subcontrata a otra subcontrata
que llevará a emigrantes casi rayando
el esclavismo y no contratan a las
gentes de los pueblos”.


Empiezan las obras y decrece el río Tajo

El 3 de octubre, la Asociación
para la Defensa de la
Naturaleza y los Recursos
Naturales de Extremadura
(ADENEX) y Ecologistas en
Acción presentaron una
denuncia que considera
que la desecación del río
Tajo es consecuencia de
las obras del Complejo Isla
Valdecañas. Los grupos
ecologistas vienen denunciando
que la reducción
del caudal forma parte de
una maniobra de la empresa
privada y la Confederación
Hidrográfica, que afecta
a miles de animales
atrapados por la bajada de
las aguas. El fiscal coordinador
de Medio Ambiente y
Urbanismo del Tribunal
Supremo ha comunicado a
finales de octubre la apertura
de las diligencias. Esto
implica que si el fiscal considera
que hay indicios
suficientes para declarar
que la Confederación
Hidrográfica ha permitido
la desecación del río Tajo
para las obras, se tendrían
que emprender las diligencias
penales oportunas.

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