PUERTO RICO
La Universidad lidera la oposición contra Fortuño

La política neoliberal que aplica el gobernador Luis Fortuño desde su llegada al poder en 2008 ha generado un nivel de confrontación social que ahora se agrava con la privatización de la enseñanza.

26/07/10 · 0:00
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PAROS. En la universidad de Puerto Rico se ha llevado a cabo una huelga de 62 días contra la privatización de la enseñanza. Foto: Aaron T. Goodman.

Puerto Rico acoge hasta el 1 de agosto a más de 5.000 atletas en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta competición regional llega en un momento en el que muchos sectores desean dar a conocer fuera de sus fronteras la crisis democrática por la que atraviesa el país.
Desde que en noviembre de 2008 fuese elegido Luis Fortuño como gobernador de Puerto Rico, su política neoliberal de confrontación no ha hecho más que aumentar: degradación de los servicios públicos, despidos masivos de empleados públicos, enmiendas a leyes que protegen los recursos naturales del país, intento de privatización de los servicios públicos como la educación, violación de derechos fundamentales… Las últimas protestas se han producido en la universidad. En junio, tras 62 días de huelga, el Comité Negociador de la Universidad de Puerto Rico logró firmar unos acuerdos que el Gobierno de Luis Fortuño ha dejado en papel mojado.

Cambios en la Universidad

En primer lugar, aumentó mediante varias leyes el número de representantes de 13 a 17. Estos cinco nuevos síndicos (cuatro con la nueva ley y uno en sustitución de un renunciante) responden por afiliación al Partido Nuevo Progresista, en el poder. También aprobaron una ley para que las decisiones estudiantiles en la universidad de Puerto Rico sean por voto electrónico, deslegitimando el acostumbrado voto en asamblea. La nueva Junta de Síndicos aprobó también imponer un aumento en la matrícula de 619 euros para la universidad, efectiva a partir de enero próximo. La votación de dicha Junta, fue de nueve votos a favor de esta nueva cuota y seis votos en contra, lo que pone al descubierto el plan del Gobierno de controlar este órgano de representación. Los síndicos que votaron en contra se basaron en que esta cuota no contó con un estudio previo de alternativas para conseguir más fondos para la universidad.

Pero no sólo el ámbito universitario está en crisis. Desde hace nueve meses, el presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, impide la entrada del público para presenciar las vistas en el hemiciclo. Incluso, durante las dos últimas semanas de sesiones, Rivera Shatz impidió la entrada de los medios de comunicación. Ante las denuncias presentadas por los periodistas ante los tribunales, el presidente retiró la orden de impedir el acceso a los medios.
El 30 de junio fue el último día de las reuniones de la sección legislativa en el Senado. Al entender que ya se permitía el acceso a las vistas, la Coordinadora Nacional de Recintos Universitarios convocó una manifestación en la que un grupo entraría para entregar una proclama en repudio a las políticas del Gobierno.

Entonces, se permitió entrar a un reducido número de manifestantes al Capitolio (Casa de las Leyes), pero se les denegó el acceso a las vistas del Senado. Los representantes universitarios decidieron entonces protestar con una sentada y fueron disueltos con gases lacrimógenos y golpeados por las fuerzas de choque.
La represión policial ha recibido el aval del súper intendente de la policía y del gobernador Luis Fortuño, que justifican los hechos diciendo que varios vehículos privados sufrieron daños y que las fuerzas policiales actuaron en respuesta a los actos violentos de los manifestantes, especialmente de los grupos socialistas.

El 2 de julio fue convocada una manifestación a la que acudieron más de 1.500 personas en protesta por el desalojo violento de los estudiantes. “Esta agresión se produce ante la movilización del pueblo para resistir la imposición de la medicina amarga como solución neoliberal a la crisis económica”, manifestó Alvin Couto, portavoz del Movimiento Al Socialismo.

Golpe de Estado encubierto

En esa misma línea, van otras denuncias sobre la política del gobernador Fortuño, como la del dramaturgo Roberto Perea. En un comunicado público señala que en Puerto Rico se está produciendo un golpe de Estado. Perea denuncia que con la llegada al Gobierno de Luis Fortuño, y su anuncio en octubre de 2009 del despido de 20.000 funcionarios públicos “para reducir el déficit público” se está produciendo “un caos económico, se han empeorado las prestaciones de servicios públicos a los ciudadanos y se está generando desesperanza en todas las familias puertorriqueñas”. El dramaturgo señala también que las acciones violentas y agresivas del Gobierno de Fortuño, contra el movimiento estudiantil organizado, partidos de la oposición, sindicatos, medios de comunicación y otros sectores de la sociedad civil puertorriqueña, están generando un ambiente de hostilidad.

Con los juegos centroamericanos en el horizonte, el Comité Olímpico de Puerto Rico exhorta a una “tregua olímpica” bajo el imperativo de “cero protestas en Mayagüez 2010”. Incluso el Gobierno se encargó de distribuir las entradas de la ceremonia de apertura, el sábado 17 de julio para evitar manifestaciones en protesta contra el gobernador cuando éste inaugure el evento. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil como sindicatos, profesionales, ecologistas y de estudiantes ya habían convocado una concentración multitudinaria el domingo 18 de julio en el área metropolitana.

Una política neoliberal

Con la llegada al Gobierno en 2008 de Luis Fortuño (Puerto Rico oficialmente es un Estado libre asociado de EE UU) se ha impuesto una serie de medidas neoliberales que han tenido un gran impacto en la población. Una de las primeras fue el despido de 20.000 empleados públicos. Ahora toca el turno a la educación, que verá recortados sus presupuestos. Fortuño ha puesto en marcha leyes polémicas tendentes a favorecer la privatización como La Ley 7 de Emergencia Fiscal o la ley de las Alianzas Público Privadas, entre otras.

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