DIAGONAL: Ha declarado que la
Ley de Responsabilidad Penal del Menor,
al permitir la colaboración de organizaciones,
buscaba favorecer a los
grupos que trabajaban históricamente
con menores, sin embargo ¿no da
la sensación de que se ha pervertido
esa pretensión?

FÉLIX PANTOJA: Quizá fue una ingenuidad
en la redacción original de
la Ley, en la que se abría a las entidades,
ONG, etc., la posibilidad de concertar
con la administración el llevar
este tipo de centros.

Lo cierto es que
la Ley de Responsabilidad Penal del
Menor tiene una naturaleza originariamente
sancionadora, no estrictamente
penal. Es, por tanto, una ley
orgánica, pero se pensó que la respuesta
no debía ser la misma que la
que se da a los mayores ya que la imputabilidad
de los menores es distinta,
como recoge el artículo 19 del
Código Penal. Y, por lo tanto, la respuesta
tenía que hacerse en un marco
que persiguiera de una forma más
efectiva la rehabilitación, o como
se quiera llamar, de estos menores;
se trataba de dar una oportunidad a
chicos que no la han tenido.

Fruto de
esto, se planteó que había que sacar
ese tema de Instituciones Penitenciarias
y encomendárselo a las Comunidades
Autónomas, que tienen entre
sus funciones la gestión de la protección
de los menores. ¿Qué ha ocurrido?
Que se pensó que esta gestión
podía ser en colaboración con entidades
que tradicionalmente trabajan
con chicos; yo, personalmente, cuando
trabajé en aquello tenía en la cabeza
la Coordinadora de Barrios, a los
que conocía. Y se pensó que esa
puerta había que abrirla.

Sin embargo,
ha ocurrido que han florecido
asociaciones, ONG o fundaciones
que prácticamente han profesionalizado
la ejecución de las medidas, y
las comunidades autónomas han visto
una forma de descargarse de esta
responsabilidad. De hecho me parece,
como expuse en un informe del
Consejo General del Poder Judicial,
que se está produciendo de facto una
privatización de la ejecución de las
medidas.

Una privatización que, además,
cae en el ámbito del mercado
puro y duro: es decir, los trabajadores
de estos centros están sometidos
a las leyes del mercado, suelen ser
mileuristas, con contratos temporales,
etc. Todo eso puede repercutir
–yo opino que seguro que repercute–
en la forma en que hay que trabajar
con estos chicos. Con esta seudoprivatización,
el modelo no está respondiendo
a los objetivos de la Ley, que
era una respuesta sancionadora pero
con un componente educativo. El valor
del interés del menor ha ido cediendo
ante el aspecto punitivo

D.: Pese a la gravedad de las denuncias
del Informe del Defensor del
Pueblo, las repercusiones de éstas
han tenido escaso recorrido. ¿Tiene
constancia de que el Gobierno central
se haya planteado intervenir?

F.P.: Hay una cosa curiosa, y es que
la denuncia del Defensor del Pueblo
se refiere a centros de protección, no
a centros de reforma. Los chicos que
están allí no han cometido ningún
delito, están porque se encuentran
en situación de desamparo, porque
sus padres o tutores no han podido o
no han ejercido suficientemente sus
funciones propias.

Es loable que el
Defensor del Pueblo haya denunciado
que pase esto y yo confío en que
la Fiscalía actúe de acuerdo con estas
denuncias. El ordenamiento jurídico
para la protección de menores
en España es bueno, de forma que
los casos de desamparo quedan bajo
control, pero lo que hace falta es que
este ordenamiento se cumpla. También
es necesario que la sociedad se
implique, porque estos chicos no deberían
permanecer en centros toda
su vida, sino que tendrían que salir a
acogimientos en familias. Pero es
cierto que hay un déficit en la protección
de los adolescentes y preadolescentes.

