ANÁLISIS // FRENO A LA DISCRIMINACIÓN LEGAL DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR
La OIT acelera los cambios en la normativa española

La autora, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco, explica los cambios en la normativa del trabajo doméstico a nivel internacional.

, Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco
15/07/11 · 8:00

El pacto de CC OO y UGT
con el gobierno español
para la integración de las
trabajadoras de hogar en
el Régimen General de la
Seguridad Social formará parte de
la Ley de Reforma de las Pensiones
y servirá de contrapeso a otros
acuerdos que suponen un recorte
de derechos sociales para el conjunto
de la ciudadanía. Según los
planes, la reforma entrará en vigor
el 1 de enero de 2012, no será de
plena aplicación hasta el mes de julio,
y a partir de entonces sus mejoras
se implantarán gradualmente.
La plena equiparación no llegará
hasta el año 2019. Además, el
Gobierno se compromete a reformar
el régimen laboral del empleo
de hogar también con efectos a 1
de enero de 2012. Las reformas se
realizan bajo la presión del
Convenio y la Recomendación sobre
empleo doméstico aprobados
en la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) el pasado 16 de
junio, cuyos estándares de derechos
están muy por encima de los
de la legislación española.

La discriminación legal de las
empleadas de hogar en el Estado
español ha tenido perfecto acomodo
en las normas de la Unión
Europea. La UE define el objetivo
de la igualdad de mujeres y hombres
como una de sus señas de
identidad y habla de lucha contra la
economía sumergida, pero deja el
empleo doméstico fuera de directivas
como la que obliga al empresario
a comunicar por escrito las condiciones
del contrato, la de ordenación
del tiempo de trabajo, o la de
salud laboral. También lo excluye
de las encuestas que permitirían conocer
realidades como el coste laboral,
el tiempo de trabajo y la estructura
salarial.

Ahora, cumplir el Convenio y la
Recomendación de la OIT exige
muchos cambios, como la existencia
de un contrato escrito en el que
se detallen horario, tareas, fórmula
de pago de las horas extras; la
expresión detallada de los descuentos,
que tienen que aceptarse
por la trabajadora y ser acordes a
lo que recibe; la nómina, pago de
todas las horas a disposición del
empleador (con lo que desaparece
el tiempo de presencia no retribuido);
salario mínimo igual que el del
resto, es decir, catorce pagas y no
trece, como ahora; medidas de salud
laboral, que evitarían accidentes
y obligarían a registrar los que
suceden; recopilación de los datos
de situación del sector, que exigiría
incluirlas en las estadísticas del
trabajo de las que hoy están ausentes.
El Convenio impone también
más inspección del trabajo y control
de los abusos de las agencias
privadas de colocación. El proyecto
que llegó a la Conferencia preveía
la divulgación de las agencias
infractoras, mecanismo que hubiese
dificultado que una misma
agencia, o unos mismos gestores
bajo otro nombre, continuasen violando
derechos laborales. Al final,
la medida se retiró en aras del consenso
necesario en un órgano tripartito
como la OIT.

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María Calzadilla

Costes y beneficios

La situación actual de falta de derechos
no es ni casual ni producto
del olvido del sector, sino un
cálculo de coste y beneficios.
Cuando en 2007 el Ministerio de
Trabajo dio a conocer un proyecto
de reforma que mejoraba las
condiciones del empleo de hogar,
en la CEOE se encendieron luces
de alarma y exigió públicamente
al Gobierno prudencia, no fuera
a realizar cambios que obligasen
a muchas mujeres que trabajan
fuera a regresar al hogar por no
poder delegar “sus” tareas domésticas.
En la misma línea, podrían
haber recordado que si la
hora de servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia
cuesta cuatro o cinco veces
más que la de una trabajadora de
hogar, mantener su situación de
discriminación es imprescindible
para que las cuentas cuadren.

Años de leyes y planes para la
igualdad de mujeres y hombres no
han servido para encarar la reorganización
de los cuidados en toda su
extensión, que es una de las condiciones
para construir la igualdad.
Repensar los criterios de calidad de
vida, gasto social en servicios, organización
del empleo y también
de los espacios que habitamos, etc.,
no resulta urgente cuando el acceso
al servicio doméstico privado está
al alcance de una parte importante
de la población por su bajo
costo. Gran parte del trabajo de cuidado
en régimen interno está en la
economía sumergida y lo hacen
mujeres que pagan el peaje que exige
la Ley de Extranjería: internas
durante tres años con salarios que
rondan los 900 euros y a veces menos
por una jornada promedio de
14 horas, sin derecho a salir de la
vivienda si no es para tareas del trabajo,
y descanso semanal que no
llega al día y medio. Cumplidos los
tres años, el procedimiento para la
regularización exige la colaboración
del empleador, que a veces se
niega a cumplir su parte y despide
a la trabajadora o la obliga a aceptar
condiciones ilegales a cambio
de formalizar el contrato y el alta
en la Seguridad Social.

Al día siguiente de aprobarse los
textos de la OIT, cien organizaciones
muy diferentes entre sí (trabajadoras
de hogar, inmigrantes, religiosas,
feministas, ONG…) firmaron un
manifiesto reclamando su rápida
aplicación en el Estado español. La
seguridad social para el trabajo de
hogar se anunció en 1944 y se llevó
a la práctica en 1969; la regulación
laboral estaba prevista desde 1976 y
se llevó a cabo en 1985. En diciembre
de 2010 se reconoció el accidente
de trabajo en el empleo de hogar,
pero no es efectivo porque todavía
no se ha hecho el reglamento. La
equiparación de derechos no tiene
porqué seguir esperando.

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María Calzadilla
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