JOSE BG

Una de las herencias que
Montilla deja a su sucesor
es la quiebra del modelo
de mercado eléctrico
que no se atrevió a cambiar. La
cosa viene de cuando Josep Piqué
fue ministro de Industria y realizó
un cambio radical del sector eléctrico,
sustituyendo la planificación gubernamental
por la competencia entre
las compañías. De acuerdo con
la retórica liberal, ello redundaría en
un suministro de calidad a un coste
mucho menor. Se establecía un período
transitorio de diez años para
pasar del sistema planificado entonces
existente al nuevo liberalizado.

El grave error de Montilla ha sido
no atreverse a cambiar un modelo en
quiebra manifiesta. Y es que lo que
ocurrió en 2005 y en los primeros
meses de 2006 haría tambalear las
convicciones de los más firmes neoliberales.
Las compañías estaban
consiguiendo beneficios récord, dentro
de un régimen de competencia
que en teoría debería hacer bajar los
precios, en un momento en que el
‘déficit tarifario’ alcanzaba los 3.800
millones de euros en 2005.

Este déficit aparece porque en el
sector eléctrico subsisten actividades
liberalizadas en que los precios se fijan
por sistema de oferta y demanda,
junto a otras todavía reguladas, cuyos
precios (tarifas integrales) se establecen
administrativamente. Y se
produce cuando lo recaudado vía tarifas
no permite cubrir los costes determinados
en el mercado.

La causa última es una subida no
prevista por el Gobierno de los costes
de producción (petróleo/gas, baja
hidraulicidad o problemas técnicos
de las nucleares), amplificada
por el absurdo sistema de oferta
competitiva. Si la quiebra no se dio
es porque las compañías productoras
anticipan el dinero, que reflejan
en sus cuentas de resultados como
un préstamo a recuperar con la facturación
de los años siguientes.
Pero la prueba de que el modelo
no funcionaba la da el hecho de que
el Gobierno se limitó a aplicar un decreto
heredado del PP que impedía
que las tarifas subieran más del 2%.
Lo hicieron el 1,7% en 2005. Más el
hecho de que unas actividades del
negocio eléctrico (producción) transfieren
recursos a otras (distribución)
cuando otro de los requisitos del sistema
es clarificar los costes de las
distintas fases del negocio para obtener
transparencia.

Ante la magnitud de la crisis, Montilla
se vio obligado a actuar. Pero debido
al miedo a romper el marco que
establecía la Ley del sector eléctrico,
se limitó a suprimir el decreto de incrementos
máximos de tarifas y a
aprobar dos decretos-ley (el DL
3/2006 y el 7/2006) con cambios significativos
pero insuficientes.
Presión empresarial
En el DL 3/2006, para evitar el escándalo
de que las compañías se forraran
en tiempos de crisis, se restringía
el funcionamiento del mercado,
obligando a compañías de la misma
matriz (productora y distribuidora
de Endesa, por ejemplo) a venderse/
comprarse toda la energía posible
a un precio predeterminado
(42,35 euros por MW/h), acudiendo
al mercado sólo para comprar/vender
el resto.

Esta norma indignó a Iberdrola,
que pretexta que eso le obliga a producir
con pérdidas. Desde junio viene
desarrollando una práctica filibustera
consistente en solicitar un
precio anormalmente bajo que no
encuentra cobertura en el mercado
al tiempo que retira unidades de producción.
Como en cualquier caso hay
que atender la demanda, se adquiere
la electricidad en el mercado intradiario
a precios más altos, generando
de nuevo déficit. REE (explotador
del sistema) declaró que, si otras
compañías seguían a Iberdrola, se
vería obligado a suspender el funcionamiento
del mercado. La situación
aún persiste.

En el DL 7/2006 se propinó un severo
varapalo a las energías renovables
(eólica sobre todo) desvinculando
el precio a percibir de la tarifa
media. Esto dificulta conseguir préstamos
a los pequeños productores
(ver recuadro inferior). Al tiempo se
establece la posibilidad de suspender
la entrada de producción en la
red, lo que afecta sobre todo a las
grandes compañías como Acciona o
Iberdrola. Adicionalmente se suspendía
definitivamente el cobro de
los llamados Costes de Transición a
la Competencia (CTC). Ésta es una
polémica figura creada con la ley
eléctrica (97) bajo la hipótesis de
que muchas de las viejas instalaciones
de producción (como las nucleares)
no podrían competir con las
nuevas tecnologías más eficientes
(carbón importado y gas en ciclo
combinado). Se fijaron en 12.000
millones de euros.

Hacia la concentración

D.S.P.

El sector eléctrico (y
en general el energético)
vive en toda Europa
una situación similar
a la de un pelotón
poco antes del sprint
final en una carrera
ciclista: marcha a gran
velocidad (las cotizaciones
ya están por
las nubes) y todos
esperan quién será el
primero en derramar.
La meta: llegar en
buena posición a la
siguiente carrera que
se adivina, la de un
mercado más concentrado
al calor de las
directivas europeas de
liberalización. De
momento se da por
hecho que E.On se
quedará con Endesa,
pero está por ver el
precio final de su oferta.
Tanto si Gas Natural
persiste en su puja
por la eléctrica como
si se retira, E.On tendrá
que ofrecer por
Endesa más de lo que
ofertó en su momento.
De los 25,4 euros por
acción se podrían
incluso superar los
30. Y así ‘el mercado’,
con subidas anuales
históricas para Iberdrola,
Unión Fenosa y
las propias Endesa y
Gas Natural, espera
que la cuestión se
resuelva, porque
detrás de E.on vienen
más: cuando se concrete
la otra gran operación
europea pendiente,
la fusión de las
francesas Suez y Gaz
de France, existirán ya
demasiados peces
grandes y no tantos
peces chicos. Tras la
guerra, el mercado -es decir, los consejos
de administración, los
accionistas, y los reguladores
estatales y
europeos- volverá al
equilibrio, o mejor
dicho a la omertà.

Un golpe a las renovables

SORAYA GONZÁLEZ

El Real Decreto-Ley
7/2006 ha generado
una gran incertidumbre
en el mercado de
los pequeños y medianos
productores de
energías renovables
porque frena los
mecanismos de retribución.
Según la Ley
Eléctrica de 1997 las
instalaciones con
fuentes de energía
renovable con una
potencia igual o inferior
a 50 MW podían
acogerse al régimen
especial, lo que significaba
que recibían
unas retribuciones
(precios, primas e
incentivos). Concretamente,
los ingresos
que supone la producción
eléctrica con este
tipo de energía estaban
incluidos en la
Tarifa Media de Referencia
del Mercado
Eléctrico (que fija
anualmente el Gobierno
y que pagan los
usuarios finales) puediendo
ser retribuido
hasta un 80% de esta
tarifa. La Asociación
de Productores de
Energías Renovables
denuncia que, sin esta
retribución, se genera
una incertidumbre jurídica
y advierte de la
imposibilidad de llegar
al objetivo oficial de
que en 2010 el 12%
de la energía primaria
sea producida con
fuentes renovables.