SERVICIOS PÚBLICOS // LAS EMPRESAS DIVERSIFICAN SUS ACTIVIDADES PARA HACERSE CON LAS CONCESIONES MUNICIPALES Y
La tarta de las administraciones locales

Los poderes locales acumulan una parte creciente del
gasto público. Sus servicios y empresas, como el agua
o el transporte, suponen un mercado muy atractivo
para las compañías privadas. La veda está abierta.

07/05/06 · 23:09
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DEUDAS OPORTUNAS. La Comunidad ha anunciado que privatizará parte de la gestión de Metro de Madrid para sufragar las deudas
de 3.000 millones de euros contraídas por la filial Mintra. Esta deuda se suma a la que ya tiene la Comunidad (9.000 millones). / Bárbara Boyero

A finales de noviembre, dos ciudades
se añadieron a la lista de poblaciones
que cuentan con calles, monumentos,
hoteles y servicios municipales
grabados en el tablero de juego
del Monopoly. Sevilla y Bilbao se
suman así a Madrid, Barcelona y
Valencia como capitales presentes
en ediciones específicas de un juego
donde todo lo que se levanta sobre el
tapete está en venta, y donde los emprendedores
con pocos escrúpulos
caen en la cárcel como quien mete el
pie en un charco.

La privatización de servicios municipales
y autonómicos es al Monopoly
lo que las finanzas globales son
al Palé. Este año, la porción que
ayuntamientos y comunidades autónomas
representan en el tablero
del gasto público alcanza el 13,3% y
el 32,3%, respectivamente. Este peso
creciente contrasta con el desarme
de las grandes empresas públicas
estatales, ‘reconvertidas’ en los
años ‘80 o vendidas en los ‘90 a los
grandes inversores privados. La
adquisición o participación en los
servicios públicos municipales o autonómicos
supone de este modo un
nuevo paso en las estrategias de diversificación
empresarial de las
principales compañías.

Al menos ocho empresas del Ibex
35 -el índice que agrupa a las compañías
con mayor volumen de transacciones
en la Bolsa de Madrid-
cuentan con divisiones que gestionan
servicios antes dependientes de
las administraciones locales, como
es el suministro y tratamiento del
agua (Acciona, ACS-Urbaser, Sacyr),
limpieza urbana y de locales
(las tres primeras más Ferrovial y
FCC), autopistas (Abertis, Cintra,
Sacyr, ACS) o gestión de cobros de
multas y otros servicios informáticos
(Indra). La variedad de formas de
control empresarial responde a la diversidad
de sectores y mercados en
los que se está moviendo este particular
tablero privatizador.

De Madrid al subsuelo

En septiembre de 2001 el vestíbulo,
los pasillos y los andenes de la estación
de metro de Ciudad Universitaria
(Madrid) se convirtieron de la
noche a la mañana en un gigantesco
anuncio de una conocida marca
de prendas deportivas. Todas las
paredes estaban cubiertas con un
nuevo revestimiento de plástico
que anunciaba las virtudes de la
marca, especialmente dirigida a
mujeres; incluso parte del vestíbulo
se acondicionó para dar clases de
gimnasia y promocionar un espíritu
deportivo patrocinado. Grupos
estudiantiles y feministas denunciaron
esta campaña como una privatización
del espacio público.
Tan sólo un año antes Metro de
Madrid, sociedad anónima dependiente
de la Comunidad, había modificado
su objeto social. No se trataba
ya sólo de gestionar y explotar el
servicio público del ferrocarril metropolitano.

Uno de los puntos societarios
hablaba de “la gestión y la rentabilización
de su patrimonio por
cualquier medio, directamente o en
colaboración con terceros (...) mediante
la titularidad de acciones o
participación de sociedades con objeto
idéntico o análogo”.
Policarpo González, uno de los
seis delegados de la central anarcosindicalista
Solidaridad Obrera en la
empresa, considera que estos cambios
abren la puerta a la presencia
de sociedades privadas, incluso más
allá de que, como sucede ahora, los
usuarios viajen dentro de anuncios
de móviles y chocolatinas. “Es el modelo
que se ha aplicado en la línea
12” -que conecta al centro con las
ciudades del sur-, “y que implica una
mayor participación privada en las
infraestructuras: ahora el reparto de
beneficios y gastos no es sólo de
Metro: ésta tiene el porcentaje más
alto pero no es ya mayoritario”.

La fórmula mediante la que las
constructoras asumen parte o todo
el coste de las obras y luego cobran
un canon a las concesionaria pública
lleva esta lógica un paso más
allá. Se trata de un sistema importado
del Reino Unido, donde ha sido
aplicado en la sanidad y en la
educación. La idea, recomendada
por la CEOE en todos los niveles
administrativos, tendrá una fuerte
aplicación en sectores que aquí
dependen de las administraciones
locales, como las autopistas (es el
caso actual de la M-30 en Madrid) y
la sanidad.
Según Marciano Sánchez, de la
Federación de Asociaciones en Defensa
de la Sanidad Pública, tres comunidades
se apartan de la línea privatizadora
en la sanidad: Cantabria,
Castilla La Mancha y Extremadura.

El resto aumenta los conciertos con
clínicas privadas, los modelos de
gestión privada total o parcial a través
de fundaciones o de empresas
públicas (caso de Galicia y Andalucía,
respectivamente), cuando no
directamente las concesiones, uno
de cuyos casos más famosos es el
hospital de Alzira, en Valencia. Además
de Madrid, Burgos y Baleares
están aplicando el sistema del canon
privado con cuotas de 30 años,
señala Sánchez.

