SECRETO BANCARIO // EE UU EXIGE AL BANCO SUIZO UBS QUE ENTREGUE AL FISCAL LA IDENTIDAD DE UNOS 52.000 CLIENTES
¿Lucha contra el fraude fiscal o reorganización del sistema financiero internacional?



02/04/09 · 0:00
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La lucha contra el fraude fiscal
parece ser actualmente
el centro de las intervenciones
de EE UU, del G-20 y de
la UE. El 2 de febrero, la Comisión
presentó dos nuevas propuestas de
Directiva que tienen el objetivo de
mejorar la asistencia mutua entre las
autoridades fiscales de los Estados
miembro. Si se adoptan estos proyectos,
los Estados miembro ya no
podrán invocar el secreto bancario
para rechazar las demandas de cooperación
en materia fiscal. Estas reglas
internas de la UE afectarían
igualmente a Suiza.

El control de los mercados financieros
está también en el orden del
día del G-20 de los países más importantes,
industrializados o emergentes,
que se celebra el 2 de abril en
Londres. El primer ministro británico,
Gordon Brown, que preside esta
cumbre, ha apelado a una “acción
mundial contra los paraísos fiscales”.

El hecho de que, de los 31 paraísos
fiscales contabilizados por la OCDE,
nueve estén en territorio británico y
14 en ex colonias de la corona demuestra
que la lucha contra el fraude
fiscal no puede ser el verdadero
objetivo de esta cumbre. Las cosas
empiezan a perfilarse cuando se sabe
que Suiza, uno de los principales
centros financieros del mundo, no
ha sido invitada a esta cumbre. De
hecho, se trata de una reorganización
del sistema financiero internacional,
cuyos platos rotos ella puede
acabar pagando. Esto ya ha quedado
claramente demostrado con el asunto
UBS. La acción de la Administración
estadounidense contra este
banco helvético en realidad es una
utilización de una operación contra
la evasión fiscal de sus ciudadanos
para modificar en beneficio de la
Administración estadounidense las
reglas del funcionamiento del sistema
bancario a nivel mundial.

En un primer momento, el 18 de
febrero, el banco suizo UBS aceptó,
a pesar del derecho helvético, entregar
a la justicia estadounidense el
nombre de unos 250 clientes a los
que había ayudado a evitar el fisco
estadounidense. También aceptó pagar
780.000 millones de dólares de
multas. La Administración estadounidense
habría podido obtener esta
lista respetando el procedimiento
suizo y el acuerdo firmado previamente
entre Suiza y EE UU.

¿Cuestión de soberanía?

Para encubrir este procedimiento, la
autoridad suiza de vigilancia de los
bancos, la FINMA, utilizó un artículo
de ley previsto para situaciones en
que un banco está amenazado de
quiebra. Se trataba de saltarse la vía
judicial normal y de entregar, sin esperar,
los nombres de los clientes. El
problema era o bien entregar los
datos o bien arriesgarse a una denuncia
penal del Departamento de Justicia
estadounidense, teniendo en
cuenta que en el pasado prácticamente
ninguna empresa había sobrevivido
a una denuncia del Departamento
de Justicia estadounidense.
Sin embargo, la justicia estadounidense
ha vuelto a la carga, a pesar de
que los datos habían sido entregados.

Ahora exige que UBS entregue
al fiscal la identidad de unos 52.000
clientes estadounidenses titulares de
“cuentas secretas e ilegales”. Las
cuentas incriminadas representan
un total aproximado de 14.800 millones
de dólares. Estas exigencias se
basan en una denuncia presentada
por la Administración estadounidense
en el tribunal civil de Miami.

El 20 de febrero, el Tribunal
Administrativo Federal de Suiza comunicó
su decisión de prohibir la
transmisión de los datos bancarios
de los clientes de UBS a las autoridades
estadounidenses. A pesar de todo,
ya se han entregado los datos de
los 250 clientes de UBS.

