De la Vega ha anunciado un nuevo traslado de aguas desde el Tajo hasta el Segura, sin descartar nuevos desvíos en otras cuencas. Grupos ecologistas y Conferencias Hidrográficas denuncian que no se está respetando el caudal ecológico de los ríos.
El pasado 24 de octubre el Gobierno
volvió a dar un giro en su política ambiental.
La vicepresidenta María
Teresa Fernández de la Vega anunciaba
un nuevo trasvase de 40,5 hectómetros
cúbicos desde el río Tajo
hasta el río Segura para el último trimestre
del año, con el fin de “paliar
la sequía” en el Levante. Además,
lanzó un aviso para navegantes: “No
se descarta” llevar a cabo nuevos
trasvases siempre que sean “sostenibles”
y “económicamente viables”.
Los grupos ecologistas consideran
que un trasvase sólo es sostenible
si respeta el caudal ecológico
del río, esto es, el caudal de agua
necesario para que el ecosistema
no se desestabilice. Sin embargo,
los ríos españoles no parecen gozar
de buena salud, advierte Julián
Ezquerra, presidente de la Coordinadora
de Afectados por Grandes
Embalses y trasvases (Coagret):
“Los trasvases sólo son sostenibles
si una evaluación de impacto ambiental
demuestra que lo son.
Extraer unos niveles de agua de un
río produce un impacto. Si es poco,
igual el río lo tolera, pero el río se
degrada. Sin embargo, en España
hay un grave problema de falta de
caudales”. Confederaciones Hidrográficas
han llegado a la misma
conclusión que las asociaciones
ecologistas, puntualiza Ezquerra:
“En el diagnóstico que las
Confederaciones están realizando
para los Planes de Cuenca se está
demostrando que se extrae demasiada
agua de los ríos. Hay tramos
que se dan como irrecuperables. En
la cuenca del Ebro, por ejemplo, se
ha concluido que los ríos de la margen
derecha no cumplen los cánones
ambientales porque tienen que
asumir más demanda de la que
pueden”.
Los niveles de agua de los caudales
también se ven afectados por el
“efecto llamada” que producen los
trasvases. Y es que, en palabras del
presidente del Coagret, cuando se
anuncia un trasvase se duplican o
triplican las demandas de agua por
parte de los regantes.
En cuanto a la viabilidad económica
de este tipo de acciones, el
presidente del Coagret guarda sus
discrepancias. “Todos los trasvases
son barbaridades que no se
sostienen. La Directiva Marco del
Agua dice que para acometer un
trasvase debe haber una recuperación
de costes, y así los usos se
adaptarían a las posibilidades. Si
el agua recorre muchos kilómetros,
los regantes no lo van a poder
afrontar, pues deberán pagar las
infraestructuras necesarias”. De
esta manera, se fomentarían los
usos ilegales.
Pese a todo, el Ejecutivo se abraza
a esta política para “paliar los
efectos de la sequía en las cuencas
más afectadas”. En el informe ¿Ilusiones?
Trasvases entre cuencas y
escasez de agua de 2007, Adena
ya aventuraba que el retorno a la
política del trasvase se veía venir.
Así indicaba que nuevas comunidades
como Andalucía, Castilla-La
Mancha y Murcia pretendían utilizar
nuevos trasvases para promover
regadíos y urbanizaciones
insostenibles.
El Tajo, agotado
De momento, la presión recae sobre
el río Tajo. “A finales de los
años ‘60 se dijo que al Tajo le sobraban
600 hectómetros, por tanto
se consideró que su cuenca era excedentaria
y, a finales de los ‘70, se
empezó a trasvasar agua. Hoy en
día se sigue desviando caudal basándose
en el mismo estudio, cuando
el estado del río ya no es el mismo”,
cuenta María Soledad Gallego,
socia de la Fundación Nueva
Cultura del Agua (FNCA) y experta
en el caso de este río.
Gallego indica que para analizar
el estado del caudal del Tajo sólo es
necesario asomarse a su cuenca y
mirar. “Hay un coma ambiental del
Tajo en el tramo medio del río. Se
está sacando agua de manera irracional,
sin respetar el caudal ecológico”,
denuncia Gallego.
Según datos aportados por la investigadora,
el trasvase Tajo-Segura
detrae el 70% de las aportaciones
naturales de la cabecera del
río. Además, en las últimas décadas
el caudal del Tajo ha experimentado
una disminución de las
aportaciones del 50%. A esto hay
que sumarle que este curso fluvial
recibe las aguas residuales de seis
millones de habitantes del área periurbana
de Madrid. “Es la cuenca
más poblada de España y la que
más presiones tiene que soportar”,
concluye Gallego.
La investigadora denuncia que en
el tramo del río entre Aranjuez y Talavera
de la Reina (donde se ha llegado
a secar) “las aportaciones han
sido drásticamente reducidas debido
a su almacenamiento con destino al
Trasvase Tajo-Segura”. Además, se
incumplen los condicionantes impuestos
por la Ley del Trasvase relativos
a la existencia de un caudal mínimo
en Aranjuez de 6 m3/s. “Por esta
zona, la mayoría de las veces el
Tajo lleva 2 m3/s”, explica.
Por su parte, Adena denuncia en
su informe que este trasvase no ha
solucionado el problema de la zona
beneficiada. Más aún, el déficit de
agua está aumentando y ha dado lugar
a un mercado negro del agua.
El informe de esta organización
apunta que “existen entre 65.000 y
100.000 hectáreas de regadíos ilegales
en la cuenca del Segura, y
Murcia y Almería han construido
más de 50 nuevos campos de golf y
115.000 nuevas viviendas en un plazo
de ocho años”.
A la vista de estos datos y de la situación
del caudal de los ríos españoles,
sólo queda preguntarse por
qué el Gobierno ha decidido continuar
con una política que aparcó
durante la era Narbona. Para Julián
Ezquerra, “volver a los trasvases es
una cuestión política, no de gestión
hidráulica. Se pretende recuperar
al electorado levantino, pero los
ríos no son tuberías”.
MÁS JUICIOS POR OPONERSE A
LA DESTRUCCIÓN DEL ENTORNO
Continúan los juicios contra
los activistas de la plataforma
popular contra el
Plan Caufec-Porta Barcelona
de Esplugues de Llobregat
por rechazar el plan
promovido por la inmobiliaria
Sacresa, que pretende
construir más de 700
viviendas, dos torres de
oficinas y un centro comercial
en Finestrelles Norte
(en la montaña de Sant
Pere Màrtir) y Finestrelles
Sur. El 28 de octubre le
tocó presentarse en el
juzgado a Eulalia, por
encadenarse en agosto a
uno de los árboles que
iban a ser destruidos.
Otras acciones reivindicativas,
como encadenarse a
las máquinas de la constructora,
también han sido
criminalizadas. Todas ellas
denuncian un plan fruto de
la especulación, donde no
se ha realizado un proceso
participativo con el vecindario
de los barrios afectados
y donde el impacto
ecológico es muy alto: las
obras están muy cerca
del parque de Collserola
y están destruyendo una
zona de transición entre la
ciudad y el área natural).
Más información en
www.moviments.net/noalplacaufec/.
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