TRANSPORTE: LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA BATEN RÉCORDS
La UE estudia denunciar a la Comunidad de Madrid

El ambicioso plan de carreteras por el que la Comunidad de Madrid pretende
construir 334 kilómetros más de carreteras antes de 2011 está en el punto de mira
de la Comisión Europea por la vulneración de la legislación medioambiental.

01/05/08 · 0:00
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Desde que el Plan de Carreteras de
la Comunidad de Madrid fuera aprobado
el 15 de noviembre de 2007, la
polémica ha estado servida, tanto
por la oposición de los grupos ecologistas
como por la constante confrontación
entre el Ministerio de
Fomento y la CAM.

El cierre de la M-50 es uno de los
proyectos de este Plan que más polémica
ha suscitado. El trazado elegido
por el Gobierno regional prevé
la construcción de tres túneles. Uno
de ellos, de 10 kilómetros, recorre
subterráneamente el Monte del
Pardo, y otro se situará en la zona
de San Sebastián de los Reyes, conocida
como Dehesa Vieja: ambos
lugares están clasificados por la Ley
del Parque Regional como Reserva
Natural Educativa por albergar un
encinar en excelente estado de conservación.

El Ministerio de Fomento congeló
el proyecto del cierre de la M-50 en
el 2004 alegando los graves impactos
ambientales que generaría, y
propuso un tramo alternativo, que
para los grupos ecologistas tampoco
era la solución más adecuada. Esperanza
Aguirre afirmó en su momento
que no aprobaría ninguna propuesta
alternativa a la M-50 que no
fuese la de su equipo de Gobierno, y
aseguró que la construiría por su
cuenta, aunque fuese necesario
cambiarle el nombre.
A principios de abril, la Comunidad
de Madrid dio luz verde al trámite
de la M-61, el tramo más polémico
del cierre norte de la M-50.
Mientras tanto, el proyecto se encontraba
bajo período de información
pública para que participara la
población antes de que se emitiera
la Declaración de Impacto Ambiental,
presentando dos alternativas de
cierre: una con la construcción del
túnel debajo del Monte del Pardo y
otra por el embalse de Santillana.
Pero antes de que se acabara este
procedimiento, el consejero de
Transportes anunció el tramo por
debajo del Monte del Pardo, demostrando
su nulo interés por la participación
ciudadana y los procedimientos
ambientales.

Coincidiendo con el anuncio de la
presidenta, la Comisión Europea declaró
que el Plan de Carreteras 2007-
2011 de la Comunidad de Madrid sería
investigado por su aparente vulneración
de la legislación medioambiental
en materia de hábitats y de
evaluación de impacto ambiental.

David Hammerstein, eurodiputado
del grupo Verde, que realizó la interpelación
en Bruselas, denuncia
que, de llevarse a cabo el plan, se verá
afectada gravemente la Red
Natura 2000, cinco zonas declaradas
de interés comunitario y una zona
de especial protección para las
aves. Al mismo tiempo, la Comisión
Europea estudia denunciar las obras
de la M-501, al constatar que éstas
se siguen ejecutando sin tener la
obligatoria evaluación de impacto
ambiental.

El consejero de Transportes, Manuel
Lamela, hace oídos sordos a
cualquier voz discordante con el proyecto
y Aguirre se lava las manos
atribuyendo tanta oposición a la discriminación
que el Gobierno del
PSOE lleva ejerciendo en esta comunidad
para llevar a cabo una modernización
de sus infraestructuras viarias,
convirtiendo el Plan en uno de
sus principales desafíos políticos con
el Gobierno Zapatero. La carrera de
la presidenta de la CAM por llevar a
cabo el Plan de Carreteras más ambicioso
que se ha emprendido nunca
en la región, parece que se hará con
o sin el apoyo del Gobierno estatal.
El programa pretende construir 334
kilómetros más de vías, casi el 14%
de la existente red regional y siete
nuevas carreteras, con una inversión
prevista de 4.200 millones de euros,
que según la presidenta permitirá a
los ciudadanos madrileños contar
con unas infraestructuras viarias de
calidad para desplazarse con libertad,
rapidez y comodidad. Esta partida
presupuestaria supera en 800 millones
la partida que el Ministerio de
Fomento ha ofrecido al Ejecutivo regional
para realizar las obras. El informe
presentado por Ecologistas en
Acción, Afecciones de la construcción
de nuevas autovías previstas sobre
el Parque Regional de la Cuenca
Alta de Manzanares, pone de manifiesto
cómo el Gobierno de
Esperanza Aguirre parece actuar como
si en la Comunidad de Madrid
hubiera una baja dotación de autovías
y carreteras, mientras que los datos
demuestran una saturación y sobredotación
de las mismas, siendo el
Área Metropolitana de Madrid la región
europea con más kilómetros en
autovías y autopistas en relación a la
población.

Intereses especulativos

Para Ecologistas en Acción, hay
unos indiscutibles intereses especulativos
con la construcción de este
tipo de autovías, por encima de las
necesidades reales de los ciudadanos.
Según afirma Paco Segura, portavoz
de esta organización, “es evidente
que detrás de la mayor parte
de los proyectos de las autopistas ya
hay un negocio en sí para las constructoras,
porque no olvidemos que
son las empresas que más influencia
política tienen y en gran medida
condicionan la política de construcción
desaforada de infraestructuras
a las que nos tiene acostumbrados
el Gobierno de la Comunidad de
Madrid”. Además del negocio de la
obra, continúa Segura, “lo que ocurre
es que cada nueva autovía pone
mucho más territorio a tiro de las
urbanizadoras, al aumentar la accesibilidad
al mismo y, por tanto, ganando
valor urbanístico, algo que
corroboran los paisajes típicos a los
que nos tienen acostumbrados de
urbanizaciones dispersas”. “El cierre
de la M-50 desgajaría zonas protegidas
en distintos trozos de territorio
que quedarían rodeados por la
autovía y que, evidentemente, se
convertirán en pasto de las urbanizadoras”,
concluye Segura.

Aire y salud
pública

_ El incremento de la movilidad
privada que se prevé
con el Plan de Carreteras de
la CAM tendrá consecuencias
directas en la emisión
de gases de efecto invernadero.
Además, Ecologistas
en Acción, la Federación
Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid y la Asociación
para la Defensa de
la Sanidad Pública de
Madrid, denuncian que la
CAM ya supera los límites
legales de contaminantes
establecidos para la protección
de la salud y denuncian
que esta política de
transporte camina en sentido
completamente opuesto.

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