"LA AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑOLA ORDENA LA DETENCIÓN DEL EX DICTADOR Y ""GENOCIDA"" EFRAÍN RIOS MONTT"
El largo camino hacia la justicia en Guatemala

La orden de búsqueda y captura de diversos cargos militares guatemaltecos abre la posibilidad de
cerrar parte de las heridas abiertas durante la dictadura y la guerra civil.

10/10/06 · 21:48
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GENOCIDIO. Durante la dictadura fueron asesinadas cerca de 250.000 personas.

Cinco militares y dos civiles guatemaltecos,
entre ellos dos ex jefes de
Estado, se encuentran bajo orden
de busca y captura internacional
desde el 7 de julio pasado, acusados
por delitos de “genocidio, terrorismo,
torturas, asesinato y detenciones
ilegales”, que provocaron al menos
“250.000 (...) asesinados, 35
muertos más en el caso de la
Embajada de España, más cinco sacerdotes
españoles asesinados”, según
el auto judicial.

La orden de captura, emitida por
el Juzgado Central de Instrucción
número 1 de la Audiencia Nacional
de España, responde al proceso promovido
desde 1999 por la Fundación
Rigoberta Menchú Tum (presidida
por la premio Nobel de la Paz)
y se inscribe en el marco de una prolongada
disputa judicial y política.

Disputa judicial, en primer lugar,
por la negación por parte de los acusados
del principio de justicia universal
y por consiguiente de la jurisdicción
de la justicia española sobre
hechos sucedidos fuera de sus fronteras.
“La Constitución dice que sobre
los hechos acaecidos en Guatemala
sólo los jueces guatemaltecos
son competentes”, afirma Francisco
Palomo, abogado defensor de uno
de los imputados. En segundo lugar,
por las limitaciones de la investigación
realizada en Guatemala, descritas
en la resolución de la Audiencia
como “una clara, constante y voluntaria
falta de cooperación con la
autoridad judicial española en la investigación”
y que han motivado la
intervención judicial internacional.

Disputa política, porque evidencia
dos visiones contrapuestas de la
justicia y el país. El país del olvido
frente al país de la verdad, la justicia
y la reconciliación. El país de las víctimas
frente al país de los victimarios,
muchos de los cuales todavía
ocupan posiciones de poder, como
en el caso del general Ríos Montt
(presidente de facto en el período
1982-1983, uno de los más violentos
en la historia del país y eterno candidato
a la presidencia por el partido
Frente Republicano Guatemalteco,
FRG) quien tras la publicación
de la sentencia volvió a negar su responsabilidad
en el genocidio. “No
estuve enterado de ello”, afirmó lacónicamente
el pasado 12 de julio.

Por lo anterior, se vislumbra un
proceso judicial tenso y extremadamente
lento, con peligro de ataques
contra testigos y defensores de derechos
humanos. Ataques que fueron
anticipados a fines de junio por el
ex general y presidente de la Asociación
de Veteranos Militares de Guatemala
(AVEMILGUA) Quilo Ayuso,
quien advirtió que “este caso puede
traer consecuencias trágicas”.

En cualquier caso, la orden de
captura por sí misma valida y refuerza
la lucha por la búsqueda de la verdad
y la justicia. “Nos sentimos reivindicados
(...) Hemos visto llorar
de emoción a compañeros y compañeras
(...) ante la sola posibilidad de
vislumbrar en el horizonte una pizca
de justicia, pues no hay mayor resarcimiento
a las víctimas que la verdad
y la justicia”, afirma el periodista
y sobreviviente a la represión
Miguel Ángel Albizures.

Los 33 folios de la resolución de la
Audiencia Nacional constituyen una
síntesis apretada de la historia reciente
de Guatemala: la utilización
del terror para combatir a la oposición,
el dolor y las luchas de cientos
de miles de víctimas y ciudadanos.
Este reconocimiento constituye una
reparación moral previa, mientras
se llega al final del camino, todavía
lejano: la reparación jurídica, es decir,
la justicia.

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