CRISIS // REUNIÓN DEL G-20 EN LONDRES
Llamando al dinero negro de los paraísos

En 1998 la OCDE presentaba un plan para erradicar
los paraísos fiscales en 2005. Cuatro años después de
la fecha límite la crisis ha demostrado el fracaso
de cualquier intento de erradicar los centros ’offshore’.

02/04/09 · 11:42
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Existen 29 paraísos fiscales. La mayoría de los centros offshore del Atlántico acumulan capitales procedentes de EE UU y Reino Unido, si bien las empresas españolas han multiplicado su presencia en estos paraísos.

Frente a la reunión del G-20, celebrada
el 1 y 2 de abril en Londres, una
cadena de acuerdos y reuniones
previas han definido la postura que
tanto la UE como Estados Unidos
parecen haber adoptado para salir
de la crisis económica. Mientras que
la semana pasada Obama presentaba
un plan con el que inyectar a las
grandes empresas y bancos un billón
de dólares en créditos, y animaba al
resto del mundo a seguir sus pasos,
los gobiernos de la UE, con la excepción
de Reino Unido, abogaban por
una reforma del andamiaje financiero
global, en lo que el presidente
francés, Nicolas Sarkozy, definía como
“refundación del capitalismo”.

No obstante, la necesidad de inyectar
dinero líquido al mercado ha
dejado la puerta abierta a la recuperación
de capital escapado en los
tiempos de bonanza a los denominados
espacios offshore. “La mitad del
dinero mundial está en los paraísos
fiscales. Los Estados necesitan conseguir
liquidez por medio de la venta
de deuda pública, para así financiar
el déficit provocado por la crisis, y
los bancos necesitan capital, y en
esos centros hay una enorme cantidad
de dinero parado”, afirma Ramón
Fernández Durán, analista y
miembro de Ecologistas en Acción.

Aunque tras la primera cumbre del
G-20, celebrada en noviembre en
Washington, la declaración final
mencionaba entre las medidas a medio
plazo que había que “proteger el
sistema financiero global de las jurisdicciones
con falta de cooperación y
la falta de transparencia que plantean
riesgos o actividades financieras
ilícitas”, lo cierto es que las iniciativas
que se están planteando de cara
a recuperar el dinero de los centros
offshore, no parece que busquen defender
esa transparencia. “La UE está
interesada en conseguir algún tipo
de regulación de los paraísos, porque
no los tienen tan desarrollados
como Estados Unidos y Gran Bretaña,
que se han beneficiado en los últimos
30 años de un montón de estos
centros en el Caribe y el Canal de la
Mancha”, afirma Fernández Durán.
Lo que no está claro es a qué tipo de
regulación se tenderá. En ese sentido,
se ha conocido recientemente
que el Gobierno español ha elaborado
un Real Decreto por el que el dinero
procedente de los paraísos fiscales
tendrá total impunidad en
España si los evasores lo invierten en
deuda pública. Además de no tributar
al fisco, se suprimirá la obligación
de declarar la identidad de los titulares,
el país de procedencia y el importe
de los rendimientos. “Es algo
que no sólo se hace en España, se está
emitiendo una enorme cantidad
de deuda pública, pues el déficit se
dispara, por lo que se hace necesario
crear unas condiciones atractivas y
homogéneas, pues si no te llevas tú
esos fondos, se los llevará otro país”,
confirma Ramón Fernández Durán.

Dinero muy negro

Además de la discriminación que
supone este tipo de medidas, en
tanto que quien invierta dinero procedente
de paraísos fiscales no tributará
el 18% que deben pagar los
que operen desde territorio nacional,
gracias a esa especie de amnistía
fiscal offshore, no siempre ese capital
procederá de la mera evasión
fiscal. En enero, Antonio Costa, responsable
de la Oficina de la Naciones
Unidas contra la Droga y el
Delito, afirmaba a un semanario austríaco
que “el dinero del narcotráfico
constituye un importante capital líquido
de inversión disponible y hay
indicios de que, a través de préstamos
interbancarios, algunos bancos
se salvaron de la crisis utilizando dicho
capital”. Al mismo tiempo, el
Departamento de Estado de EE UU
confirmaba que el lavado de activos
anual proveniente de diversos negocios
transnacionales ilegales, fundamentalmente
tráfico de armas, de
drogas y prostitución, supuso entre
el 3% y el 5% del PIB mundial en
2008.

Ya en 1998, la OCDE proponía terminar
con los centros offshore antes
de 2006, aunque ni siquiera parece
que la crisis vaya a conseguir erradicarlos.
“Creo que no será posible
porque no hay una voluntad real de
eliminarlos, habrá un goteo de medidas,
pues a países como España o
Francia, que no tienen ninguno, les
podría interesar alguna regulación
estética, pero a otros como a Suiza o
Gran Bretaña, les afectaría demasiado
en su economía”, afirma Ricardo
Gómez Muñoz, miembro del Consejo
Científico de Attac-Cataluña. Un
asunto capital como el secreto bancario
ni siquiera se ha puesto sobre
la mesa del G-20, a pesar de que la
presión de la Administración Obama
sobre el gobierno suizo consiguiera
a comienzos de mes que, por
primera vez en la historia, un banco
del país helvético entregara los datos
de 250 clientes a las autoridades
fiscales estadounidenses (ver p.7).

Varios interrogantes

Frente a la cumbre del G-20, tres son
los planteamientos que se han puesto
sobre la mesa. De una parte, la
propuesta del llamado neokeynesianismo,
basado en la puesta en circulación
de grandes cantidades de dinero
público, de momento limitada a
grandes compañías y bancos, por
parte de EEUU, Gran Bretaña y
Japón. “Una política de inversión pública
no solucionaría nada más allá
de sectores marginales, como la
construcción, pues si España pone
dinero en manos del ciudadano para
reactivar el consumo interior, con la
globalización, lo más probable es que
acabará comprando un coche chino
o de cualquier otro país”, afirma
Fernández Durán. Mientras, los países
de la Eurozona rechazan la propuesta
de EEUU de aumentar más el
esfuerzo público para combatir la crisis
hasta conocer el efecto de las iniciativas
de gasto público puestas ya
en marcha. “La UE no va a tomar medidas
a corto plazo, pues esperará a
la cumbre semestral de junio.

Todavía, países como Alemania
Francia se siguen preguntando por
qué hay que ayudar a la banca”, confirma
Ricardo Gómez Muñoz. Por último,
los países emergentes, con un
peso cada vez mayor en la economía
mundial y que en los últimos años
acaparan dos tercios del crecimiento
económico mundial, reclaman ganar
peso en los principales organismos
internacionales, al amparo de la presunta
pérdida de influencia de los
Estados Unidos.

El último asunto en el tapete del
G-20 será la crisis energética. “La
ecología está condicionando la cumbre
por la crisis de los recursos energéticos,
y no tanto por el cambio climático,
que es un problema a largo
plazo para el capital. La madre del
cordero es que si empieza el declive
energético es imposible que haya un
crecimiento económico, e incluso habría
decrecimiento, ya que mantener
un sistema financiero basado en
interés compuesto en un contexto de
decrecimiento es imposible. Lo que
obligará a reducir el consumo será
ese declive energético”, concluye
Ramón Fernández Durán.

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