Expolio de lo público: El PP rebaja la protección para construir más viviendas
La reforma de la Ley de Costas amnistía la especulación

El ministro Miguel Arias Cañete rebaja, entre otras medidas, de cien a veinte metros la protección de las costas. Además, se legalizan diez mil viviendas y el terreno en el que éstas se asientan pasa ser propiedad privada de los infractores.

, Madrid
16/04/13 · 17:34
Edición impresa
La nueva Ley de Costas podría amnistiar el hotel de El Algarrobico. / Álvaro Minguito

El pasado 10 de abril las enmiendas a la reforma de la Ley de Costas entraban en el Senado con la polémica de la mano. El Grupo Popular, siguiendo los dictámenes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambi­ente, añadía una propuesta encaminada a reducir la franja de protección de la costa de cien a veinte metros. Se propone así que aquellas construcciones anteriores a 1988 situadas en ese tramo puedan legalizarse, un mecanismo que la anterior ley preveía como excepción sólo para aquellas edificaciones situadas en suelo urbano. Para el Gobierno se trata de “parar la fotografía en 1988”. Para Greenpeace, de “posibilitar a los ayuntamientos que legalicen sus barbaridades”.

Diez mil construcciones

“Es una locura. Se calcula que hay más de 10.000 equipaciones ilegales. Y ahora, se deja en manos de los ayuntamientos que soliciten su legalización. La Ley de Costas es una amnistía generalizada a todos los desmanes de la especulación urbanística que ha habido en nuestro país, en el que se ha construido en el litoral una superficie igual a ocho campos de golf al día”, señala a Diagonal Pilar Marcos, portavoz de la campaña de Costas de Greenpeace.

Los ayuntamientos podrán empezar los trámites de validación de las construcciones en un plazo de tres meses desde que se apruebe la ley y éstas deberán cumplir una serie de requisitos tales como contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica o bien estar comprendidas en áreas consolidadas por la edificación, “al menos en un tercio de su superficie”.

Cuando la polémica enmienda se hizo pública, la ONG alzó la voz para informar de los nuevos cambios que pretendían introducirse bajo cuerda, motivo por el cual el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, salía en rueda de prensa para intentar dejar claro que la reducción de la protección de cien a veinte metros se aplicará sólo a construcciones anteriores a 1988 que no pudieron regularizarse con la Ley de Costas vigente y que no “abrían la mano” a futuras edificaciones.

Más ladrillo al pie del mar

“Esta modificación, a priori no destinada a impulsar nuevos desarrollos, se añade para evitar que se dañe la imagen de España en el exterior, según ha reconocido el propio Gobierno”, explica Jaime del Val, portavoz de la asociación Salve­mos Mojácar, buque insignia de la lucha para conseguir el derribo del famoso hotel El Algarrobico. “Se pretende relanzar la burbuja inmobiliaria. Si se genera una imagen de que aquí puedes construir y luego te lo derrumban estás creando inseguridad jurídica para el inversor extranjero”, sentencia Del Val, quien critica que esta enmienda es una pieza en el puzle más amplio que busca reavivar la especulación urbanística, algo que debería llevar a una “movilización ciudadana masiva pues ha sido una de las causas de la actual crisis”, pide Del Val.

Además de legalizar construcciones previas a 1988, la reforma prevé alargar las concesiones de equipaciones que se encuentran en dominio público 75 años más. Después de que la nueva ley se aprobara en el Consejo de Minis­tros en octubre de 2012, el titular de Agricultura, Alimen­tación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificaba la reforma “por la imagen de España que se generaría” al efectuar “demoliciones masivas de viviendas” a partir del año 2018, que es cuando expiraban las concesiones.

Por otro lado, la nueva legislación prevé la amnistía de diez poblaciones, que permanecerán exentas de cumplir la ley “sin ninguna argumentación técnica”, tal y como denuncia Ecologistas en Acción. Los núcleos urbanos son Serra Grossa y Santa Pola en Alicante, Empuriabrava y Playa de Aro de Girona; la ría Punta Umbría, Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina en Huelva; Pedregalejo y El Palo en Málaga; y Oliva en Valencia. Mediante las enmiendas, el PP incluía a dos más, Moaña, en Pontevedra y Xilxes, en Castellón, mientras CiU aprovechaba para pedir la amnistía de la costa de Sitges.

“Están creando ciudadanos de segunda y de primera categoría, fuera o dentro de la Ley de Costas”, indica Marcos y añade que “la isla de Formentera o ecosistemas tan importantes como las salinas también perderán regulación”. Y, ¿por qué esta arbitrariedad? “Es fácil, se está utilizando el criterio de los amigos que han tenido acceso al borrador de la ley para diseñarla”, dice la portavoz de Greenpeace.

Amnistía para algunos

“Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”. Son palabras de Abel Matutes, exministro de Exteriores del PP, dueño del Gru­po Matutes, publicadas en El País, en referencia a la reforma de la Ley de Costas. Su empresa es dueña de varios complejos turísticos y ahora reclama una ley para comenzar “de inmediato” un “plan de excelencia” en la Platja d‘en Bossa (Ibiza), que compara con Eurovegas, y que incluye cinco hoteles, un gran centro comercial de 55.800 metros cuadrados y un campo de golf de 3,5 km en el área periférica de protección del Parque Natural de Ses Salines.

Greenpeace denuncia en su informe Amnistía a la construcción que Matutes, actual presidente de la Mesa de Turismo y vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, será uno de los beneficiados de la nueva Ley de Costas. Según el informe, el Grupo Matutes es dueño de la empresa de acuicultura Cupimar, que posee la concesión de 25 salinas en la bahía de Cádiz. “Estas salinas pasarían a ser de su propiedad tras la aprobación de la ley”, advierte Greenpeace.

El dominio público para quien lo roba

Uno de los grandes beneficiados de la reforma de la Ley de Costas es el popular Abel Matutes. Además, Gabriel Cañellas, expresidente balear y presidente de Salinera Española S.A. también va obtener grandes réditos. La nueva norma amnistía a la isla de Formentera “debido a su especial configuración geológica”. La empresa de Cañellas posee “muchas propiedades en Formentera que hasta la reforma se encontraban en dominio público y ahora se excluyen como terreno público, con una disposición adicional a la carta”, denuncia un informe de la organización ambiental. En definitiva, “si algo define la reforma de la Ley de Costas es el oscurantismo con que se ha realizado”, dice del Jaime del Val, portavoz de Salvemos Mojácar y lamenta que las costas “van a seguir alimentando los intereses corruptos”.

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0