Foto: Juan Carlos Rojas.

Aunque el horizonte de las elecciones
del 20 de noviembre está
ya en la mente de toda la clase política,
la legislatura no está acabada.
Las turbulencias financieras
del verano han lanzado al PSOE
en brazos del PP para pactar una
reforma constitucional que pretende
poner freno a la crisis de
deuda que a principios de agosto
llegó a situar la prima de riesgo
española por encima de los 400
puntos básicos.

El mes de agosto solía ser sinónimo
de vacaciones y pocas y pobres noticias
en las redacciones periodísticas,
lo que hacía que el propio calor fuera
protagonista de la apertura de los telediarios.
Pero, desde hace unos
años, es también el mes del pánico
económico. El mes de agosto de este
2011 empezó con Italia y España al
borde del abismo.

Su prima de riesgo se disparó por
encima de los 400 puntos básicos, el
límite no escrito tras el que llega el
desastre. O, como en Grecia, Portugal
e Irlanda, el rescate. La deuda a
diez años de ambos países rondaban
el 6,5% frente al 2,5% de los bonos
alemanes, que son los que se toman
de referencia en estos casos. Cuatro
puntos porcentuales (400 puntos
básicos) que expresaban la desconfianza
de los inversores. Un nuevo
ataque de los mercados al euro.

Entretanto, las vacaciones en
Doñana del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, se habían
hecho intermitentes: retraso en
la salida, regreso urgente a Madrid,
llamadas telefónicas con la Casa
Blanca... Muestras de actividad para
tratar de recuperar la calma.
Quien lo logró fue el Banco
Central Europeo (BCE) con la compra
masiva de bonos, lo que permitió
que la prima de riesgo volviese a niveles
razonables. Lo hizo en silencio,
aunque el comportamiento de los bonos
señalaba a las claras que el organismo
que aún dirige Jean-Claude
Trichet estaba detrás de las operaciones:
una semana después se cifró
en 22.000 millones de euros las operaciones
de compra de deuda española
e italiana durante la crisis. En la
siguiente semana fueron otros
14.000 millones.

Todos estos precedentes son los
que explican la iniciativa del presidente
Zapatero, a tres meses de las
elecciones, de modificar la Constitución
para incluir el objetivo de estabilidad
presupuestaria. La nueva redacción,
pactada con el PP, indica
que las administraciones públicas
“no podrán incurrir en un déficit estructural
que supere los márgenes
establecidos, en su caso, por la UE”.
La soberanía nacional, la misma
que la Constitución hace recaer sobre
el pueblo español, queda en cuestión,
pero Zapatero paga el peaje por
la intervención del BCE de este agosto.
El presidente no ha querido responder
a las preguntas del PP sobre
si la reforma constitucional es, como
todo parece indicar, una exigencia
del BCE que, al igual que el eje franco-
alemán, lo venía reclamando.

Un referéndum improbable

Ha pasado más de un año desde que
Zapatero anunció en el Congreso su
rendición ante las presiones: “Tomaré
las decisiones que España necesita
aunque sean difíciles. Voy a seguir
ese camino cueste lo que cueste y me
cueste lo que me cueste”, dijo en julio
de 2010. Ese mismo espíritu se
manifiesta en su propuesta de reforma
constitucional, que supone un
blindaje de las políticas de déficit bajo
que practica la UE y que el propio
PSOE rechazaba hasta hace poco.

En esa sacrificada determinación,
el presidente tampoco se ha parado
a considerar los riesgos políticos de
un acuerdo de este calado con el PP,
a tres meses de las elecciones.
Mientras en las calles se lleva meses
clamando contra la pinza PP-PSOE,
se considera a ambos partidos garantes
del poder financiero en detrimento
de la ciudadanía y se denuncia la
falta de representatividad política de
un sistema que premia el bipartidismo,
el presidente da un paso que da
más razones a todos estos argumentos,
negando incluso el referéndum
que muchas voces piden para la reforma
constitucional.

Tampoco parece importar que
al candidato socialista a las elecciones
del 20N, Alfredo Pérez
Rubalcaba, le haya pillado con el
paso cambiado. Hace un año se
burló de la fijación por vía constitucional
del déficit. El día del
anuncio sólo pudo responder que
Zapatero le convenció cuando le
dijo que Rajoy estaba de acuerdo.
Sólo con el paso de los días logró
pulir su discurso: “¿Quién ha dicho
que endeudarse es de izquierdas?
Lo que es de izquierdas es endeudarse,
pudiendo pagar, para
cosas que tienen que ver con el interés
general”. Salía así al paso de
las quejas manifestadas por la izquierda
política y sindical y lograba
un giro argumental que recuerda
a aquella frase de Zapatero en
el año 2000: “Bajar impuestos es
de izquierdas”.

Y, mientras tanto, el PP deja que
Zapatero se vaya ahorcando en su
determinación. Su mensaje se sigue
centrado en las críticas al PSOE y
un silencio prudente sobre las políticas
que aplicará en caso de que,
como se prevé, gane las elecciones
del 20 de noviembre. Su toma de posición
se aplaza a la presentación
del programa electoral o, en su
defecto, a la inminente publicación
de las memorias de su líder Mariano
Rajoy, En confianza.