ARGEL. El 11 de abril, tres coches bomba sacudieron la capital de Argelia, con el saldo de 30 personas muertas. / A. Kader

El 11 de abril, Argel se despertó con
un pánico que tenía casi olvidado.
Después de siete años de relativa
calma, los coches bomba volvían a
la capital, haciendo revivir la pesadilla
de los ‘años de plomo’. Una década,
la de los ‘90, que se cobró la vida
de unas 200.000 personas y dejó un
rastro de más de 15.000 desaparecidos.
Según cifras oficiales, 30 personas
fallecieron y 57 resultaron
heridas como consecuencia de la
explosión de tres vehículos conducidos
por kamikazes. Al-Qaeda en
el Magreb Islámico, organización
que reivindicó el ataque a través de
un comunicado con las fotografías
de los tres suicidas, al más puro estilo
de la marca madre, golpeó en el
corazón mismo del Estado: la sede
de la sección Este de la policía judicial,
en el barrio periférico de Bab
Ezzuar y el Palacio de Gobierno, auténtico
centro del poder político.
Nunca antes los islamistas armados
habían sacudido tan alto.

Esa misma semana, como respuesta
desesperada a una vasta
operación antiterrorista, seis integristas
se inmolaron en Casablanca,
provocando la muerte de
un inspector de policía y heridas en
otras 22 personas. Una rama local
de al-Qaeda se atribuyó las acciones,
que, al igual que en Argel, generaron
un miedo colectivo que se
prolongó durante varios días. Tras
las explosiones, la policía de la capital
argelina recibió 200 avisos de
vehículos y objetos sospechosos en
sólo 24 horas y efectuó más de cien
intervenciones en tres días.

Sin embargo, lo sucedido el día 11,
aunque guarda una línea de continuidad
con la cruenta guerra civil de
esos años, poco tiene que ver con esa
década. En primer lugar porque sus
autores apenas tienen apoyo entre la
población. No sólo la totalidad de los
partidos políticos, incluidos los islamistas,
y las organizaciones sociales
y religiosas, sino la mayor parte de
los ex dirigentes del antiguo Frente
Islámico de Salvación (FIS) ha condenado
los atentados. Y en segundo,
porque los métodos son diferentes.

Al igual que ocurre en Marruecos y
en el resto del Magreb, los atentados
suicidas resultan extraños a la cultura
de la lucha armada islamista. En el largo conflicto argelino, sólo en
dos ocasiones los integristas del GIA,
que sembraron el terror durante más
de diez años con sus bombas indiscriminadas
contra civiles, utilizaron
kamikazes. En la monarquía alauita,
por su parte, los atentados de
Casablanca de mayo de 2003 inauguraron
en el país esta forma extrema
de combate, más propia de los
países de Oriente Medio, que en su
versión Al-Qaeda busca la máxima
mediatización.

Desde que en septiembre del año
pasado un supuesto portavoz de
Al-Qaeda anunciara la admisión en
esta red de los Grupos Salafistas
para la Predicación y el Combate
(GSPC) argelinos, las acciones de
estos se tornaron más contundentes
y espectaculares. Con los ataques
del día 11, los GSPC, rebautizados
como Al-Qaeda en el Magreb
Islámico, mostraban su capacidad
mortífera, entrando de lleno en la
campaña electoral de los comicios
legislativos del 17 de mayo, a la par
que torpedeaban el proceso de “reconciliación
nacional”.

“Existe una seria preocupación
porque esto es algo nuevo, un terrorismo
que no conocemos”, indicó a
DIAGONAL Nadia Bouzid, de 45
años, profesora de universidad e hispanista.
Bouzid, que padeció muy
de cerca los ‘años de plomo’, junto a
la minoría laica y progresista del país
se muestra inquieta ante la falta
de datos sobre los resultados de la
política de “reconciliación nacional”.
“¿Dónde están los terroristas que
han sido liberados, qué hacen ahora
los que han bajado del maquis y se
han rendido; cuántos son los jóvenes
que se están incorporando a los
grupos armados?”, se pregunta. En
septiembre de 2005, el Estado aprobó,
por la vía referendaria, una ley
de amnistía que perdonaba a los islamistas
armados que se rindiesen y
a los agentes del Gobierno implicados
en casos de guerra sucia. En virtud
del texto, unos 2.600 presos islamistas
han sido puestos en libertad
y 350 terroristas activos han entregado
sus armas. Al margen de estas
cifras y a pesar de que los partidos
en el Gobierno siguen felicitándose
por el éxito de la reconciliación, no
existen otros datos oficiales que avalen
este optimismo.

