PANORAMA // GRUPOS DE INTERÉS OFICIALES Y PRIVADOS EN BRUSELAS
El ‘lobby’ a la española

Pese a no detentar el liderazgo en los ‘lobbies’ existentes, los intereses empresariales
e institucionales españoles están presentes en Bruselas. La huella del ‘lobby’ español
aparece desde los ministerios hasta las diferentes instituciones europeas.

13/10/06 · 23:15
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ESCAÑOS INVISIBLES. Diferentes organizaciones critican la falta de transparencia en la toma de decisiones en la UE.

La conferencia de jefes de Estado de
América Latina, Caribe y Unión
Europea reunió esta primavera en
Viena, además de a los diferentes
mandatarios, a 300 representantes
empresariales. Al modo de las contracumbres
del movimiento global,
los ejecutivos celebraron su propia
cumbre paralela en el llamado
European Business Summit. Las
multinacionales españolas Telefónica,
BBVA, Unión Fenosa y
Repsol estaban allí. Y la promesa
de los organizadores: “El evento
permitirá a los ejecutivos tener un
contacto directo con los jefes de
Estado de ambas regiones”.

El centenar de lobbistas acreditados
en el Parlamento Europeo para
representar a empresas e instituciones
españolas se afana en conseguir
ese contacto directo. Telefónica,
BBVA, Repsol y la hispano-francesa
Altadis, una más dentro del influyente
lobby tabaquero, cuentan con sus
propios agentes y oficinas en la capital
europea. La lista se puede consultar
en la web de la eurocámara. “Al
menos”, concede el eurodiputado
‘verde’ David Hammerstein, muy activo
en la lucha contra los grupos de
interés industriales, “los lobbies aquí
se reconocen como tales, mientras
que en el Congreso se hace como si
no existieran”.

El ‘lobby’ se cocina en casa
Los informes de CEO destacan que
una de las grandes puertas de entrada
de los grupos de presión a los despachos
oficiales europeos es el Consejo,
formado por las representaciones
ministeriales de los países miembros.
Los ministerios españoles de
Medio Ambiente y Agricultura, por
ejemplo, se han colocado a la cabeza
de la defensa de los cultivos transgénicos,
en una tendencia iniciada en
la etapa del antiguo europarlamentario
y ministro de Agricultura con el
PP, Miguel Ángel Arias Cañete.
Según Juan Felipe Carrasco, de
Greenpeace, sólo muy recientemente
el Gobierno español se ha mostrado
a favor de las moratorias de transgénicos
ante el Consejo. “Y además
se ha echado atrás, porque de apoyarlas
han pasado a abstenerse”, señala.

Un representante de Agricultura
defendió este mismo año ante la
Comisión Europea el caso español
como un ejemplo de coexistencia de
los cultivos tradicionales y los cultivos
transgénicos, posibilidad que siguen
negando las organizaciones
ecologistas (ver artículo en página
14). Para Carrasco, el actual Real
Decreto de coexistencia es directamente
“un texto de la industria”.
El periodista freelance Rafael
Carrasco ha investigado la relación
de las autoridades españolas con las
grandes multinacionales biotecnológicas
Syngenta-Novartis y Monsanto.
Según sus investigaciones, en
los llamados departamentos de
asuntos regulatorios de Monsanto y
Syngenta se encuentran respectivamente
los lobbistas Jaime Costa y
Esteban Alcalde. Su trabajo en la
Comisión Nacional de Biotecnología
y sus contactos en la Oficina
Española de Variedades Vegetales
(organismo dependiente de Agricultura)
han ayudado a que el Estado
español sea el primer país de la UE
en extensión de cultivos transgénicos.
Y hasta hace poco, el único. Con
cultivos todavía pequeños, ahora le
siguen Francia y Portugal.