Las Comunidades Autónomas
tienen que considerar esto como
prioritario, y debe ser objeto de
inversiones y de preparación de los
educadores. No vale contratar a recién
licenciados en pedagogía, hace
falta trabajar con gente preparada.

D.: ¿Qué medidas serían efectivas
por parte del Ministerio de Justicia
para garantizar los derechos y la integración
de los menores extranjeros
no acompañados (MENA)?

F.P.: Hay un compromiso legal para
que los MENA en situación de desamparo
estén bajo la tutela de las
entidades públicas de protección de
menores. Lo dice, con carácter general,
la Convención de Derechos del
Niño, la Ley de protección jurídica
del menor con carácter particular, y
el artículo 172 del Código Civil más
concretamente.

Debe ser prioritaria
la educación básica, el sistema de
protección y el sistema sanitario de
menores, también el sistema de salud
mental tiene que atender con
más cuidado los problemas de menores.

Si hablamos de menores, la
Ley de Extranjería queda subordinada
a la Convención de Derechos del
Niño y a la Ley de Protección Jurídica
del menor, de tal manera que un
menor extranjero que se encuentre
en España, entre por Barajas o en
una patera, si se encuentra en situación
de desamparo, pasa a formar
parte de las competencias de las entidades
públicas de protección de menores.

Y se hará el reagrupamiento
familiar cuando sea adecuado al interés
del menor, y cuando se tengan
garantías suficientes de que su repatriación
y el reagrupamiento va a ser
en su interés y con su familia, no en
la frontera con la policía de fronteras
o a un entorno familiar que les
rechaza. No hay menores inmigrantes
ni extranjeros, son niños que se
encuentran sometidos al ordenamiento
jurídico español.

D.: ¿Los medios de comunicación están
obedeciendo a los miedos de la
sociedad cuando abordan los delitos
cometidos por menores?

F.P.: Sí, yo creo que no sólo obedecen
a eso sino que a veces alientan
esas situaciones de miedo. Lo que
late en el fondo es que estamos en
una sociedad muy punitiva, que
piensa que con el Derecho Penal se
van a resolver todos los conflictos,
olvidando muchas veces que lo que
hay detrás es un conflicto social que
hay que resolver de otra manera.

En
el caso de los menores, es evidente
que un mejor sistema educativo,
que socialice a los chicos, hará que
determinadas conductas se reduzcan. También es importante que se
mejore el tratamiento que se debe
dar a chicos con transtornos de personalidad,
de la conducta o de salud
mental, que muchas veces no se detectan
y que terminan derivando a
la vía penal.

La sociedad está pidiendo
dureza, cuando a lo mejor
no se han otorgado posibilidades de
igualdad. La idea es que la educación
otorgue estas posibilidades para
que todos los individuos tengan
las mismas oportunidades. Los medios
de comunicación cumplen muchas
veces el papel de altavoz de
esas expresiones sin pararse a pensar
y sin dar acceso a otras voces
que racionalicen las situaciones sobre
las que hay que actuar.

EL PAPEL DE
LA FISCALÍA

Este fiscal intervino en la redacción
de la Ley de Responsabilidad
del Menor, si bien considera
que ésta, desde que nació
“ha sido sometida a cambios
cada vez más punitivos”. Cree
que la Convención de Derechos
del Niño y la Ley Orgánica
1/1996 ofrece instrumentos
poderosos al Ministerio Fiscal
“para actuar en defensa de los
derechos de los menores”, pero
Pantoja no entra a juzgar la
actuación de la Fiscalía de
menores de la Comunidad de
Madrid (CAM).

En 2001, desde
esa Fiscalía, Pantoja ordenó
cerrar el centro de Guadarrama,
gestionado por la Fundación
Diagrama, después de que un
joven de 14 años denunciara
malos tratos. Sin embargo, en el
juicio posterior, la Audiencia
Provincial de Madrid absolvió a
la Fundación y a la propia CAM.