MARÍA DEL CARMEN VERDÚ, DE LA COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL (CORREPI)
Argentina: “La política de derechos humanos ha creado una imagen inmune a la crítica”

Tras el asesinato del
militante Mariano
Ferreyra, DIAGONAL
habla con Carmen Verdú,
de Correpi, que
representa a dos de los
heridos en esta causa.

30/11/10 · 6:40
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¿En qué pensaba Néstor Kirchner
antes de morir? Jorge Altamira, histórico
líder del troskista Partido
Obrero, y Joaquín Morales Solá,
analista del diario conservador La
Nación
, curiosamente coinciden en
sus especulaciones sobre la muerte
de Mariano Ferreyra.
Este joven militante
del Partido Obrero había sido
asesinado una semana antes
cuando apoyaba una protesta de los
trabajadores precarios del ferrocarril.
Su muerte a manos de un sicario
contratado por la Unión
Ferroviaria, un gremio de la CGT
vinculada al Gobierno, había despertado
una ola de solidaridad entre
los movimientos de base. El escándalo
amenazaba con avanzar
hacia los responsables políticos al
tiempo que aireaba una práctica
convertida en habitual. María del
Carmen Verdú, abogada de la
Coordinadora Contra la Represión
Policial e Institucional (Correpi),
hace un balance sobre este caso y la
situación de los derechos humanos
en Argentina.

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Foto: Olmo Calvo

DIAGONAL: Ferreyra fue asesinado
por un integrante de una patota
sindical (grupo violento ligado a la
burocracia de los sindicatos).
¿Cómo funciona este entramado?

Mª DEL CARMEN VERDÚ: Así como
se terceriza –subcontrata– la
producción para incrementar ganancia,
nosotros hablamos de “tercerización
de la represión”. El
Estado utiliza estos mecanismos para
lavarse las manos. Ya en 2004,
cuando los Kirchner viajaron a
Tucumán para un acto público, los
desocupados de la zona se habían
organizado para manifestarse contra
el Gobierno. Quienes los reventaron
a golpes fueron los grupos de
militantes de Barrios de Pie, que
eran también una organización de
desocupados, en ese momento
guardia del kirchnerismo. Ejemplos
como ése hay a patadas. No puede
sorprender que, frente a la movilización
de los trabajadores ferroviarios
tercerizados, lo que impida que
corten la vía sea una patota organizada
desde la Unión Ferroviaria y la
empresa con reclutamiento de sicarios
y con vínculos con la Policía.

En todo momento la Policía escolta
a la patota
y, cuando los patrulleros
han quedado justo en el medio entre
el grupo de movilizados y la patota,
se abren y la dejan pasar.
Cuando la patota ha regresado se
cierran para garantizarles la huida.

D.: ¿Se trata de un caso aislado?

M. C. V.: En el periodo kirchnerista,
con Ferreyra son ya siete los asesinados
en movilizaciones.
El primero
fue en 2003 en Jujuy, en una movilización
espontánea de un pueblo
de diez mil habitantes, donde se
movilizaron 3.000 frente a la comisaría
por la muerte tras tortura de
un detenido común la noche anterior.
Al reprimir esa movilización
fusilan a Luis Cuéllar, un chico de
19 años. En 2007, Carlos Fuentealba
fue asesinado con un disparo en
la nuca en una movilización de los
docentes en Neuquén. En 2008,
Juan Carlos Erazo, trabajador del
ajo, murió como consecuencia de
una paliza que recibió por la Policía
durante un piquete organizado porque
no se les pagaba su salario. En
2010 hubo tres muertes de personas
que se manifestaban contra hechos
previos de gatillo fácil: Vargas,
Cárdenas y Carrasco. Y finalmente,
ya en una represión directa contra
una movilización por reclamos laborales,
murió Mariano Ferreyra.

D.: Desde el exterior se percibe el
Gobierno de los Kirchner como el
de los derechos humanos.

M. C. V.: La llamada “política de derechos
humanos” le ha permitido
crear una imagen inmune a cualquier
crítica que tenga que ver con
cuestiones represivas. ¿Quién puede
llamar represor a un Gobierno
que habla permanentemente de la
defensa de los derechos humanos,
que reivindica las luchas de los ‘70
o asume el rol de querellante en las
causas de las dictaduras? Esos hechos
concretos consiguen avances,
pero no tienen incidencia en la realidad
represiva de todos los días.

Aparte, esa imagen ha servido para
dividir los movimientos de derechos
humanos existentes antes de 2003
,
porque muchos optaron por subirse
al protoplasma del partido del
Gobierno.

D.: ¿Cuál es la visión que contrapone
Correpi?

M. C. V.: Hay un promedio de un
muerto al día por gatillo fácil o por
tortura en cárceles, comisarías o
institutos de menores.
Hay más
de 6.000 militantes o personas relacionadas
con situaciones de
protesta social que están bajo
procesos penales.
Tenemos un incremento
permanente de leyes
más represivas, exclusivamente
en lo referente a la criminalización
de la pobreza, desde luego no
para los policías que cometen delitos.

Más del 66% de las personas
que están en prisión técnicamente
son inocentes, gozan de la presunción
de no culpabilidad porque están
procesadas, no condenadas.
Como cualquier proceso dura cinco
años, de cada diez personas
que vayan a ser juzgadas, a seis,
aunque se les condene, va a ser
por penas menores de lo que ya
cumplieron en pena preventiva.

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Foto: Olmo Calvo
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