El 27 de noviembre, el Diario de Jaén
anunciaba que la policía iba a peinar
la ciudad en busca de extranjeros sin
papeles. La noticia señalaba: “Los
policías pedirán ‘papeles’ a los inmigrantes,
sobre todo a los norteafricanos
y a los subsaharianos (sic.). Si no
pueden aportar la documentación requerida,
se les aplicará la Ley de
Extranjería, es decir, serán detenidos
y puestos a disposición del juez”.
Por primera vez desde hace tres lustros,
la campaña de la oliva tiene superávit
de temporeros.

La crisis y el pinchazo del sector
inmobiliario ha llevado a la agricultura
a miles de trabajadores del
régimen general. Como consecuencia,
se incrementa la represión policial
contra trabajadores sin papeles
y pendientes de los permisos de residencia.
Según denuncia el Grupo
de Acción Social de Andalucía
(GAS), en octubre “miembros incontrolados”
de la Guardia Civil atacaron
un campamento de inmigrantes
en Almería. Spitou Mendy, del
Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT), considera que es necesario
que los inmigrantes protesten ante la
pérdida de permisos de trabajo. Por
ello, la Red Estatal por los Derechos
de los Inmigrantes (REDI) junto a este
sindicato andaluz, CGT y otras organizaciones
han convocado para el
18 de diciembre una jornada estatal
por los derechos de los inmigrantes.

Andrés Bódalo, secretario del SAT
de Jaén considera que los principales
afectados van a ser los temporeros
establecidos en Andalucía desde
hace años: “La gente que se ha dedicado
al invernadero en Almería, en
Jaén a la aceituna, en Huelva a la fresa,
en Sevilla a la naranja, etc. se están
viendo con la soga al cuello. No
entienden cómo de golpe y porrazo
sea imposible que encuentren un
puesto de trabajo y que tengan que
pedir para comer. Es muy duro lo
que se están encontrando, y nadie, ni
Gobierno ni la Junta, hace mención
ni se preocupan por ellos”. Bódalo
denuncia que los empresarios de los
invernaderos están aprovechando la
situación desesperada de miles de
emigrantes y sin papeles que viven
una situación desesperada por el tema
de los permisos de residencia.

Arraigo y origen

Explica Spitou que en las carreteras
de Almería puede verse a emigrantes
que ofrecen sus brazos: “dos
hombres por 30 euros” en jornadas
que duran hasta nueve horas. “Se esclavizan
a sí mismos”, resume Spitou.
Por su parte, Diana Armijos, presidenta
de la asociación América
Mestiza, de Sevilla, narra el caso de
trabajadores que fueron a recoger
naranjas: “el primer día les pagaban
a 40 céntimos el kilo, al día siguiente
bajaban a 30. La situación es doblemente
grave, porque no hay alternativa.
Los inmigrantes hemos tenido
que aceptar trabajos con horarios de
esclavos, con salarios bajísimos”.
El enfrentamiento entre sin papeles
y documentados, y entre éstos y
autóctonos preocupa a Begoña Sánchez,
portavoz de SOS Racismo.

Sánchez cree que las autoridades
han tratado de vincular crisis e inmigración.
En este sentido, considera
que el ‘plan de retorno’ del ministro
de Trabajo Celestino Corbacho (al
que se estima que se van a acoger
10.000 personas al año) lanzaba a la
opinión pública el mensaje de que si
los inmigrantes se fueran se solucionaría
la crisis, “algo que es completamente
absurdo y peligroso ya que,
en esta época, el autóctono tiene miedos
que prenden como una cerilla”.

La contratación en origen, que ha
precarizado y abaratado la mano de
obra durante la bonanza económica
(ver DIAGONAL 48) fue otro de los
objetivos del Ministerio de Trabajo
desde donde se aseguró que el Estado
apenas favorecería la contratación
de extranjeros en sus países, a
pesar de que la vicepresidenta María
Teresa Fernández de la Vega le desautorizó.
Como explica para este
periódico la abogada de Jaén Acoge,
Fátima Vaca, en el último trimestre
el Gobierno no ha presentado ninguna
oferta para contrataciones de
difícil cobertura, con lo que, en los
hechos, se está llevando a cabo la
propuesta de Corbacho. Vaca explica
que la solicitud de arraigo se topa
con dos trabas fundamentales:
por una parte, la empresa contratante
tiene que asegurar que al inmigrante
se le ofrece un compromiso
por un año, algo que en trabajos
por temporada, como muchos del
campo, es casi imposible. Por otra
parte, la Administración exige que
el trabajador extranjero resida durante
ese período en un solo municipio,
con lo cual “puede haber establecido
sus redes sociales en
Cataluña pero si viene ahora a la
aceituna, hay trabajadores sociales
que no les hacen un informe favorable
porque llevan poco tiempo, y
aún habiendo informes favorables,
la oficina de extranjeros lo deniega
porque dicen que llevan poco empadronados”.

Cuando tramita la renovación
del permiso de trabajo, el
solicitante debe estar contratado.
De no ser así, se deniega la solicitud
de residencia y se impone una diligencia
de salida para que abandone
el país en un plazo de 15 días.
Armijos explica a este periódico
que muchos compañeros suyos,
que tienen permisos de trabajo, se
hallan en una situación límite ya
que aún no han cumplido los plazos
de arraigo y se encuentran en desempleo.
No contemplan el ‘Plan
Corbacho’ como una posibilidad:
“Hemos entregado nuestra juventud.
Si volviésemos a Ecuador, donde
con 25 años ya eres viejo para el
mercado laboral, no tendríamos
ninguna garantía. Como seres humanos
hemos tardado años en quitarnos
el dolor de haber partido, en
hacer amigos, en establecernos”.