CONTRA LA MINA. Protesta en Esquel, ciudad situada en el sur de Argentina, contra la instalación de una mina de oro. / www.noalamina.or

En marzo de 2005 vecinos de Esquel
hicieron pública la grabación de una
reunión donde ejecutivos de una empresa
minera y personal de dos consultoras
planificaban estrategias para
desarticular la oposición a la explotación
de una mina de oro en esa
ciudad de la Patagonia. Allí se nombran
contactos con funcionarios del
círculo íntimo del Gobierno nacional
y se barajan varias ONG para montar
campañas de lavado de imagen.

La empresa minera El Desquite,
subsidiaria de la canadiense Meridian
Gold, se querelló judicialmente
contra seis personas por difundir el
audio de una reunión que contó con
el apoyo de las consultoras Negocios
para la Responsabilidad Social (BSR,
por sus siglas en inglés), de Estados
Unidos, y Braga Menéndez y
Asociados, de Argentina. La Asamblea
de Vecinos de Autoconvocados
de Esquel, en la que participan los
acusados, denunció que la medida
“pone en evidencia la decisión de judicializar
y perseguir con el Código
Penal cualquier oposición a proyectos
extractivos y, lo que es más grave,
ignorar la voluntad soberana de
los esquelenses que tomaron una determinación
rotunda en contra de los
emprendimientos mineros”.
La aparición del audio llevó al terreno
de lo concreto lo que durante
varios meses especulaban no pocas
personas: la telaraña de vínculos de
la empresa con el poder iba más allá
de la clase política provincial. Los
nombres de funcionarios del círculo
íntimo del presidente argentino
Néstor Kirchner -a los que la compañía
apuntaba para entrar al palacio
de Gobierno- se escuchan en la
grabación que se habría realizado en
septiembre de 2003.

“No a la mina”

Esquel, ciudad ubicada al noroeste
de la provincia de Chubut y distante
2.000 km de Buenos Aires, estuvo en
boca de millones de argentinos durante
el verano austral de 2003. Las
protestas iniciadas en noviembre de
2002 contra la explotación de un yacimiento
de oro en las afueras de la
localidad alcanzaron su punto culmen
el 23 de marzo de 2003, cuando
en un plebiscito el 81% de los votantes
dijo “No a la mina”. El triunfo dio
pie a que en el país se organizaran
las asambleas contra la contaminación
ambiental y el despojo de los recursos
naturales.

Durante las presidencias de Carlos
Menem (1989-1999) se había montado
el andamiaje jurídico para transformar
a Argentina en un país minero.
Su lanzamiento llegó hacia fines
de la década de los ‘90 con la explotación
de los proyectos hito: Bajo La
Alumbrera, en la provincia norteña
de Catamarca, y Cerro Vanguardia,
en Santa Cruz -gobernada por
Néstor Kirchner-. El fin de la paridad
peso-dólar, a principios de 2002,
significó la reducción de los gastos
operativos de las grandes compañías,
acelerándose su desembarco.

La telaraña

“Enviar informes ejecutivos a integrantes
del Gobierno nacional”, se
escucha decir a un hombre con voz
firme y pausada: “Hay una lista de
los integrantes del Gobierno nacional
que van a recibir la información
que vamos a preparar (...): el ministro
de Planificación, Julio De Vido; el
secretario de Minería, Jorge Mayoral;
el jefe de Gabinete, Alberto
Fernández; el vocero presidencial,
Miguel Núñez; el secretario general
de la Presidencia, Óscar Parilli; el secretario
privado del presidente de la
nación, Pepe Salvini y el jefe de asesores
políticos del presidente de la
nación, Carlos Kunkel; esto se lee:
Néstor Kirchner. Este es el grupo de
confianza de Néstor Kirchner que
nos interesa mantenerlos informados
para asegurarnos que a cualquier
persona de su entorno que el
presidente consulte tenga la información.
Después habrá otras autoridades
que definiremos”.

Luego se oye un listado de dirigentes
políticos de Chubut incluidos en
el apartado “Entrevistas, reuniones e
informes ejecutivos a políticos provinciales”,
y también se mencionan
cuatro ONG -entre ellas la filial local
de World Wildlife Foundation
(WWF)- que podrían contribuir a
crear una imagen de sustentabilidad
y responsabilidad social. La grabación
no sólo descubrió el potencial
de lobby minero sino también las estrategias
para generar consenso.
Una estrategia diseñada con aportes
de la consultora Braga Menéndez y
Asociados -que estuvo a cargo de la
campaña presidencial de Kirchner-
y BSR -asesora de empresas como
The Coca-Cola Company, Exxon
Mobil Corporation, Shell, Newmont
Mining Corporation, Placer Dome
Inc y Rio Tinto Plc.

Cuando en marzo de 2005 se dio a
conocer el audio la noticia pasó desapercibida
para la gran prensa. Sólo
unos pocos medios de Esquel y alrededores
abordaron la noticia, y no
faltaron las sanciones por ello: los
periodistas Pablo Quintana y Andrés
Campos son dos de los querellados.
A diferencia de otros casos de judicialización
de la protesta, en Esquel
no se imputan delitos derivados de
movilizaciones -como la figura de
sedición, aplicada a cientos de militantes
sociales- sino la infracción a
la Ley de Confiabilidad, por la supuesta
violación de un secreto.

— -
Flexibilización y desembarco

Durante la década de los
‘90 alrededor de 70 países
liberalizaron sus leyes mineras,
entre ellos Argentina.
Organismos financieros
internacionales como el
Banco Mundial promovieron
la nueva receta para salir
del estancamiento económico:
flexibilización laboral y
ambiental y exenciones
impositivas. El Parlamento
aprobó un paquete jurídico
por el que se congela el
monto de impuestos nacionales,
provinciales y municipales
por tres décadas y
exime a las empresas de su
pago durante los primeros
cinco años de radicación;
reduce las regalías al 2%
sobre el valor del material
en boca de mina; y permite
la exportación del 100% de
las divisas generadas.

La Secretaría de Minería
de la Nación anunció en
octubre que el volumen de
inversiones en 2007
alcanzará los 1.500 millones
de dólares. En 1992
sólo cuatro compañías
extranjeras operaban en el
país, en 1999 lo hacían
80. Entre las corporaciones
líderes desembarcaron
la canadiense Barrick
Gold -vinculada a la familia
presidencial Bush- y la
británica Rio Tinto.