Foto: Eduardo Soteras / RUIDO Photo.

Cuando uno le pregunta a Julia, una
ecuatoriana indocumentada de 43
años, por qué quiere una reforma migratoria,
ella se agarra durante horas
al poder perdido de la palabra. Llegó
a Estados Unidos hace 14 años para
huir de un marido abusador, pagó
con jornadas de 12 horas una fortuna
en ‘coyotes’ para que sus hijos
también pudieran cruzar ilegalmente
la frontera de México (el mayor
tuvo que hacerlo nueve veces y ahora
está en la cárcel en espera de ser
deportado), perdió 20.000 dólares en
timos de abogados y documentos falsos
y apenas tiene con qué sustentar
a un bebé de siete meses que sonríe
desde un carricoche azul marino.

“¿Y ahorita, en quién se puede
confiar?”, se lamenta. “Que Obama
nos dé la oportunidad, la legalización,
para poder trabajar sin miedo”.

Julia se unió a las hordas de manifestantes
alrededor del país el pasado
1 de mayo para condenar la
legislación extremista del Estado
de Arizona [ver recuadro] y pedir
una reforma migratoria hasta ahora
esquiva. Una reforma que les deje
trabajar “fuera de las sombras”,
protegidos y con documentos legales;
que les deje pasear por la calle
sin miedo a la ‘migra’.

En un país con doce millones de
indocumentados, una frontera sur
porosa y una paradójica avidez de
mano de obra barata, el ‘fenómeno
Arizona’ ha sido sólo la gota que ha
colmado el vaso.

“Los republicanos, tanto como los
demócratas, ahora han admitido que
el sistema está roto”, afirma Laura
Vázquez, del Concilio Nacional de
La Raza, la mayor organización hispanoamericana
que lucha por los derechos
civiles de los latinos. Norman
Eng, portavoz de la Coalición de
Inmigrantes de Nueva York, añade:
“Arizona ha vuelto a poner el debate
en el fogón frontal y muestra que éste
es un problema que está pidiendo
a gritos una solución”.

La ley de Arizona dará lugar a discriminación
racial, abuso de poder
policial e incremento de las deportaciones,
según defensores de los inmigrantes.
Pero los abusos pueden
rastrearse meses, años y décadas
atrás, a escala estatal y nacional.
Kwesi Okyere es un inmigrante de
Ghana que fue encerrado en un centro
de detención federal en Nueva
Jersey durante siete meses tras llegar
a EE UU con asilo político. Acaba de
ser liberado sin explicaciones. Ravi
Ragbir, un inmigrante legal de
Trinidad y Tobago que llevaba viviendo
20 años en EE UU, fue detenido
por un fraude falso y puesto en proceso
de deportación. Perdió a su familia
y cinco años de su vida peleando
su caso. Juan Notario, de México,
dice encontrarse con que le pagan
menos de lo acordado porque no tiene
papeles. “Aquí hay personas muy
vulnerables, muchas personas han
sido explotadas”, afirma Vázquez.

“Cuando tienes un sistema de inmigración
que no funciona, los síntomas
son muchísimos”, declara
Katherine Vargas, del Foro Nacional
de Inmigración. Con el detonante
SB1070 (la ley de Arizona), nunca
una reforma ha sido más urgente.
Pero, ¿será ahora posible?

El May Day de 2010 y el presente
intento de reforma se asemejan a los
de hace cuatro años, cuando el país
bullía en urgencias de cambio y la
comunidad protestaba en las calles
contra una ley de 2005 que criminalizaba
a los indocumentados. La reforma
se quedó a las puertas. No ha
habido manera de revisar el sistema
desde la amnistía de Reagan en
1986. Pero en comparación con
2006, ahora el voto latino pesa mucho
más y el movimiento inmigrante
está mucho más organizado.

K. Vargas apunta al éxito de la
campaña nacional Reform Immigration
for America, que lleva
meses movilizando a inmigrantes
sirviéndose de nuevas tecnologías
como Twitter. Matt Barreto, profesor
de ciencia política en la
Universidad de Washington, y uno
de los creadores del blog de análisis
político Latino Decisions, también
señala que el voto latino ha cobrado
mucha más importancia desde
2006: “Los votantes latinos, que son
electores muy, muy importantes en
muchos Estados, están muy disgustados
con ambos partidos, republicano
y demócrata, y alguna salida
tendrá que ser debatida”.

LA LEY MÁS DURA EN LA HISTORIA DE EE UU

QUÉ ES

Una ley estatal que fue firmada por la gobernadora de Arizona Jan
Brewer en abril de 2010. Convierte en delito estatal el no portar en
el momento de la detención documentos que prueben que se está
en EE UU de un modo legal.

QUÉ PODERES OTORGA A LA POLICÍA

Requiere a los oficiales de policía local y estatal que soliciten documentos
específicos de inmigración y otorga potestad para proceder
a a la detención de cualquier persona de la que se tenga “razonable
sospecha” de estar en el país ilegalmente.

IMPLICACIONES

Discriminación racial. Creación de un estado policial. Uso de recursos
policiales para detenciones de inmigrantes indocumentados no
violentos e inofensivos, en vez de destinar los recursos a detener a
criminales peligrosos.

EFECTO CONTAGIO

Al menos en otros diez Estados hay oficiales que, con Arizona como
modelo, están dando forma a sus propias legislaciones conservadoras
en materia migratoria. Esto, indica el New York Times, está
sucediendo incluso en estados como Ohio, Missouri, Maryland y
Nebraska, ninguno de los cuales cuenta con grandes cantidades de
inmigrantes indocumentados en comparación a otros Estados.