“Conozca las peculiaridades del
nuevo pliego de condiciones administrativas
particulares del nuevo
Plan y aproveche las oportunidades
de negocio para su empresa” con este
lema presentó, en el hotel Ritz de
Madrid y bajo el módico precio de
1.200 euros por asistente, la Comunidad
de Madrid el Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2007-2011. Todo
ello organizado por Unidad Editorial,
empresa matriz de El Mundo,
Expansión y Marca, que en breve
organizará otras conferencias como
Plan Sanitario horizonte 2015 en
Cataluña o La Nueva Ley de Contratos
del Sector Público en la Generalitat
Valenciana.

Un acto patrocinado por Ribera
Salud, compañía pionera en la gestión
privada de hospitales públicos
desde 1999 en Valencia, y Atos Origin,
consultora tecnológica con más
de 15 años en la sanidad española y
que se ha visto favorecida por la externalización
de “la informatización
sanitaria que se ha dejado en manos
del sector privado”, según la Asociación
para la Defensa de la Sanidad
Pública de Madrid (FADSP).

11 años de unión PP-PSOE

Desde que en 1997 se aprobara la
Ley 15/1997 en el Congreso, con la
única oposición de IU, BNG y ERC,
la sanidad se ha convertido en una
“inversión sin riesgo y garantizada
durante décadas”, denuncia la Coordinadora
Anti-Privatización de la
Sanidad Pública de Madrid (CASmadrid).
Diez años después se dejan
notar las consecuencias. Pero, en su
afán privatizador, ni Esperanza Aguirre
ni el PP están solos.

Si el PSOE apoyó la ley de 1997,
un año después, y en esta ocasión
en el Senado, el Partido Socialista
se opuso a la transformación de los
hospitales, por aquel entonces del
Insalud, en fundaciones privadas.
Pero, tras la llegada al Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero la legislación
no se ha cambiado. De
hecho, el Ayuntamiento de Parla,
encabezado por el nuevo líder socialista
madrileño, Tomás Gómez,
cedió en 2001 a la Comunidad el
terreno para uno de los nuevos
hospitales con gestión privada.
Una situación que 11 años después
se debatirá de nuevo en el Congreso
de los Diputados, a raíz de dos iniciativas
de Izquierda Unida. Aunque la
coalición tampoco se libra de este
proceso, ya que a través de su participación
en gobiernos como los de
Catalunya y Baleares también se ve
salpicada por el afán privatizador de
la sanidad pública. En esta situación,
y bajo la modalidad de Iniciativas de
Financiación Privada se gestionan
los centros de Bajo Llobregat (Catalunya)
y Son Dureta (Baleares).

Ni mucho menos el verano ha sido
de descanso. Tanto las protestas,
como el trabajo de los diferentes colectivos
en defensa de la sanidad
pública no han cesado, ni el interés
privatizador de la administración
‘pública’ de Aguirre. El 31 de julio
la Comunidad publicaba una resolución
con las instrucciones para el
nombramiento y la contratación del
personal temporal. Y con la excusa
de “la situación excepcional que se
ha producido en la Comunidad de
Madrid con la apertura de siete nuevos
hospitales”, han justificado “el
traslado de cargos a dedo sin pasar
por tribunales, así como la externalización
de la mayoría del personal
no sanitario o el despido de trabaja
dores con contratos por obra y servicio”,
explica Juan Antonio Gómez
Liebana de CASmadrid.

Si las protestas han recorrido diferentes
zonas de la región, el 23 de
septiembre se unificaron y masificaron
frente al hotel Ritz. Un acto
al que acudieron más de 3.000 personas,
que denunciaron “la venta
de la sanidad pública”: cuatro nuevos
hospitales, las reformas de los
hospitales más importantes de la
capital y más de 55 ambulatorios.
Pero, en el interior del hotel, la
Comunidad no quiso soltar prenda
sobre los nuevos ambulatorios, según
Adolfo García (PSOE), concejal
de Rivas Vaciamadrid, quien
asistió al acto para informarse sobre
las novedades del nuevo centro
que la Comunidad debería inaugurar
en 2009 en la ciudad ripense. “Al
preguntarles por los nuevos ambulatorios,
nos respondieron que no
nos iban a contar nada”, reconoce
García. Además, la Comunidad reconoció
que no se ha evaluado el
rendimiento de los nuevos hospitales,
pero que en los cuatro próximos
que se construirán se dará un
paso más en el proceso privatizador,
las concesiones administrativas.

Además, tras las reformas en el
Gregorio Marañón, Ramón y Cajal,
Móstoles, La Paz y 12 de Octubre
también se privatizarán todos los
servicios no sanitarios, como en los
últimos hospitales inaugurados.
Mientras el Sindicato Asambleario
de la Sanidad puntualiza que el
objetivo no es tanto vender los centros
de salud, sino modificar su
función “de puerta de entrada al
sistema sanitario, a muro de contención
y reducción del gasto a través
del recorte de los costes”, a semejanza
de situaciones que ya se
viven en Catalunya o en la Comunidad
Valenciana. En el área de
Torrevieja, ofrecen hasta 2.000 euros
al mes en incentivos al personal
facultativo de atención primaria
en función de la reducción de
las derivaciones a especialistas.

¿Más calidad en la atención?

“Los hospitales más nuevos son los
que más denuncias por negligencia
están sufriendo últimamente. La
asistencia no es la misma, no hay
profesionales suficientes ni adecuados
para la cantidad de pacientes”,
denuncia Carmen Flores, presidenta
de la Asociación el Defensor del
Paciente. Según una circular interna
de la propia Consejería madrileña
los nuevos hospitales públicos (San
Sebastián, Vallecas, Parla, Coslada,
Valdemoro, Arganda Aranjuez y
Majadahonda) no tratan en urgencias
18 patologías habituales como
politraumatismos, quemaduras de
grado mayor o neurocirugías. Tras
las primeras atenciones, estos pacientes
son trasladados a centros
como La Paz, 12 de Octubre, Clínico
y Ramón y Cajal.

Además, estos ocho centros inaugurados
tienen una media de 1,2
camas por mil habitantes, muy lejos
de lo recomendado por la Organización
Mundial de la Salud, entre
8 y 10. Incluso la tercera parte de la
media de la región madrileña que
se sitúa en 3,48. “Además, los nuevos
hospitales no han significado
un incremento ni de personal ni de
camas. En los antiguos hospitales
se han reducido tanto camas como
personal”, explica Gómez.