TENERIFE // PESE AL VISTO BUENO DE LAS AUTORIDADES, COLECTIVOS SOCIALES RESALTAN EL ALTO IMPACTO ECOLÓGICO DEL
Macroirregularidades de un macropuerto

El macropuerto, cuya
construcción se anuncia
inminente por parte del
Gobierno canario,
encadena denuncias por
vulnerar la normativa
comunitaria y española.

06/02/09 · 2:04
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TENERIFE DICE ‘NO’ AL MACROPUERTO. Manifestantes simulan una marea negra en una de las playas que se verá más afectada por el puerto de Granadilla.

La construcción del macropuerto industrial
de Granadilla de Abona en
Tenerife es ya inminente. Al menos,
según lo manifiesta el Gobierno de
Canarias. El consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias, Domingo
Berriel, así lo afirmaba días atrás. El
presidente de la Autoridad Portuaria
de la isla del Teide, Pedro Rodríguez
Zaragoza, apostillaba por su parte
que el plazo de comienzo de las
obras sería de dos semanas. Ambos
representantes de la burocracia legal
basaban esta decisión en que ya
no existía impedimento legal alguno,
en una obra autorizada por
Bruselas y que dispone de evaluación
de impacto ambiental.

Sin embargo, el último capítulo de
este tremendo fraude social, político
y ecológico, ha tenido que ver con la
descatalogación de parte de los Sebadales
del Sur de Tenerife, un
Lugar de Interés Comunitario (LIC)
que se vería afectado por las obras.
Según el responsable del Gobierno,
se procederá a transplantar los sebadales
afectados y los que no se puedan
transplantar se descatalogarán
del LIC para “no vulnerar la norma”.
Los Verdes-GV han salido al paso de
toda esta hipocresía denunciando
que bajo esta decisión estaba el destino
de los fondos arenosos de la zona
como áridos para otros negocios
insulares, como la playa artificial La
Nea de Candelaria (estos fondos arenosos
alimentan cíclicamente las playas
de El Médano, las cuales entrarían
en un proceso de desaparición).

Igualmente, Ecologistas en Acción
ha interpuesto otra denuncia a la
Comisión Europea sobre el tema.
El futuro puerto de Granadilla
(www.nopuertodegranadilla.org) ha
sido el buque insignia de las luchas
ecologistas insulares los últimos cuatro
años, tras aquel mítico movimiento
‘Toda la isla es Vilaflor’ y la manifestación
contra Unelco-Endesa el
23 de noviembre de 2002 que sacó a
la calle más de 150.000 personas, logrando
echar abajo el proyecto de
tendido de alta tensión por los montes
de la isla. La Asamblea por Tenerife,
(www.asambleaportenerife.
org) movimiento político social
surgido en la Isla, como oposición a
un modelo depredador del medio, ha
aglutinado bajo el lema: “Ya está
bien”, la oposición al citado puerto
con diferentes manifestaciones multitudinarias,
actos ciudadanos y denuncias
de todo tipo, tanto en la administración
estatal española como
en la UE, por vulnerar este proyecto
las normativas comunitarias y la propia
legislación española.

Sin embargo, el talón de Aquiles
de esta gigantesca obra –que sólo en
su primera fase invertirá 104 millones
de euros– no era la legislación
medioambiental de la UE, sino la política
energética canaria. El problema
de la energía en Canarias necesitaba
un puerto para abastecerse
de combustibles fósiles, especialmente
gas natural, y, sobre todo, la
planta de regasificación que ya tiene
el visto bueno de la Administración
para comenzar su instalación. El
Plan Energético de Canarias (Pecan)
y su apuesta por los fósiles y la
introducción del gas natural, ha sido
la causa principal de la puesta en
marcha de este proyecto que junto a
la central térmica de Granadilla, levantada
a su lado en la década de
los ‘90 y el polígono industrial adyacente,
forman parte de una misma
estrategia para hacer rentable el negocio
del gas, controlado por Gascan,
una empresa creada en los últimos
años con participación pública
y liderada por Endesa (ver: www.todacanariascontraelgas.
org).

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