La elección de Londres como
sede de los Juegos
Olímpicos de 2012 ha reavivado 
el recuerdo de las
imágenes de la BBC en las que
unos periodistas, haciéndose pasar
por empresarios, filmaron cómo 
Ivan Slavkov, miembro del Comité
Olímpico Internacional (COI),
aceptaba un soborno a cambio de
votar por Londres. Al margen de la 
sospecha de que otros votos pueda n
haber sido comprados, hay 
otra cuestión bastante más inquietante
que ha quedado en el aire:
¿por qué les interesa a los empresarios
gastar dinero en sobornos
para conseguir que los JJ OO se celebren
en su ciudad?

Si un empresario invierte es porque
espera obtener un jugoso beneficio.
Desde luego, en el caso de
Londres, donde han esperado a conocer
la decisión del COI para ponerse
a construir las diversas infraestructuras
requeridas para los
Juegos, los empresarios de la construcción
no sacaban nada si era otra
la ciudad designada. En Madrid, en
cambio, parece que las constructoras
e inmobiliarias han sabido blindar
sus contratos en previsión de
un probable fracaso de su candidatura.
En efecto, las obras continúan:
la Caja Mágica de tenis, el
Centro Acuático y, muy posiblemente,
la remodelación de la
Peineta (con un coste aproximado
de 140, 150 y 159 millones de euros
respectivamente) seguirán adelante
a pesar de que nos hayamos quedado
sin Olimpiadas. De hecho, el
informe de impacto económico encargado
por el Ayuntamiento destaca
que, de los 6.497 millones presupuestados
para infraestructuras,
“la mayoría de las inversiones se realizarán
en torno a los años centrales
2004-2007, siendo 2005 el año
en el que la cifra de inversiones es
más alta”.

El negocio está asegurado, mientras
que la endeble excusa de la
atracción de inversiones y la creación
de puestos de trabajo desaparece
al desvanecerse la coartada
olímpica. En un escenario de brutal
endeudamiento como el de Madrid,
construir este tipo de instalaciones
no sólo constituye una pésima elección
presupuestaria sino que, además,
augura un futuro de gastos millonarios
para dar uso a estas infraestructuras.
Un buen ejemplo es
el del Masters Series; en 2002
Madrid pagó 9,8 millones de euros
por disfrutar durante cinco años de
los derechos de este campeonato
de tenis en un carísimo intento de
dotar a la ciudad de proyección internacional
con vistas a la presentación
de la candidatura olímpica.
Ahora, además del presupuesto
propio del Masters Series, el
Ayuntamiento ha aprobado destinar
4,5 millones más que han “sobrado”
del extinto Instituto Municipal
de Deportes a financiar este
espectáculo, en lugar de emplearlo
en polideportivos y deporte de base,
como estaba previsto. Por lo demás,
el Ayuntamiento tuvo que gastarse
unos 80 millones de euros en
adaptar el antiguo rockódromo
(hoy pabellón Arena) porque no había
en Madrid instalaciones adecuadas
para este deporte. Ahora,
con la construcción de la Caja
Mágica, vamos a tener dos, por lo
que cabe esperar que la suma de dinero
público destinada a deporte
de elite seguirá creciendo (a no ser
que quieran dejar sin uso el pabellón,
como hicieron con el velódromo
de Carabanchel que, construido
en 1990, jamás se ha utilizado).

El argumento principal de los defensores
de la construcción de estas
infraestructuras, con Juegos o
sin ellos, es el que asegura que poseen
un importante efecto reequilibrador.
La construcción de la Caja
Mágica en Usera, “en una zona que
hasta hace unos meses era una escombrera”,
según palabras de
Alberto Ruiz Gallardón, constituye
un ejemplo perfecto de lo que el alcalde
considera reequilibrio territorial.
Otro tanto sucede con la implantación
del Centro Acuático en
San Blas. Obviamente, esto no tiene
nada que ver con las auténticas
medidas de reequilibrio territorial;
Madrid es una ciudad con innumerables
carencias y una fuerte polarización
social patentemente reflejada
en su territorio. Si hay alguna
forma de paliar esta situación es
dotando a los barrios con más carencias
de más y mejores servicios
sociales, un gasto difícil de asumir
una vez que se ha destinado el dinero
a infraestructuras inútiles. La
otra opción, es decir, la construcción
en un barrio degradado de un
edificio emblemático, ya sea museo,
instalación deportiva o cualquier
otro supuesto polo de atracción,
lo único que consigue “reequilibrar”
es el precio de los pisos y
su efecto más obvio para los vecinos
de menor poder adquisitivo, especialmente
los arrendatarios, es
la expulsión (véase el caso del
MACBA, en pleno barrio del Raval,
en Barcelona).

Por último, para saber cuánto se
han gastado en la fase inicial de la
candidatura (que contaba con un
presupuesto de 15,8 millones de
euros) habrá que esperar a que se
haga la prometida auditoría pero,
si tenemos en cuenta que la delegación
española que viajó a Singapur
era de 300 personas (la más
numerosa de todas), el despilfarro
promete ser mayúsculo.