ANÁLISIS / LAS POLÍTICAS EUROPEAS Y EL NUEVO ESTATUTO ANDALUZ
La nobleza subsidiada

Los autores, miembros del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía (SOC), sostienen que el objetivo de la política agraria comunitaria es
subsidiar a la nobleza terrateniente y arruinar al pequeño campesino.

Texto de Javier García y José Benítez

21/12/06 · 0:00
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/Manuel Romero / flickr.com

La Junta de Andalucía publica
la identidad y cifras de
los beneficiarios de las ayudas
comunitarias de nuestra
tierra durante el año 2005. Entre
los beneficiarios encontramos duques,
banqueros, toreros, e incluso
a la Iglesia, grandes terratenientes y
opresores históricos de nuestra tierra,
que se benefician de las ayudas
comunitarias en muchos casos sin
producir nada, sólo por poseer la
tierra y sembrar aun sin recoger los
cultivos en algunos casos.

Por supuesto en este listado no se
encuentran todas, ya que es casi imposible
seguirles el rastro a las sociedades
que estas familias utilizan
para el cobro de dichos subsidios
por lo fácil y barato que les resulta
cambiar de razón social cada año.
Pero es de destacar que una sola
empresa, Complejo Agrícola,
perteneciente a los Mora Figueroa
Domech, se embolsa casi
cuatro millones de euros. El
Duque del Infantado percibe a su
nombre 1,7 millones de euros, e
incluso la Duquesa de Alba con
sólo dos de sus empresas recibe
más de 1,1 millones de euros.
Además la Iglesia católica aparece
en estos listados, con más de
200.000 euros en subvenciones.

Mientras tanto, miles de pequeños
campesinos, entre ellos algodoneros,
remolacheros, etc., son abocados
a la ruina. Aproximadamente
34.000 pequeñas explotaciones
agrícolas desaparecen cada año, incrementando
cada vez más las diferencias
en el mundo rural. Y por
supuesto, ni comparar con el vergonzoso
subsidio que cobra un jornalero,
383,28 euros/mes para el
año 2006, durante seis meses al año.

Llama la atención la polvareda
mediática interesada que se levanta
de vez en cuando a resultas de los
dineros del PER y del subsidio agrario,
mientras que se guarda el más
vergonzoso silencio sobre las cifras
multimillonarias que siguen recibiendo
los señoritos de siempre.

La política agraria comunitaria se
descubre como una gran operación
para seguir manteniendo los privilegios
de los de siempre mediante el
blindaje financiero del latifundio.
En Andalucía, el 3,9% de los propietarios
posee el 54,8% de la tierra.
Esta reminiscencia feudal coarta el
desarrollo del mundo rural y es
fuente de pobreza y subdesarrollo.

Andalucía necesita una reforma
agraria que expropie los latifundios
y entregue la tierra a los jornaleros
para su explotación colectiva. Cualquier
proyecto de reforma agraria
que no contemple la modificación
de la actual estructura de la propiedad
de la tierra no merece tal nombre.
Por eso, el artículo del actual
proyecto de estatuto de autonomía
de Andalucía es un brindis al sol, un
auténtico engañabobos que dice:

“La modernización, la planificación
y el desarrollo integral del
medio rural en el marco de una política
de reforma agraria, favorecedora
del crecimiento, el pleno empleo,
el desarrollo de las estructuras
agrarias y la corrección de los
desequilibrios territoriales, en el
marco de la política agraria comunitaria
y que impulse la competitividad
de nuestra agricultura en el
ámbito europeo e internacional”
(Art. 10.3, epígrafe 13).

Cualquier proyecto de reforma
agraria que se enmarque en la política
agraria comunitaria es una declaración
de guerra contra la agricultura
mediterránea. El artículo
no habla, pues, de una reforma
agraria, sino de la reconversión
agraria que interesa a las multinacionales
y grandes latifundistas.

Y es una pena que esto quede
así porque el art. 46 reconoce a
Andalucía “la competencia exclusiva
en materia de agricultura,
ganadería y desarrollo rural”.
Tenemos la oportunidad de cambiar
y transformar en una línea de
progreso y bienestar social el medio
rural, pero la condición para
ello es que el nuevo Estatuto de
Autonomía recoja la soberanía
alimentaria -el derecho del pueblo
andaluz a decidir su propia
política agraria y agroindustrial-
y una reforma agraria que acabe
con el latifundio, dé la tierra, el
agua y la semilla a la comunidad
que la habita y la trabaja y prohíba
el uso de transgénicos en el
campo andaluz.

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