Son las 8:30h y Felipa hace lo único
que puede para ganarse la vida en
este momento tan complicado. Al alba,
pasea por las calles de Phoenix
recogiendo en bolsas botellas de
plástico y latas de Coca Cola para
luego separarlas en casa en diferentes
contenedores que venderá a un
intermediario que las llevará a una
fábrica de reciclaje. Con la paranoia
anti inmigrante en alza en Arizona,
cuatro hijos que mantener y un esposo
deportado a México hace tres semanas,
Felipa dice que sólo le queda
rezar para que suceda un milagro. O
para que los anglos, “que tienen corazón
y sentimientos, se den la oportunidad
de conocer a un latino”.

Desde que la gobernadora del
Estado de Arizona, Jan Brewer, firmó
el 23 de abril la ley SB1070, la
más dura en materia de inmigración
en la historia de Estados Unidos, no sólo han llovido aquí
miedo y recelo y se ha polarizado
hasta la opinión más sobria. El detonante
de Arizona ha desencadenado
un tira y afloja a nivel nacional que
tiene al país convulsionando. La pesadilla
de unos es la esperanza de
otros: una hasta ahora huraña y problemática
reforma migratoria.

Efectos a nivel nacional

Katherine Vargas, del Foro Nacional
de Inmigración, afirma que actualmente
en el país hay 22 Estados
intentando aprobar legislaciones
migratorias conservadoras como la
de Arizona. Algunas iniciativas locales
están difundiendo terror en la comunidad
inmigrante y sentando
precedente para otras municipalidades
en las que se están viendo
reacciones extremistas. Dos ejemplos
son Fremont (Nebraska),
donde se aprobó en junio una prohibición
de vender o alquilar inmuebles
a indocumentados; y Salt
Lake City (Utah), donde recientemente
circuló una lista de 1.300 “inmigrantes
ilegales” con fechas de
nacimiento, teléfonos y direcciones.

El Departamento de Justicia estadounidense
ha presentado una
denuncia contra Arizona para invalidar
la ley estatal, declarándola inconstitucional
y una intromisión en
competencias federales. Con la denuncia
se está también pidiendo
que la ley no entre en vigor el 29 de
julio, como está previsto, sino que
se posponga hasta que el caso tenga
veredicto. La iniciativa vino después
de que más de 30 jurisdicciones a nivel
nacional pasaran resoluciones
para condenar la SB1070, se unieran
a un boicot económico al Estado liderado
por la ciudad de Los Ángeles
o instituyeran prohibiciones de
viaje a su territorio.

Los alcaldes del país (entre ellos
Bloomberg, de Nueva York, y
Villaraigosa, de Los Ángeles) se
opusieron fervientemente a la legislación
en una reciente conferencia
anual. Tampoco parece que
el torneo de béisbol All-Star Game,
que en 2011 debía jugarse en
Arizona, vaya a poder realizarse
en el Estado. “Todos estos pedacitos
están manteniendo vivo el debate
migratorio”, afirma Vargas,
del Foro de Inmigración.

Obama ha criticado la polémica
ley públicamente y, en el discurso sobre
inmigración que dio el 1 de julio,
afirmó que “el sistema [de inmigración]
está roto y todo el mundo lo sabe”.
Muchos le piden acción en vez
de palabras. Pero desgastado por
una difícil reforma sanitaria y constreñido
por el ciclo electoral (las legislativas
son en noviembre), todos
los pronósticos apuntan a que el presidente
no podrá meterle mano a la
reforma migratoria hasta 2011.

Efectos a nivel estatal

Aunque no hay datos oficiales, hay
pruebas de que desde que se anunció
la ley de Arizona bastantes familias
inmigrantes se han marchado a
otros Estados o de vuelta a sus países.
Petra Falcón, directora ejecutiva
de Promise Arizona (PAZ), dice que
ella ha visto a un número considerable
de familias de su comunidad partir,
y que se tendrá un mejor conocimiento
de la magnitud del éxodo en
agosto, cuando el curso escolar comience
y se vea cuántos niños no regresaron
de ‘las vacaciones’.

PAZ comenzó su labor hace pocos
meses, antes de que se conociera
la ley, con intención de sensibilizar
a los latinos en el Estado de su
fuerza como votantes. Pero ahora el
rol de la organización se ha magnificado.
Llevan desde abril organizando una vigilia diaria masiva enfrente
del Capitolio de Phoenix, convertida
en un centro comunitario para inmigrantes
en apuros.

Aunque lo que más indigna a
Falcón de la nueva ley es que “van a
parar a la gente en las calles porque
tiene piel color café”, y muchos como
Felipa saben que el racismo ya
existe con ley o sin ella en un Estado
con un 30% de hispanos y medio millón
de indocumentados. Ambas dicen
que al menos ahora con la denuncia
del Departamento de Justicia
sienten que queda un poco de esperanza.
“Es nuestra única fe, lo único
que nos mantiene al pie del cañón”,
declara Felipa, de 36 años.
Ella recuerda cómo el 6 de mayo,
a las 8.15h, recibió una llamada de
su esposo diciendo que la fábrica
donde trabajaba estaba rodeada de
sheriffs. Una redada le llevó junto a
otros treinta y pico hombres a una
cárcel del condado, donde estuvo
casi dos meses. Tras ser deportado
a México, volvió a su natal
Michoacán, que no había visto en
ocho años. “Al principio él me decía
que quería que volviese con los
niños para empezar una vida allí de
nuevo”, dice Felipa. Tres semanas
después, él afirma haber visto un
nivel de desempleo y delincuencia
en el que no puede imaginar a su
familia. No saben aún qué harán.
Quizá él, como muchos otros con
no más que unos cuantos rezos en
el bolsillo, vuelva a arriesgar su vida
cruzando la frontera.