La entrada en 1999 del ex comisario
de Telecomunicaciones Martin
Bangemann como asesor de Telefónica
desató entonces la alarma a
escala española y europea. Bangemann
se había limitado a enviar
una carta a Gerhard Schröeder -quien luego ha pasado también apenas
sin transición de la presidencia
alemana al gigante ruso Gazprom-
para informarle sobre sus intenciones
de trabajar para la multinacional
española en calidad de asesor del entonces
presidente Juan Villalonga.
Bangemann pasó así de ser miembro
del principal regulador europeo
de telecomunicaciones a asesor de
Telefónica en un momento crucial
en el despliegue global de la compañía,
entre los años 2000 y 2005.
También es bien conocida la sintonía
con la industria nuclear de la
ex comisaria de Transportes y
Energía y antigua vicepresidente
de la Comisión, Loyola de Palacio.
De Palacio ha sido una panelista
frecuente en las jornadas promovidas
por Foratom, la patronal nuclear
europea, donde ha reproducido
los argumentos en pro de una
mayor presencia de las fuentes nucleares
en el sector energético.
Sin embargo, es en los lobbies
transnacionales donde las megacorporaciones
españolas se encuentran
más protegidas. El caso de la OPA
de la alemana E.On sobre Endesa es
un buen ejemplo. Con la posición
contraria del Gobierno de Zapatero,
las dos compañías han conseguido
ganarse el apoyo de Neelie Kroes,
comisaria de Competencia, por encima
de las condiciones marcadas por
los reguladores españoles. La posición
de Endesa al frente de la patronal
eléctrica europea, Eurelectric,
también ha ayudado.

Otros importantes lobbies transnacionales
están acreditados en el
Parlamento con agentes españoles,
como es el caso de la patronal europea
UNICE -cuyo responsable de
mercado interno viene de la patronal
española de telecomunicaciones-, el
propio Foratom y las dos agencias
europeas de autores y editores, en
un mapa de los sectores en que la industria
española ha ido ganando
cuota de poder.

LA ONG CORPORATE EUROPE DENUNCIA LA POCA TRANSPARENCIA
_ Bruselas: el Atomium, el Manneken
Pis, la Gran Plaza y los gofres.
La ONG con sede en Holanda
Corporate Europe Observatory
(CEO) ha añadido a la típica visita
guiada un 'tour' a las principales
sedes de lobbies y de instituciones
europeas, todos ellos localizados
en un solo barrio de la capital.
Es un ejemplo más de la labor
de rastreo y, a su particular manera,
lobby, que la organización está
desarrollando desde 1997 para
revelar «el impacto del control ejercido
por las empresas sobre los
políticos europeos, la democracia
y la legislación social y medioambiental».
Para CEO, esta labor es
necesaria por la escasa conciencia
pública sobre las acciones que
intentan promover las fundaciones,
asesorías legales, oficinas de
relaciones públicas y patronales
que funcionan en Bruselas. Por
ejemplo, la propuesta de moratoria
de la 'CEOE europea' UNICE
sobre cualquier nueva normativa
social hasta que se cumplan los
objetivos marcados en la Agenda
de Lisboa.
Al mismo tiempo, ha impulsado la
alianza de ONG y colectivos sociales
alter UE (en el Estado español,
representada por Ecologistas en
Acción y el Observatorio de la
Deuda, entre otros) en campaña
para que las instituciones europeas
aprueben normas obligatorias
de transparencia sobre la actuación
de los diferentes grupos de
interés y su relación con los funcionarios
y políticos comunitarios.

En parecida línea, el vicepresidente
de la Comisión Europea, Siim
Kallas, publicó en mayo un Libro
Verde sobre transparencia que ha
sido valorado como un avance por
parte de la alianza, que no obstante
considera la iniciativa como
«claramente insuficiente» por no
recoger la obligatoriedad de las
propuestas, y situar en su lugar
unos códigos de conducta voluntarios.
Alter UE sí coincide con el
Libro Verde en la atribución de
un mayor responsabilidad a la
Comisión Europea para definir y
liderar estas políticas. Según
CEO, «no hay mejor desinfectante
que la luz del sol».

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