Las palabras cáncer, leucemia, malformaciones
o anemia hemolítica
son corrientes en las conversaciones
de los vecinos de este barrio humilde,
ubicado en la periferia de la
ciudad argentina de Córdoba.
Rodeados por cultivos de soja, los
habitantes de esta zona han sufrido
las continuas fumigaciones y pulverizaciones
aéreas que no diferenciaban
entre calles y sembrados.
Tras muchos años de noticias adversas,
la perseverancia de las madres
del barrio Ituzaingó Anexo en
su lucha contra las fumigaciones ha
dado sus frutos y se ha convertido
en un referente.

El 30 de diciembre de 2008, la
Justicia cordobesa prohibía fumigar
a menos de 500 metros de zonas urbanas,
ampliándolo a 1.500 metros
para las fumigaciones aéreas. Ahora,
su incumplimiento supone un delito
penal, fallo que sienta precedente
para las numerosas denuncias que
se están realizando a lo largo de toda
la región sojera argentina.

Paradójicamente, las medidas de
separación de las fumigaciones de
cultivos industriales de los lugares
habitados cercanos estaban ya reflejadas
en la legislación provincial
–impulsada varios años antes por el
mismo colectivo de madres. La resolución
sólo reafirma, por tanto, la vigencia
de las mismas, aplicándole la
categoría de delito penal a su incumplimiento
y procesando a los culpables
de dichas fumigaciones.

Durante varios años no se han
cansado de contar su historia a todo
aquel que quisiera escucharlas, luchando
contra lo que consideran que
está envenenando el barrio. Según
relataron en la Asamblea de los
Pueblos (Ecuador, 2005), tras observar
cómo cada vez había más niños
con barbijos, personas con cáncer o
afectadas de leucemia en su barrio, a
comienzos del año 2001 varias mujeres
comenzaron a recopilar información
sobre las personas enfermas del
barrio. Durante cuatro meses anotaron
nombres, diagnósticos y direcciones
de las personas enfermas y
entregaron la información al
Ministerio de Salud del municipio
para solicitar estudios de contaminación
en suelos, aire y agua.

Primeros análisis

A medida que el problema se fue haciendo
más notorio, el barrio fue tomando
conciencia de lo que pasaba.
Los primeros análisis detectaron
agroquímicos en el agua, mientras
que todos los transformadores de la
empresa de energía eléctrica local
fueron retirados antes de que se les
practicaran estudios de identificación
de contaminantes químicos y
mediciones electromagnéticas.

En junio de 2002, 40 vecinos presentaron
una querella ante un juez
y un petitorio al Consejo deliberante
de la ciudad, exigiendo análisis
del suelo, tanques de agua domiciliarios,
transformadores eléctricos,
aire y campos magnéticos. Los análisis,
realizados por el CEPROCOR
(organismo dependiente del Gobierno
de la provincia de Córdoba),
revelaron la presencia, entre otros,
de los insecticidas endosulfán, heptacloro,
malatión, clopirifós, cis
clordano o DDT, la mayoría prohibidos
en la UE y otros muchos países,
incluido Argentina. También
se encontraron en las muestras metales
pesados como el plomo, el
cromo o el arsénico. A partir de sus
acciones, consiguieron el establecimiento
de ordenanzas municipales
que prohíben la fumigación a menos
de 2.500 metros de núcleos urbanos,
así como la fumigación aérea
en la ciudad de Córdoba. Pero
su incumplimiento se convirtió en
norma.

“A partir de ese momento comenzamos
a recorrer despachos realizando
denuncias ante el titular de la
Secretaría de Derechos Humanos,
los ministerios de Medio Ambiente y
Salud, el Congreso de la Nación o
entrevistándonos con Adolfo Pérez
Esquivel (premio Nobel de la Paz),
pero no conseguimos nada”, relata a
DIAGONAL María Godoy, una de
las Madres de Ituzaingó.