El nuevo yihadismo magrebí, como
demuestra la extracción social
de los kamikazes de los últimos ataques
de Argel y Casablanca, que procedían
de auténticas ‘villas miseria’
de estas dos ciudades, busca sus militantes
entre los jóvenes empobrecidos
y sin futuro, un sector muy abundante
en unas sociedades con un paro
endémico que afecta a más del
20% de la población. “Tenemos miedo
de que parte de nuestros jóvenes,
movidos por la miseria en la que viven,
se enrolen en el maquis terrorista”,
afirmó a este quincenal Belaid
Abrika, portavoz del potente (y antiislamista)
movimiento ciudadano
de Cabilia, la región donde opera el
mayor número de grupos armados.
Para atajar este riesgo, subrayó
Abrika, es necesario que el Estado
ponga en marcha un “plan de urgencia
de carácter socioeconómico y democrático”
que mejore las condiciones
de vida de la población argelina,
reduzca las diferencias sociales y
permita una mayor participación de
la población en la vida política.

Por ahora, las prioridades del ejecutivo
Buteflika poco tienen que ver
con este planteamiento. Horas después
del triple atentado, su ministro
del Interior anunció un nuevo aumento
de los efectivos policiales y de
la gendarmería para combatir el terrorismo
en las ciudades. Las manifestaciones
siguen prohibidas en virtud
de un estado de emergencia aún
vigente y los islamistas de los años
‘90 tienen prohibida su participación
en el juego electoral. Los familiares
de los desaparecidos y las víctimas
del conflicto armado pueden reclamar
indemnizaciones al Estado pero
está vedado investigar y hacer pública
la verdad de lo ocurrido en los
años pasados. En el contexto de los
comicios de mayo, para malestar de
un sector del islamismo político moderado,
el poder ha prohibido la participación
de Abdalah Yabalah, uno
de los líderes del partido El Islah y ha
impuesto al FLN, partido en el gobierno,
numerosos cabezas de lista,
generando un profundo malestar en
una buena parte de las bases. Con
estos mimbres, ¿quién puede mostrarse
optimista con el avenir de este
castigado país?

Egipto y los Hermanos Musulmanes

F. JAVIER AGUAYO / EL CAIRO

Actualmente los Hermanos
Musulmanes son la organización
política más poderosa
al margen del Gobierno
egipcio. La Hermandad se
encuentra en un limbo legal,
tolerada por el Gobierno de
Mubarak, pero objeto de
una fuerte represión, que ha
llevado a cientos de sus
miembros a prisión.
Precisamente gracias a esa
situación de alegalidad, en
las elecciones parlamentarias
de noviembre de 2005
pudo obtener una importante
representación en el
congreso egipcio. Estos
resultados se interpretaron
como una prueba del fuerte
respaldo social con el
que cuenta la Hermandad,
algo que se ha visto reforzado
en los últimos años.
No obstante, el creciente
protagonismo de la organización
islámica ha hecho
saltar las alarmas en algunos
sectores del Gobierno
de Mubarak. De manera
que, por medio de un procedimiento
de urgencia, el
pasado mes de marzo se
aprobaron una serie de
reformas constitucionales,
uno de cuyos artículos
impide a cualquier partido
de base religiosa presentar
candidatos a las elecciones
presidenciales. En definitiva,
un intento de impedir
que la Hermandad
alcance el poder de manera
legal.

Represión en Túnez

GLADYS MARTÍNEZ

Entre el 23 de diciembre y
el 3 de enero, un suburbio
de Túnez fue testigo
de intensos tiroteos entre
la policía y un grupo
armado, que se saldaron
con la muerte de 12 supuestos
islamistas y la
detención de otros 15.
Desde entonces, centenares
de personas han sido
detenidas en redadas
policiales. A éstas se
suman 500 personas
condenadas y mil a la
espera de juicio en virtud
de la ley antiterrorista
aprobada en 2003 por el
régimen de Ben Ali en un
país en el que la presencia
de islamismo extremista
es esporádica. “Los
últimos acontecimientos
son la expresión del fracaso
de la política securitaria
del régimen. La violencia
llama a la violencia, y
la eliminación del espacio
público es caldo de cultivo
del extremismo”, según
el Consejo Nacional para
las Libertades en Túnez.