AGUA // VENTA DEL CANAL DE ISABEL II
Lecciones extraídas de la privatización del agua

Los autores analizan las consecuencias que la
privatización del 49% del Canal podría acarrear a los
madrileños afectados, si ésta se lleva a cabo.

, Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad, y Santiago Martín Barajas, Ecologistas en Acción
02/10/08 · 0:00
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Nadie podía prever que en
el Debate sobre el Estado
de la Región de Madrid,
el pasado martes
16 de septiembre, Esperanza Aguirre
diera otra vuelta de tuerca a su
política de privatización de servicios
públicos. Sin despeinarse,
anunció que pretendía entregar el
49% del Canal de Isabel II al capital
privado. Esto significaría transformar
una empresa pública, que funciona
como tal desde 1851, en otra
que mercantilizará el agua que bebemos
casi todos los madrileños,
que limpia nuestros alimentos,
nuestras casas, nuestra ciudad...

Después de más de 20 años de experiencias
privatizadoras en el sector
del agua, las únicas beneficiadas
de estos procesos han sido las propias
compañías, porque la población,
tanto de países del Norte como de
países del Sur, ha denunciado sistemáticamente
el fuerte deterioro
social, ambiental y económico derivado
de este tipo de gestión.

La clave para entender por qué se
producen estos impactos es el propio
funcionamiento del mercado. El
objetivo principal de cualquier empresa
privada es la de maximizar el
beneficio, lo que se consigue reduciendo
los gastos. Las medidas empleadas
en este sentido van desde la
ausencia de inversión en la extensión
y el mantenimiento de la infraestructura,
para garantizar un
acceso saludable al agua, hasta el
despido y subcontratación de trabajadores
y trabajadoras. Todo ello, repercute
en un empeoramiento de la
calidad del servicio, sin que ello afecte
a los ingresos de la compañía, porque
ésta siempre opera en monopolio
obligando a la población a ser un
mercado cautivo.

Esta situación se puede ejemplificar
con casos concretos, así la gestión
privada de las multinacionales
Bechtel y Abengoa en Cochabamba
(Bolivia) tuvo como consecuencia la
apropiación de las fuentes públicas,
la inexistencia de redes de agua en la
periferia de las ciudades y áreas rurales,
y la subida del precio del agua
muy por encima de la capacidad de
pago de la población. Y exactamente
la misma situación se ha repetido
con multinacionales como Suez,
Veolia y Aguas de Barcelona en Córdoba
(Argentina), Cartagena (Colombia),
Soweto (Sudáfrica) o en numerosas
ciudades de Inglaterra,
Grenoble (Francia) y Barcelona.
El que se gestione desde empresas
privadas conlleva también importantes
consecuencias medioambientales.
El agua es un recurso natural
limitado y escaso, por lo que las campañas
encaminadas a fomentar el
ahorro, objetivo de gran interés
ambiental, choca directamente con
el interés de incrementar el beneficio,
y por lo tanto el consumo de
agua, de cualquier empresa privada.

Por otra parte, aunque la salubridad
del agua está asegurada por la
legislación española, hay otros aspectos
como el sabor y el olor que no
están regulados. Si una empresa privada
que gestiona el abastecimiento
urbano, tiene también intereses en
una empresa que produzca agua mineral
embotellada, podría en un
momento dado tener la tentación de
empeorar el olor o el sabor, desplazando
al consumidor hacia el agua
mineral, cuyo coste es varios cientos
de veces superior al normal.
En definitiva, la privatización del
Canal de Isabel II beneficiaría a unos
pocos e iría en detrimento de los intereses
del conjunto de la ciudadanía.

Frente a esta situación, el acceso
al agua potable está considerado por
la ONU como un derecho humano
fundamental, por lo que no puede
estar sujeto a los objetivos propios
de las empresas privadas y debe ser
asegurado desde el sector público.

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