El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local propone suprimir las pedanías para conseguir un ahorro puesto en duda.
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“Van a dar un golpe mortal a la identidad de nuestros pueblos, los van a convertir en meros barrios de los ayuntamientos y no va a suponer ningún ahorro, puesto que las juntas vecinales y los concejos no reciben ningún fondo ni de la Administración estatal, ni de la autonómica”, explica Bernardo González, presidente de la junta vecinal de Nestares (Cantabria). El mundo rural se opone a la aniquilación de sus estructuras democráticas, propuesta en el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Dicho anteproyecto se enmarca en la reforma de la Ley de Bases de Régimen local que, a su vez, forma parte de las medidas que el Consejo de ministros anunciaba el mes de julio y que se tomarán este semestre con el objetivo de que las Entidades Locales se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, desde el punto de vista de concejos y juntas vecinales se trata de una estrategia de centralización, un expolio de los bienes comunales y un gesto complaciente hacia una Unión Europea, que desconoce el carácter, arraigo y utilidad de este tipo de entidades.
Juntas, concejos, parroquias... en lucha
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