Si oyen hablar del envejecimiento activo agarren bien su cartera. Es la primera conclusión que deben sacar de la última reforma sobre la edad de retiro. La segunda es que esto no se acaba aquí. El Real Decreto-Ley 5/2013 es un paso más en un constante “work in progress” sobre las pensiones y la edad de jubilación que tuvo su fase inicial con el Acuerdo Social del 2 de febrero de 2011, firmado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con los representantes de la patronal y los sindicatos de concertación. Si esa foto, y la de miles de personas rodeando el Congreso durante unos instantes, parece lejana, es, en parte, porque la fórmula del Real Decreto-Ley excluye a los actores sociales de una ecuación que ha relegado al Pacto de Toledo al segundo plano.

Elena Idoate, economista del Seminario Taifa, explica que este marco –el Pacto de Toledo nació en 1995 en la última legislatura de Felipe González– no está suficientemente blindado “para tratar las pensiones de manera independiente de los Gobiernos de turno”, y recuerda que las reformas consensuadas en esa mesa “han ido en la dirección de degradar la cobertura de las pensiones y recortar sus importes”. Pero las reformas ya no han de ser concertadas en el marco del Diálogo Social, y obedecen a otras urgencias, promover el envejecimiento activo, o, más claramente, acelerar los plazos establecidos en 2011 e introducir nuevos baremos, entre ellos el llamado “factor de sostenibilidad”, para lo que a lo largo del mes de abril se conformará una “comisión de expertos”.

El factor de sostenibilidad se trata, básicamente, del establecimiento de una fórmula matemática en constante revisión cuyo objetivo es introducir en el cálculo de las prestaciones elementos como la esperanza de vida, la cifra de cotizantes y otros relacionados con “la marcha de la economía” (sic). El Acuerdo Social ya establecía su implementación, sin embargo el Gobierno quiere acelerar su puesta en marcha, apremiado por el tridente formado por Unión Europea, BCE y FMI.

Al introducir esa revisión continua, el factor de sostenibilidad funciona como una suerte de “planes de austeridad permanente”, explica Elena Idoate, “para recortar el importe de las pensiones vigentes y futurasIdoate advierte del peligro de este mecanismo, que ya funciona en Alemania desde 2005. Al introducir esa revisión continua, el factor de sostenibilidad funciona como una suerte de “planes de austeridad permanente”, explica Elena Idoate, “para recortar el importe de las pensiones vigentes y futuras en función de elementos sobre los cuales las personas en activo o retiradas no tienen capacidad de incidir: esperanza de vida, ratio activos/pasivos, etc”. Recientemente el sociólogo Antonio Brettscheider explicaba en La Sexta que en Alemania esa innovación está sirviendo para engrasar el trasvase del sistema público a los fondos privados y para combatir el aumento del gasto en pensiones mediante la eliminación de las mismas.

Los pobres cada vez más...

Como apuntaba el economista Nacho Álvarez en un texto colgado en el blog del Colectivo Novecento, en España el 70% de las pensiones no superan los mil euros mensuales, “de modo que la pensión media contributiva es un 25% inferior a la media de la UE, y la no contributiva casi un 50%”. La tendencia demuestra que las tintas se siguen cargando sobre las pensiones más magras. Un miembro del Colectivo Ronda, colectivo de intervención a través del derecho y la economía social, explica que la reforma del desempleo aplicada a la edad de jubilación “golpea de forma brutal a las pensiones más humildes y sin embargo apenas afecta a quien percibe la pensión máxima, situada en 2.540 euros mensuales”.

Como recuerdan desde el Colectivo Ronda, el endurecimiento del acceso al subsidio de mayores de 55 años se inició en junio de 2012, con otro Real Decreto-Ley, el 20/2012 –que establecía asimismo el golpe de gracia a la Ley de Dependencia– que elevó la edad de acceso a tres años sin ninguna norma transitoria. El tijeretazo del 15 de marzo ha seguido la reforma continua de las condiciones de retiro, al introducir, entre otras limitaciones, la imposición de la renta familiar para acceder al subsidio. No será la última. Bruselas apremia al Estado español para que recorte los plazos establecidos en el Acuerdo Social en cuanto a edad mínima de jubilación, y Standard and Poors ha salido de su cripta recientemente para asegurar que la deuda seguirá creciendo “hasta convertir el bono español en bono basura” si no se hacen nuevas reformas de pensiones.