Érase una vez una ley promulgada
para proteger a la costa del ladrillo y
del hormigón. Más de 20 años después,
¿cuál ha sido su resultado?
Entre 1987 y 2000, las construcciones
tomaban 73.000 m2 de costa al
día. En los cinco años siguientes, la
cifra de metros cuadrados urbanizados
en los dos primeros kilómetros
de litoral escaló a los 140.044, según
el Instituto Geográfico Nacional, del
Ministerio de Fomento. Entre 2000 y
2005 se construyó una cuarta parte
de lo edificado en toda la historia. Si
el ritmo no para, todo el litoral estará
urbanizado en 2071.

En el Estado español se “ha desarrollado
una forma endémica de
corrupción”, denunciaba el 12 de febrero
la Comisión de Peticiones del
Parlamento europeo con la aprobación
del Informe Auken. Una valoración
justificada, especialmente, por
la “destrucción masiva” en las islas y
zonas costeras mediterráneas a través
del “cemento y el hormigón” y
las “ganancias excesivas” del sector
de la construcción. El informe, incluso,
exige la retirada de fondos de cohesión
para proyectos urbanísticos.
Pero, aunque sea aprobado por el
Pleno el 26 de marzo, este documento
no es vinculante. Una resolución
que los europarlamentarios populares
y socialistas no han conseguido
frenar. El desarrollo costero ha producido
la pérdida del 75% de los sistemas
dunares en el Mediterráneo y
la alteración del 70% de los humedales,
según denuncia WWF España.
Mientras tanto, en el Congreso se
presentaban enmiendas al Proyecto
de Ley de Navegación Marítima que
el Consejo de ministros aprobó a
primeros de diciembre y que prevé
“regular la transmisión por actos inter
vivos de los títulos de ocupación
y aprovechamiento del dominio público
otorgados al amparo de la disposición
transitoria primera de la
Ley de Costas”.

Esta ley responde a la catalogación,
según la Constitución, de la
ribera del mar y las playas como
bienes del dominio público marítimo-
terrestre. “La forma de modificación
habla muy mal de la transparencia
del Gobierno, ni siquiera
se discutió en el Congreso antes de
su aprobación en Consejo de ministros”,
denuncia Jorge Saenz, coordinador
de Litoral de Ecologistas
en Acción (EeA). Aunque no es la
primera vez que la Ley de Costas es
modificada de forma indirecta: en
2002, con Aznar en la Moncloa, se
hizo lo mismo con la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos
Generales (ver recuadro).

“Con esta reforma se permite la
venta de las casas construidas antes
de la Ley desde la ribera del mar hasta
la línea de dominio marítimo-terrestre
y que son propiedad del
Estado. Sus usuarios tenían un periodo
de 30 años, prorrogable por
otros 30, para su disfrute. Así se revalorizan
y dificultan su adquisición
pública”, explica Pablo Sánchez,
también de EeA. Un análisis similar
realiza Carlos Vázquez, de la Asociación
de Afectados de la Playa de
Cabanas, “se permitirá vender esos
terrenos y se fomentará la especulación”.
Esta asociación pertenece a la
Plataforma Nacional de Afectados
por la Ley de Costas, que estima las
construcciones previas a la ley de
1988 en 45.000 edificaciones, de las
cuales según Vázquez sólo el 10%
cumplirían los requisitos para ser legales,
como estar inscritas en el
Registro de la Propiedad y estar en
suelo urbano, entre otras.

Construcciones ilegales

Desde 1988 se ha deslindado el 83%
de la costa española, determinando
así qué construcciones eran legales
y cuáles no. Un proceso que vivió un
importante incremento con la gestión
de Cristina Narbona, a partir de
2004 en Medio Ambiente, en el anterior
Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Esto, a pesar de que el deslinde
entre lo que es espacio público y privado
debería haber terminado en
1993. Pero la ministra, calificada como
heroína por Time por su labor en
favor del medio ambiente, y su director
general de Costas, José Fernández,
no continúan en el actual
Gobierno, ya que sus actuaciones
provocaron una importante oposición
popular. Además, el nuevo cambio
ministerial trajo, según las grandes
organizaciones ecologistas, la
“absorción” del Ministerio de Medio
Ambiente por el de Agricultura y,
por tanto, la imposición de posturas
más productivistas frente a las conservacionistas.

El Gobierno se siente acosado,
especialmente porque Estados como
Alemania o Inglaterra no han
entendido que aquí se expropie sin
indemnización, afirmaba la Plataforma
de Afectados tras conocer la
nueva modificación de la ley. Aunque
remarcan que la actual propuesta
de reforma es tímida, mínima
e insuficiente.

“El problema no es tanto la Ley
de Costas, sino su aplicación, porque
en realidad se han permitido
muchas construcciones nuevas y se
tiran las antiguas”, denuncia Vázquez,
de la Asociación de Afectados
de la Playa de Cabanas.
Vázquez sabe que su restaurante
desaparecerá, pero a la misma distancia
del litoral se permite la construcción
de una zona residencial en
Illa de Arousa, donde José Blanco, número dos del PSOE, Manuel
Vázquez, conselleiro de Medio
Ambiente o Ricardo Varela, conselleiro
de Trabaillo habrían adquirido
una vivienda.

