LOS LIBERTADORES DE LAS CLASES ALTAS

Branko Marinkovic

26/06/08 · 0:00
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Branko Marinkovic

Presidente del Comité Cívico
de Santa Cruz. Proviene
de una familia de inmigrantes
croatas que tuvieron
relación con la ultraderecha
de su país, los
ustachis. Es partidario de
conformar la “media luna”
empresarial y de firmar el
TLC con EE UU. Una de sus
funciones es defender los
intereses de la Cámara
Boliviana de Hidrocarburos,
el gremio petrolero. Se
le considera como el más
lúcido del movimiento
empresarial.
En las elecciones a la presidencia
del Comité Cívico
de Santa Cruz, se denunció
la compra de votos a
su favor de los delegados.
Inicialmente vendió una
imagen de persona joven,
sin militancia anterior en
partidos políticos desgastados
y de empresario “productor”.
En la actualidad,
proyecta la imagen de un
fascista fanático y soberbio
y es un apólogo del terrorismo
verbal, que practica
conciente de su influencia.
Tiene el apoyo de los
medios, prácticamente
todos en manos de la
derecha, que se esmeran
en amplificar su discurso.
Con su marcado anticomunismo
Marinkovic tuvo
papel central en el juego
nada cívico de generar
pánico en la población
para obligarla a obedecerles
ciegamente, con declaraciones
que señalan gran
ignorancia, una dañina
ligereza y mentalidad de
señor feudal que dispone
de la vida de la gente.


Jaime Nebot

Alcalde de Guayaquil. Proviene
del Partido Social
Cristiano y está casado
con Cinthia Bohrer. Su
cuñado Leonardo Bohrer
fue presidente del Barcelona
de Guayaquil y dirigió
CATEG (empresa de energía
eléctrica de la ciudad).
Hace un año, CATEG presentó
una demanda contra
Leonardo Bohrer, por
supuesta asociación ilícita
con los representantes de
la compañía Bismark para
perjudicarla a través de la
compra de servicios de
telemetría de los medidores
de consumo de energía
de grandes usuarios en
Guayaquil, por un monto
de 10.380.000 dólares.
Actualmente las elites de
la ciudad constituyen el eje
de la oposición al Gobierno
de Rafael Correa.
La imagen que proyecta en
los medios, casi todos en
manos de la derecha, es la
de un líder mesurado, que
realiza una gran obra con
eficiencia a través del
municipio. Según Nebot,
su propuesta busca evitar
una crisis similar a la de
Bolivia. Sin embargo su
historia lo delata: durante
el Gobierno de León Febres
Cordero, el más sangriento
de la historia
reciente del Ecuador,
Nebot fue su mano derecha,
ejerciendo la gobernación
del Guayas durante
aquel período. Tiene asesores
llegados directamente
desde Miami, como es
el caso de Enrique Campuzano,
actual líder de la
‘Colaboración Cívica del
Guayas’. A través de las
mafias locales, Nebot ha
conseguido desplegar una
estrategia organizativa
clientelar y subordinada a
la oligarquía guayaquileña.
Sin éxito, ha intentado
posicionarse como un líder
nacional, alejado de los
viejos partidos políticos de
donde proviene e intentando
ocultar su historia pasada.
Sin embargo se declara
dispuesto a llegar hasta
las últimas consecuencias
para “defender a Guayaquil”
de los ataques del
supuesto “centralismo
comunista” de Rafael
Correa.


Manuel Rosales

Gobernador del Zulia. Fue
el único gobernador venezolano
que firmó el acta
que disolvía los poderes
públicos durante el golpe
de Estado de abril de
2002. Representa a los
sectores de los viejos y
defenestrados partidos
como Acción Democrática,
y de igual manera a sectores
poderosos de la oligarquía
regional como Fedecámaras
o la federación de
ganaderos. Rosales ha
sido concejal, parlamentario
regional y alcalde de
Maracaibo, la segunda ciudad
del país. Dirige un partido
zuliano (Un Nuevo
Tiempo) desde que en
1995 rompió con el desprestigiado
Acción Democrática.
Fue el candidato
opositor a Chávez en las
elecciones de diciembre
de 2006, por la alianza
Unidad Nacional. Siendo
un personaje bastante gris,
ha podido dar la imagen
de hombre capacitado y
conocedor de la realidad
política de la región que
dirige y del país. Mucho
hicieron sus asesores para
mejorar su léxico y su oratoria,
si bien el actual
gobernador del Zulia lo
echa todo a perder en sus
arranques de espontaneidad.
Recientemente ha
sido acusado de llevar
ocho años financiando sus
campañas políticas con
recursos públicos, entre
ellos becas estudiantiles y
desviando los recursos de
la región para su beneficio
personal, así como de recibir
financiación constante
desde los EE UU.

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