En el año 2004, junto a un médico,
verificaron más de 150 casos de cáncer
en un barrio de 5.000 habitantes.
Según Godoy, en la actualidad se
contabilizan 300 casos de cáncer,
“sin contar lupus, púrpuras, anemias
hemolíticas, hodking linfáticos,tumores
y leucemias”.

Esta madre de Ituzaingó denuncia
que los habitantes del barrio han
sufrido numerosas amenazas y presiones
para que el caso no tomara
relevancia pública. Esto se explica
porque muchos de ellos dependen
de las administraciones provinciales
al ser beneficiarios de planes sociales
o depender de los servicios
médicos y sanitarios públicos, como
la obtención de medicamento.

Con la aparición del caso en algunos
medios de comunicación argentinos
y su mención en un discurso
de la propia presidenta de la
nación, Cristina Fernández, se consiguió
romper el cerco mediático.
El siguiente efecto de la lucha de
estas madres fue la denuncia oficial
por envenenamiento que realizó
la Subsecretaría de Salud de la
Municipalidad de Córdoba en febrero
de 2008, impuesta por el juzgado
a finales de 2008. El fiscal ordenó
estudios en los patios de las
viviendas que confirmaron la presencia
de endosulfán y glifosato,
los principales agroquímicos usados
en los cultivos de soja transgénica
(basada en la incorporación de
un gen resistente al glifosato en el
genoma de las plantas de soja) y en
los cuales se basa el modelo agroindustrial
sojero actual. También
allanó los almacenes de los agricultores
cuyos cultivos rodean el barrio,
y se encontraron tambores con
estos agrotóxicos.

Después de estos hallazgos, los
productores, el dueño del avión fumigador
y el aviador fueron procesados.
Tras cinco días fueron liberados.
Ahora, la lucha pionera de estas
madres de Ituzaingó se extiende por
toda la región sojera argentina.

¡PAREN DE FUMIGAR!, CAMPAÑA CONTRA LA EXTENSIÓN DEL MODELO SOJERO

En la actualidad, la asociación
de Madres de Ituzaingó forma
parte de una campaña a nivel
estatal promovida por el
Grupo de Reflexión Rural, referente
argentino en la lucha
contra el modelo agroexportador
basado en el cultivo industrial
de plantas transgénicas.
Tras el grito “¡Paren de fumigar!”
se encuentran numerosas
asociaciones y colectivos
enmarcados en una campaña
que denuncia “el genocidio
practicado sobre los habitantes
de las provincias sojeras y
los puertos por donde se
exportan los productos de los
cultivos agroindustriales”. Un
envenenamiento ocultado o
desconocido debido a los “éxitos
económicos” que ha generado
el modelo agroexportador
argentino. La lucha de las
Madres de Ituzaingó contra las
fumigaciones de agroquímicos
en el barrio Ituzaingó Anexo ha
sido el referente en otras
zonas de la región sojera que
están sufriendo las mismas
consecuencias.

Según Gerardo Mesquida,
coordinador de la campaña
¡Paren de Fumigar! en Córdoba,
ya son muchos los colectivos,
habitantes de pueblos
fumigados y personas sensibilizadas
con la causa que se han
incorporado a la campaña. Los
cultivos agroindustriales como
los que rodean el barrio Ituzaingó
se encuentran en continua
expansión. Según datos del
Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, la extensión de
la soja sembrada alcanza los
14 millones de hectáreas, a los
que habría que sumar las dedicadas
a girasol, maíz y otras
oleaginosas. Mesquida declaró
a DIAGONAL que actualmente
la campaña está recopilando la
máxima información posible de
todos los pueblos de la zona
con la misma problemática,
con el objetivo de denunciar
todos los casos de contaminación
que se detecten. Así
mismo, realizan frecuentemente
reuniones en cada uno de
los pueblos afectados con el
objetivo de recabar pruebas y
coordinar las acciones pertinentes,
denunciando los brutales
impactos de estas prácticas
en la salud, la economía local
y el entorno.

Más información sobre los
pueblos fumigados en www.grr.org.ar