A pesar de que desde Ecologistas
en Acción, Adega o Arca y
otras organizaciones ecologistas
valoran positivamente la labor de
Narbona, también reconocen que
“se ha empezado con pequeños
núcleos y casas tradicionales dejando
al margen las grandes zonas
hoteleras y edificios”, como
explica Sánchez a DIAGONAL.

Ni Fernández ni Narbona se
atrevieron con el hotel Oliva
Beach (Fuerteventura), a pesar de
aparecer en un listado ministerial
de edificios a demoler. El Ministerio
y su propietario, Riu Hoteles,
llegaron a un acuerdo para
ampliar la concesión a cambio de
la titularidad de la isla de Lobos
(Parque Natural). Por otro lado,
mientras que en La Safor (Valencia)
se derruía una casa de más
de 50 años, en La Barceloneta se
permitía la construcción del hotel
Vela a menos de 20 metros del
mar. O el intento de derribo del
poblado Cho Vito (ver DIAGONAL
nº 87) en Tenerife mientras
las Teresitas, las Américas o Los
Cristianos presumen de sus resorts
a pie de playa. Además, los
vecinos de Cho Vito denunciaban
el 10 de febrero que las administraciones
implicadas en el derribo
no facilitan información al
Defensor del Pueblo.

Un hotel que, por el momento,
no ha recibido la visita de los
turistas, es el del Algarrobico en
el cabo de Gata (Almeria). A finales
de diciembre la Audiencia
Nacional confirmaba la franja de
servidumbre de la zona en cien
metros, por lo que declara la ilegalidad
de este macro hotel de 20
plantas. Aunque según hizo público
Greenpeace el 12 de febrero,
existe un informe del Ministerio
de Medio Ambiente dirigido
a la Abogacía del Estado que
“aboga por abandonar el proceso
de expropiación”.

Ante el cambio climático

En 1988 la Ley reconocía como zona
pública el área hasta donde habían
llegado los mayores temporales.
Con la actual previsión de crecimiento
del nivel de mar, entre
otros efectos del cambio climático,
“el retranqueo de las construcciones
costeras se hace obligatorio.
Hay que adaptarse poco a poco,
porque en décadas será una realidad”,
alerta Pablo Sánchez de
Ecologistas, organización que también
denuncia el gran gasto público
que supone la adaptación del litoral
a construcciones artificiales
con especial interés turístico. En
Barcelona, para mantener los ocho
diques sumergidos que filtran el
oleaje que inciden en sus playas artificiales,
hay que verter arena casi
todos los años y la inversión media
anual es de diez millones, además
de los gastos producidos por la llegada
de fuertes temporales.

EL RESPETO DE JOSÉ BLANCO POR LA LEY DE COSTAS

A menos de 20 metros del litoral
se está construyendo en Illa de
Arousa (Pontevedra) una urbanización
que tendrá entre sus
habitantes a dirigentes socialistas
como José Blanco, número
dos del PSOE. Una situación que
ha sido denunciada, tanto públicamente
como en diferentes juzgados,
entre otros por Raimundo
Piñeiro, vicepresidente del Sindicato
Unificado de la Guardia
Civil. “No puede realizarse porque
incumple la Ley de Costas,
ya que antes de 1988 este terreno
no era urbanizable, ni existían
planos de los servicios urbanísticos
de la zona, como reconocía
por escrito el Ayuntamiento
de Vilanouva de Arousa el 6
de febrero”, explica el propio
Piñeiro a este periódico. Aunque
los terrenos donde se ubica la
urbanización conocida como
Villa PSOE desde la creación en
1997 de Illa de Arousa pertenecen
a este municipio, quien sí
reconoce su catalogación anterior
a la Ley de Costas de terreno
urbano. Una situación que se
ha puesto en conocimiento
tanto de la Conselleria de Medio
Ambiente, como del Ministerio,
pero que de momento no ha
recibido ninguna resolución judicial
positiva. Además, Piñeiro
también explica que Blanco, presuntamente,
habría cometido un
delito contra la Hacienda Pública,
delito fiscal y blanqueo de
capitales porque “no tiene ninguna
propiedad a su nombre,
sino al de su mujer, de la que
no constan ingresos, ni una
declaración de sucesión inter
vivos para realizar la transferencia
de dinero necesaria para la
compra”, como consta en una
denuncia ante el Departamento
de Inspección Financiera y Tributaria
gallego. Estas denuncias
habrían llevado a José Blanco,
como consta en una denuncia
en el Juzgado de Guardia de
Vigo, a afirmar a la salida de un
acto público a su representado:
“Son ustedes unos extorsionadores,
no tienen vergüenza y conmigo
no se juega. Se van a enterar
ustedes de quién soy yo”.

Mientras las obras continúan, el
21 de febrero está previsto una
manifestación en la localildad
pontevedresa y el 15 Galiza non
se vende! realizaba su primera
gran manifestación en Santiago,
con la lucha contra la ocupación
de la costa como una de reivindicaciones
principales.