El abogado de la empresa en
Washington, George Clarke, piensa
que “sin duda el fiscal estadounidense
ya conocía esta lista de clientes”.
Se puede suponer que los estadounidenses
hacen que se les entregue una
lista de nombres que ya tienen. El objetivo
es menos el establecimiento de
procedimientos fiscales que obligar
tanto al banco UBS como a las autoridades
de regulación suizas a violar
su propia legalidad. Se trata, pues,
de un auténtico acto de soberanía internacional
en la medida en que
EE UU tiene capacidad de imponer
una decisión que viola el marco legal
en el que ella se inscribe.

Tanto la respuesta positiva de UBS
como su legitimación por parte de
las autoridades de control suizas sitúan
a la Administración estadounidense
en una posición que le permite
formular nuevas exigencias, de nuevo
fuera de toda legalidad. Así, la soberanía
estadounidense se define no
sólo como capacidad de imponer la
excepción, sino de imponer un Estado
de excepción permanente.
Esta manera de proceder recuerda
a la forma en que EE UU obtuvo de
las autoridades europeas tanto la
transferencia de los datos de los pasajeros
aéreos como las informaciones
financieras sobre ciudadanos de
la UE. En primer lugar, EE UU planteó
un acto de pura fuerza, de toma
de las informaciones personales violando
el derecho europeo. Más tarde
varios acuerdos firmados con la UE
legitimaron esta acción.

El hecho de que la Administración
estadounidense disponga (a través
del servidor [informático] de la sociedad
Swift situado en territorio estadounidense)
del conjunto de las informaciones
relativas a las transacciones
financieras internacionales
permite suponer que, en su mayor
parte, ya tiene los datos reclamados
a USB de los 52.000 defraudadores
del fisco estadounidense. Recordemos
también que gracias a Remotegate
las autoridades estadounidenses
disponen de una entrada especial
que les permite vigilar los intercambio
entre bancos internos de Suiza.

El sistema de cifrado que utiliza el
banco tampoco podría resistir a las
investigaciones de la NSA, la agencia
de espionaje estadounidense que
está particularmente especializada
en esta materia. Tampoco podría el
lenguaje codificado utilizado por los
gerentes de UBS (‘naranja’, por euro;
‘verde’, por dólar; ‘cisne’, que significa
un millón, y ‘nuez’, 250.000)
engañar a un investigador.

En sus últimas exigencias, lo esencial
para las autoridades estadounidenses
es hacer que se les entreguen
también las informaciones, lo cual es
una violación de los procedimientos
jurídicos suizos. Se trata de hacer
que este Estado abandone sus prerrogativas
de regalía para cedérselas
a la Administración estadounidense.
Además, el Consejo Federal de Suiza
reaccionó en términos de soberanía
el pasado domingo 22 de febrero protestando
contra las amenazas estadounidenses
de medidas unilaterales
y anulando su participación en una
audición en el senado estadounidense
en relación a las cuestiones fiscales
y al asunto UBS.

Esta nueva soberanía estadounidense
se inscribe en una reorganización
del sistema financiero internacional
que a través de la lucha contra
el fraude fiscal distingue los ‘paraísos
fiscales’ (a los que pertenece
Suiza) de los centros ‘offshore’, como,
por ejemplo, los centros financieros
de las islas del Caribe. Completamente
controlados por las autoridades
estadounidenses, estos últimos
podrían conservar todas sus actividades
en detrimento de sus
competidores a los que se ha clasificado
negativamente.

EE UU y su satélite de las islas del
Caribe controlan un mercado de ‘dinero
gris’ casi igual al de Suiza,
puesto que ocupan una segunda posición,
después de Suiza, en materia
de gestión de las ‘fortunas transfronterizas’.
Suiza, que sigue manteniendo
una tercera parte del mercado
del ahorro mundial administrado
fuera del país de residencia, podría
ceder rápidamente el terreno a su
principal competidor tras esta ofensiva
estadounidense.

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