La convocatoria de los sindicatos nacionalistas y
anarcosindicalistas se verá acompañada por el
despliegue generado por la huelga a nivel estatal.
- HUELGA DEL METAL. Manifestación del sector del metal en Vigo en julio 2009 / FOTO: Celia García
Durante el mes de febrero, el paro
creció en Galiza en 3.391 personas
(el 1,25%). Esto sitúa la actual cifra
de parados y paradas como la mayor
de toda la historia, 274.675 personas.
Aún así, la subida es 1,19
puntos inferior a la del conjunto del
Estado, que creció un 2,44%. El
51,34% de las personas desempleadas
son mujeres (141.030 por
133.645 hombres), y los jóvenes y
chicas menores de 25 años en paro
suman 23.177 (el 8,44% del total).
Con este panorama la Confederación
Intersindical Galega (CIG),
los anarcosindicalistas CNT y CGT
y la Central Unitaria de Traballadores/
as (CUT) convocaron una
huelga en Galiza para el 29 de
marzo. Era previsible que a la convocatoria
terminaran uniéndose
las dos grandes plataformas estatales
CC OO y UGT, como finalmente
anunciaron el 9 de marzo.
Ya el 27 de enero de 2011 la CIG,
acompañada de CGT, CNT y CUT,
llevaron a cabo una huelga sin contar
con CC OO y UGT. En aquella
ocasión, los paros tuvieron especial
incidencia en determinados sectores
industriales, el transporte público,
en los puertos y los astilleros de
Vigo. Según datos de previsión facilitados
por la CIG, el seguimiento
de la huelga se prevé en niveles superiores
a la del 27E, ya que tanto el
sector público, como los grandes
sectores con presencia en el país
han venido movilizándose contra
los recortes y la reforma laboral con
grandes éxitos de participación.
Las previsiones por territorios indican
que en ciudades como A
Coruña, Vigo, Ferrol o Compostela
el paro puede ser absoluto en sectores
como las administraciones
públicas, la industria, encabezados
por el metal, o la construcción.
Como en otras ocasiones, la previsión
es que en Lugo y Ourense el
seguimiento sea más discreto.
La reforma ya se aplica
La sanidad es otro de los grandes
sectores en los que se prevé un seguimiento
absoluto, ya que se ha
venido movilizando contra los recortes
que han afectado al Servizo
Galego de Saúde (Sergas) durante
los últimos meses. En este caso, la
implantación de los servicios mínimos
es lo que puede provocar un
baile de cifras.
La nueva reforma laboral ya ha
comenzado a aplicarse en diferentes
empresas de peso en Galiza como
Povisa, centro sanitario privado
de Vigo, donde se redujeron jornadas
de personal. Audasa, que gestiona
las autopistas gallegas, se
acogió a la nueva reforma mediante
la inclusión de la movilidad geográfica
de parte de su plantilla. Otra
empresa que se ha acogido al Real
Decreto aprobado por el Gobierno
es Sykes, plataforma internacional
de telemarketing, con presencia en
A Coruña, que ha planteado un
ERE de extinción para 84 personas
con contrato indefinido. En el caso
de la plantilla de Sykes, la mayoría
de las despedidas son mujeres, como
las empleadas de la empresa de
limpieza de los edificios de
Movistar en la provincia de A
Coruña, a las que la empresa aplicará
una reducción de jornada alegando
que han reducido personal
de las oficinas. Éstos son sólo algunos
ejemplos de grandes empresas
asentadas en Galiza, pero podemos
encontrar otros muchos entre las
pymes gallegas que se han acogido
a la reforma.
La huelga de las precarias
¿Qué ocurre en Galiza con las personas
que no se encuentran insertas
en el mercado laboral de primera?
Desde colectivos como el Grupo de
Axitación Social de Vigo (GAS) y la
Oficina de Derechos Sociais de Coia
han puesto en marcha una campaña
para que se sumen a la huelga las
personas sin derechos. En ella analizan
datos como que en Galiza hay
mas de 24.000 hogares sin ingresos.
El recurso al que se deberían acoger
estas familias y el resto de personas
y hogares que no alcanzan unos ingresos
mínimos para su supervivencia
es la Renta de Inserción Social de
Galiza (RISGA), que ha endurecido
sus criterios de concesión. De este
modo, durante el 2012 no se ha tramitado
ningún alta nueva. El presupuesto
con el que cuenta la Xunta
para esta renta es de 25,2 millones
de euros, mucho menos que los 38
millones que se destinan en Asturias
y a años luz de los 280 millones de
euros que Euskadi destina a esta
prestación. A esto se suma la eliminación
de las ayudas de integración
a menores en 2011, la paralización
de la aplicación de la Ley de
Dependencia, el aumento de las tarifas
de las guarderías de un 20% y la
eliminación o recortes en los programas
de atención a colectivos en riesgo
de exclusión, materializados en,
por ejemplo, el cierre del Centro
Público de Menores de Montealegre
o la Casa del Comité Cidadán Anti-
Sida de Ourense.
GAS Vigo, junto a la ODS de
Coia, el 15M y la Cova dos Ratos articularán
un bloque autónomo en
las movilizaciones de Vigo que, por
encima de rectificaciones en el mercado
de trabajo, exija derechos sociales.
Este objetivo también ha dado
lugar a la creación en A Coruña
de la Rede Robin Hood. Del éxito
de participación en este bloque crítico
dependerá la posibilidad de establecer
redes de movimientos a nivel
del país alrededor de estos ejes
de trabajo, aún en fase de inicio.
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