Si es privado es mejor

El Ayuntamiento de Córdoba es firmante
de una declaración en defensa
de los servicios públicos preparada
con motivo de la reunión de la
Organización Mundial del Comercio
en Hong Kong. Esta ciudad de
más de 300.000 habitantes, la única
capital gobernada por Izquierda
Unida en solitario, vive desde hace
años un proceso que los críticos consideran
privatizador y sus impulsores,
una forma de descentralización
administrativa que busca una mayor
eficiencia.

Si bien señala que el Ayuntamiento
ha mantenido su defensa
de lo público en temas como la sanidad -que no es de competencia
municipal-, Paco Moro, de la Coordinadora
de Trabajadores de Andalucía
(CTA) asegura que “de público
queda en Córdoba la Policía, los
Bomberos y poco más”. El conflictivo
servicio de grúas, el montaje de
eventos -propiedad de FCC con un
contrato de más de 120.000 euros
anuales-, los servicios sociales como
las ludotecas o la asistencia a domicilio
de ancianos, así como parte
del mantenimiento de edificios y colegios
y de parques y jardines están
en manos privadas.
Fuentes del Ayuntamiento alegan
que esta interpretación es exagerada,
y destacan que servicios
importantes como los funerarios,
la recogida de basura y el agua potable
son públicos, aunque se
mantienen independientes del
Pleno por ser sociedades anónimas.

El Ayuntamiento ha promovido la
creación de empresas municipales
como forma de agilizar la gestión
de estos recursos; para la CTA, no
se trataría más que de una forma
de seguir la lógica privada.
De hecho, el argumento que
acompaña a las privatizaciones suele
ser la mayor eficiencia de las empresas
privadas. Interpelados por el
periódico canario El Día acerca del
caso del agua potable en Santa Cruz
de Tenerife (ver recuadro), dos
miembros del Observatorio de los
Servicios Públicos de la Universidad
Complutense contestaban que
la mayor o menor eficiencia de una
empresa no depende de su titularidad.

La venta de los recursos públicos
sí contribuye a aliviar a corto
plazo las deudas millonarias que
contraen los ayuntamientos y las
comunidades en sus grandes proyectos.
Pero hasta la propia OCDE
reconoce que no hay evidencia empírica
que garantice una mayor eficiencia
por parte de una gestión
corporativa.


Santa Cruz y el agua

Cinco empresas (Canaragua,
Sacyr, Urbaser, Veolia y Aqualia)
compiten por controlar el
96,4% de Emmasa, la empresa
municipal que gestiona el agua
potable en Santa Cruz de
Tenerife. La compañía declara
beneficios y funciona bien; el
Ayuntamiento de Coalición
Canaria dice que los más de
60 millones de euros que espera
obtener de su venta le permitirán
cubrir una cuarta parte
de su Plan Económico y financiero
en los próximos tres años.
Según Enrique Ortega y Antonio
Ruiz, del Observatorio de Servicios
Públicos de la Complutense,
la amortización del canon y
la necesidad de beneficios por
parte de la empresa ganadora
harán que aumenten las tarifas,
ya que la cantidad de
acciones vendidas no hará
posible un control municipal de
los precios. En el caso de Francia,
las tarifas del agua gestionadas
por empresas privadas o
mixtas eran un 13% más altas
en 1999 que las gestionadas
por los ayuntamientos. Estos
expertos señalan también, en
una entrevista concedida a El
Día, que el control casi total
por parte de la nueva adjudicataria
supone un hecho sin precedentes
en otros procesos privatizadores
en el sector.

Barcelona: Parcs i Jardins

Las asociaciones vecinales y
todos los sindicatos presentes
en el comité de empresa
de Parques y Jardines en Barcelona
se oponen al cambio
de modelo de gestión impulsado
por el Tripartit municipal.
En 2004, la concejal
Inma Mayol comunicó que la
sección pasaría a ser considerada
como una Entidad
Pública Empresarial, y sujeta
por lo tanto al derecho privado.
Los 932 trabajadores del
servicio temen que este cambio,
que entra en vigor en
enero, sirva para profundizar
las tendencias ya existentes:
pasar más servicios a contrata
privada, como ya ocurre
con la poda y el mantenimiento
integral del arbolado.
Esto supondría peores condiciones
laborales y de seguridad,
únicos puntos en los
que la posible contrata
podría recortar costes para
obtener beneficios. Antonio
Cano, miembro de CGT en el
comité de empresa, dice no
entender por qué “se sacan a
concurso servicios que podrían
asumirse directamente sólo con
algo más de personal y de
medios”, lo cual refleja la situación
de muchos de los servicios
municipales que están siendo
privatizados.

Madrid 2012 era esto

“Buena parte de las instalaciones
deportivas en Madrid han
sido construidas y luego mantenidas
por la presión vecinal”.
Esta afirmación de la Plataforma
Acción Deporte Público da
otra perspectiva al proceso privatizador
iniciado por el Ayuntamiento
hace dos años con la
desaparición del Instituto Municipal
de Deportes (IMD).
Barrios como La Elipa, Palomeras
Bajas o Comillas disponen
hoy de polideportivos porque
sus vecinos los han reclamado
y mantenido luego con trabajo
voluntario. La plataforma, formada
por la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos,
usuarios, clubes de base y
miembros de CGT en el comité
de empresa del antiguo IMD,
ha denunciado que la subida
de tarifas (de hasta un 50% en
las escuelas infantiles) y el
abandono municipal de las instalaciones
que no han sido concedidas
a empresas han provocado
la pérdida de 900.000
usuarios desde 2004. La Plataforma
teme que las mejoras
introducidas en algunos polideportivos,
pagadas con dinero
público, acabarán siendo explotadas
por el interés privado. Los
recintos que no sean vendidos
serán cedidos sin subvención a
entidades vecinales.

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